A finales de la semana pasada un mensaje a través de la red X escrito por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, tuvo el tono de llamado de urgencia. “Se agota el tiempo”, señaló la funcionaria.
El texto hacía referencia al proyecto de ley por el cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, que está pendiente de ser aprobado por las plenarias de Cámara y Senado. Dado que faltan menos de dos meses antes de que comience el receso legislativo y el Congreso trabaja a media marcha por cuenta de la cercanía de las elecciones, hay una carrera contra el tiempo para darle luz verde a esta iniciativa considerada clave por el actual Gobierno.
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La razón es que así se completaría un ciclo de reformas jurídicas que comenzó con la adopción de los compromisos suscritos en el acuerdo con las Farc en 2016, cuyo primer punto fue el de una reforma rural integral.
De manera reciente, un par de actos legislativos fijaron un marco constitucional orientado a intervenir de manera más decidida en la estructura de la propiedad rural y el uso del suelo.
Restitución de tierras. Foto:archivo particular
Los interesados en el tema saben bien que se trata de un asunto de vieja data. Al menos desde hace 90 años han existido varios intentos, muchos de ellos frustrados, para repartir de forma más equitativa la tierra en el país.
Según datos del Instituto Agustín Codazzi, la mitad de las extensiones del campo está concentrada en el uno por ciento de los propietarios, mientras que el 80 por ciento de los dueños accede a menos del 8 por ciento del área disponible. Dos terceras partes de los predios corresponden a microfundios y minifundios, usualmente de muy baja productividad, lo cual incide en que la pobreza en el campo supera con creces la registrada en las ciudades.
Dichos factores han sido asociados con la violencia que a lo largo de décadas ha azotado al territorio nacional. Aparte de la mala repartición original, el fenómeno del narcotráfico influyó en lacras como el desplazamiento forzado, que a su vez llevó a más casos de concentración de la propiedad.
No es la única causa, pero sin duda este factor influye en que apenas una cuarta parte de la tierra apta para la agricultura acabe siendo cultivada. En contraste, la ganadería extensiva tiende a ser la norma en buena parte de los departamentos y la expresión “lotes de engorde” sugiere que para muchos dueños hay una vocación más rentística que productiva.
Tal caracterización no desconoce que existen múltiples ejemplos de cómo hacer las cosas bien, obteniendo resultados positivos para la economía. El año pasado las exportaciones de productos alimenticios y animales vivos ascendieron a 11.382 millones de dólares, según el Dane, 40 por ciento más que en 2024. Parte de ese desempeño le corresponde al café, pero otros renglones –como legumbres y frutas– mostraron una dinámica notable.
El presidente Gustavo Petro. Foto:AFP
Es por ello que los expertos insisten en que las explotaciones de carácter empresarial y las de tipo familiar no son mutuamente excluyentes. Aunque hacer generalizaciones es fácil, cada geografía tiene sus condiciones y particularidades, por lo cual es muy distinta la aproximación que se puede hacer en el sur de Bolívar a la que corresponde al Vichada, para hablar de casos concretos.
Dicho lo anterior, no hay duda de que el tema tiene numerosas ramificaciones políticas. Basta mirar la plataforma del Pacto Histórico en 2022 –y la del candidato Iván Cepeda en la actual carrera electoral– para concluir que tanto hechos como promesas y discursos tienen impacto en la opinión.
La apuesta
Desde un comienzo, el presidente Gustavo Petro prometió entregar tres millones de hectáreas a los campesinos, con lo cual se avanzaría de manera fundamental en el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz de 2016. Ante el anuncio inicial aparecieron las primeras preocupaciones por cuenta de eventuales excesos y el uso de la figura de la expropiación, pues las reglas de juego nunca han sido del todo claras.
Además, existen múltiples zonas grises. Aparte de que la mitad de los predios no cuentan con títulos en regla, está la incógnita del tratamiento de los baldíos que en principio pertenecen al Estado, pero en donde hay altos índices de ocupación.
En medio del debate, y amparado en las normas existentes, el Gobierno ha dado varios pasos en la búsqueda de su objetivo. Por ejemplo, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han sido constituidas 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), establecidas en la ley, que ocupan un área total de 643.381 hectáreas, y están ubicadas en los departamentos de Antioquia, Meta, Cauca, Cundinamarca, Córdoba, entre otros.
Iván Cepeda. Foto:Pablo Salgado / Revista BOCAS
También han sido reconocidos 93 nuevos resguardos indígenas, en tanto que 69 más fueron ampliados, al igual que 64 comunidades negras, las cuales comprenden a unas 217.000 personas en 136 municipios del país. Ese accionar fortalece los derechos territoriales de los beneficiarios, fuera de otras implicaciones en materia de recursos o relacionamiento institucional.
A lo largo de más de tres años, la política de la presente administración ha incluido la compra de tierras de común acuerdo con sus propietarios, la recuperación de predios y la asignación de aquellos que ya estaban en manos públicas. Cifras del Ministerio de Agricultura muestran que se ha gestionado la adquisición de 763.731 hectáreas hasta la fecha de corte más reciente, que han ido al Fondo Nacional de Tierras.
No hay duda de que el tema tiene numerosas ramificaciones políticas. Basta mirar la plataforma del Pacto Histórico en 2022 –y la del candidato Iván Cepeda en la actual carrera electoral– para concluir que tanto hechos como promesas y discursos tienen impacto en la opinión.
De ese total han sido entregadas 310.639 hectáreas: 57 por ciento en forma provisional y el saldo de manera definitiva, es decir, con escrituras y registros completos. También, sostiene la fuente oficial, se han reconocido y entregado títulos sobre 2,1 millones de hectáreas, de las cuales unas tres cuartas partes han ido a las comunidades étnicas. Y en desarrollo de sentencias de restitución, se han entregado 384.256 hectáreas, incluyendo 55.942 para víctimas del conflicto armado y el resto a las comunidades mencionadas.
Por cuenta de esos datos, la Casa de Nariño afirma con vehemencia que lo alcanzado es histórico, pues ningún otro gobierno había logrado nada similar. Sin embargo, no faltan los cuestionamientos respecto a la contabilización de los logros y a los procedimientos utilizados.
Aurelio Suárez, por ejemplo, presentó en una reciente columna en Semana varios casos de adquisición de predios por valores que llaman la atención. También aparecen señalamientos referentes a negociaciones con propietarios de dudosa solvencia moral y el aumento de la nómina de contratistas de la ANT.
Otro lío en potencia es el de la entrega de títulos de propiedad, como se intuye con varias de las haciendas incautadas a narcotraficantes, hoy en poder de familias campesinas. Desenredar la madeja exigirá seguimiento y años de trámites ante diferentes instancias. “Este va a ser un chicharrón enorme para el próximo Gobierno”, dice Suárez.
No obstante, donde realmente se encuentra la tensión es en los procedimientos a seguir. Ante la demora en poner en marcha la jurisdicción agraria y rural, el Ejecutivo buscó dejar en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la definición de los casos que exigieran una interpretación.
Debido a ello, en su momento la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), entre otros gremios, lanzaron alarmas frente a una eventual concentración de poder. En concreto se alertó que los ocho procesos agrarios establecidos en el decreto ley 902 de 2017 (relacionado con la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral), pasarían a ser temporalmente resueltos por la ANT, que en la práctica actuaría como juez y parte.
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Caso juzgado
Buena parte de esos temores se disiparon la semana pasada después de que la Corte Constitucional desestimó, por falta de sustento jurídico, una demanda de la ANT en contra del decreto citado. Mientras en el Capitolio no se apruebe el proyecto que está en trámite actualmente, los jueces civiles y contencioso-administrativos deben seguir resolviendo la etapa procedimental que hoy tienen a cargo, dijo el Tribunal.
En el comunicado dado a conocer, este también exhortó al Congreso a expedir la ley pendiente. Igualmente, le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adelantar todas las actuaciones preparatorias para poner en marcha el nuevo esquema de tribunales y juzgados agrarios y rurales a partir de 2027.
A pesar de la que bien podría considerarse como una derrota legal para la administración, la ministra Carvajalino destacó en conversación con este diario lo dicho por la Corte respecto a la necesidad de que la Cámara y el Senado hagan la tarea pendiente. Dado que en el momento en que el texto se discutió en comisiones pasó con relativa rapidez y que el texto de la ponencia a ser considerada es favorable, sobre el papel no debería haber problema para que la iniciativa salga adelante.
Aún así, ciertas polémicas persisten. En concreto sigue abierto el debate frente a las competencias de la ANT y de los jueces agrícolas, un asunto que no es de orden menor. Trazar el límite es clave pues si el fiel de la balanza se inclina en favor del Ejecutivo este contará con mayor margen para actuar.
No hay duda de que en la mente de muchos parlamentarios aparece el sesgo ideológico del Gobierno actual, en particular. Quienes conocen del tema dicen que el enfoque petrista le da más peso a la redistribución política de la tierra y no a reconocer, por ejemplo, los logros obtenidos en productividad por explotaciones comerciales exitosas.
Si dicha tesis se fortalece y está dotada de instrumentos legales, se abre el escenario de intervenir en predios o en zonas emblemáticas en aras de una mejor distribución de la riqueza. Ante una eventual victoria de Iván Cepeda en las urnas, la mejor barrera de contención sería la nueva instancia judicial.
Igualmente, los gremios piden claridad y equidad en la manera en que se resolverán los conflictos de tenencia de tierras, en la forma como se deben enfrentar ocupaciones ilegales, y de qué manera se puede garantizar la seguridad y el orden público en los territorios. A lo anterior se agrega el complejo punto de los baldíos y la manera de recuperarlos, si es del caso.
Unos y otros reconocen que el marco vigente está cerca de cambiar. “Nosotros queremos que el Congreso apruebe la jurisdicción agraria siempre y cuando sean los jueces los que decidan sobre todos los procesos agrarios”, dice el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. “Hacer lo contrario es echar por la borda el acuerdo de paz y las decisiones pertinentes de la Corte Constitucional”, añade el dirigente.
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Por ahora lo que está definido es el qué. La ley estatutaria, que siguió a la reforma constitucional de 2023, establece la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional; los Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, que brindarán soporte; los facilitadores agrarios y rurales que orientarán a los ciudadanos sobre el acceso a la justicia de tierras; y la selección por méritos de los funcionarios, priorizando conocimientos sobre derechos campesinos, enfoques étnicos, de género y territoriales.
También se creará la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, para asuntos entre particulares. A su vez, en el Consejo de Estado, sucedería algo similar para tramitar controversias entre particulares y la Nación.
Pero falta el cómo. Poner en marcha semejante estructura traerá desafíos presupuestales. Aun así, el esquema habrá valido la pena si se logra que la Justicia haga lo que le corresponde para corregir las inequidades y evitar los abusos. Y, sobre todo, que lo haga de manera autónoma e independiente del gobernante de turno, con la venda bien puesta en los ojos para que no le haga guiños a la izquierda ni a la derecha.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
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