El espacio público volvió a entrar en una discusión que Bogotá había postergado durante demasiado tiempo. La expedición del Decreto 117 de 2026 reabre un debate incómodo pero necesario sobre cómo ordenar la ciudad, cómo regular la presencia de vendedores ambulantes y, sobre todo, cómo hacerlo sin perder de vista que, para muchas personas, vender en el espacio público no es una elección, sino una forma de sobrevivir. No es un tema menor, ni una discusión puramente técnica. Es una decisión que toca la vida cotidiana de miles de personas y que, por lo mismo, inevitablemente abre tensiones sociales, jurídicas y
políticas.
En ese sentido, el nuevo decreto marca un giro importante. Vuelve a poner el espacio público como un asunto de gobierno y no como un problema que deba seguir administrándose con ambigüedad o evasión. Otras administraciones fueron tímidas, no necesariamente por falta de normas, sino por evitar el conflicto social y político que este tema suele desatar.
El decreto introduce varias herramientas nuevas, como los estudios de carga, las Zonas de Manejo Especial, la delimitación de áreas aptas para ventas informales, el fortalecimiento del registro en el Ipes y una ruta de recuperación del espacio público con caracterización y oferta institucional. En principio, se trata de una apuesta de gestión urbana e intervención social. Sin embargo, es justamente ahí donde aparecen varios vacíos y dilemas.
Para empezar, el decreto abre la puerta a calcular la ocupación máxima permitida en ciertas zonas y, de manera indirecta, a establecer cupos máximos para la presencia de vendedores ambulantes. Aunque el texto no lo plantea expresamente en esos términos, es una consecuencia que puede derivarse de su aplicación. Ahí el debate cambia de naturaleza. Ya no se trata solo de ordenar el espacio público, sino de decidir quién puede permanecer en él, con qué criterios, por cuánto tiempo y bajo qué reglas. Y es justamente en ese punto donde aparece una de las mayores debilidades del decreto. La norma deja abiertas preguntas fundamentales: cómo se van a asignar esos cupos, qué criterios se van a usar, cómo se evitará que los beneficios se concentren siempre en los mismos y, sobre todo, qué barreras reales existirán para impedir que esa asignación termine capturada por intereses particulares, intermediarios o mafias.
A esto se suma el frente metodológico. El decreto delega en el Dadep la elaboración de los estudios de carga y de la fórmula para definir la ocupación máxima permitida en cada zona. Esa herramienta puede ser valiosa, pero también puede convertirse en una fuente de controversia si no está respaldada por una metodología pública, robusta y verificable.
Si se diseñan con una lógica exclusivamente espacial o de eficiencia urbana, podrían empujar a vendedores hacia zonas menos rentables, con menor flujo peatonal y menores posibilidades reales de sostener ingresos. Bajo la promesa de ordenar la ciudad, podríamos terminar generando una forma de segregación económica. Por eso el éxito de esta política no debería medirse solo en metros cuadrados recuperados, sino también en cuántas personas reubicadas logran mantener ingresos estables y mejorar realmente sus condiciones de vida.
Todo esto obliga a recordar algo básico. La venta informal no es un fenómeno aislado ni un simple problema de incumplimiento normativo. Está profundamente vinculada a la precariedad laboral y la informalidad propia de las ciudades latinoamericanas. Para muchas personas, vender en el espacio público no es una elección ideal, sino la manera de sobrevivir.
A ello se suman los retos jurídicos. En Colombia los jueces no son actores marginales en la implementación de las políticas públicas, sobre todo cuando están de por medio derechos fundamentales. Por eso, una pregunta inevitable es qué ocurrirá si, en un caso concreto, un juez concluye que debe primar el derecho al trabajo sobre la medida de recuperación del espacio público. Si ese escenario se materializa, la discusión ya no será solo jurídica, sino también práctica y política, porque habría que preguntarse qué margen real le quedará al decreto para producir los efectos que promete.
El mayor mérito del Decreto 117 es haber devuelto al centro del debate una discusión que Bogotá ya no podía seguir aplazando, pero su verdadera prueba apenas comienza, porque regular el espacio público no consiste solo en expedir un decreto, sino en demostrar que la ciudad puede ordenar sin arbitrariedad y ejercer autoridad sin perder legitimidad; en adelante, el verdadero desafío será lograr que esa regulación no termine creando nuevas tensiones mientras intenta corregir una vieja deuda urbana.
ÓMAR ORÓSTEGUI
Director Govlab
Universidad de La Sabana
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