Asocapitales, que agrupa a las principales ciudades del país, elaboró una radiografía de una de las banderas del presidente Gustavo Petro, la ‘paz total’, con la cual ha levantado órdenes de captura de diferentes capos y se le ha permitidos a grupos armados ilegales, concluye el informe, una expansión territorial que los ha llevado a dominar varias regiones del país.
A tres meses de que culmine el periodo de Petro, el balance de la asociación es fuertemente crítico. Advierte que no se han presentado avances constatables en materia de paz, y que en cambio la iniciativa ha aumentado la criminalidad en el país con delitos de lesa humanidad y de alto impacto.
«La política de paz total no evidencia resultados consistentes en contener de manera verificable la expansión de los grupos armados organizados, ni la presión violenta sobre los territorios: paralelamente se observa el fortalecimiento de los grupos armados, del aumento de homicidios, extorsión y secuestros», dice el análisis.
Gustavo Petro. Foto:Presidencia.
El estudio llamado ‘La Paz Total y el aumento estructural de la violencia en Colombia (2022 – 2026)’ también incluye reproches a las gabelas que se les ha dado a 75 delincuentes con nombramientos de gestores de paz, que les ha permitido movilizarse por el país mientras sostienen diálogos y acercamientos.
Este tipo de beneficios han repercutido, subraya Asocapitales, en la gobernabilidad y seguridad de las ciudades. Muestra reciente de ello es el ataque con explosivos al batallón Pichincha en Cali, atribuido a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Ese fue el primero de más de 30 actos terroristas que marcaron uno de los fines de semana más trágicos en las últimas décadas del país, con la muerte de 20 personas en Cajibío, Cauca.
Cajibío. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
A corte de abril, el panorama no es el mejor: no hay muestras de voluntad de parte de los grupos ilegales, los procesos de paz están congelados y tampoco se ve una reducción de la conflictividad.
Para Andrés Santamaría, director de Asocapitales, «lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de ‘paz total’ no está logrando contener ni reducir la violencia. Las ciudades están asumiendo las consecuencias de un modelo que no está garantizando seguridad en el territorio».
Andrés Santamaría, director de Asocapitales. Foto:Jaiver Nieto Álvarez.
La suspensión de órdenes de captura, una de ellas la que actualmente cobija a alias Calarcá, también fue abordada en el informe de Asocapitales. Según datos de la Fiscalía recopilados por la asociación, 205 integrantes de grupos armados fueron beneficiados en el gobierno Petro con el levantamiento de sus órdenes de detención para poderse mover por el territorio. Entre los grupos que las recibieron están el ‘Estado Mayor Central’ y el ‘Estado Mayor de los Bloques y Frentes’.
Asimismo, en la radiografía aparecen los delitos de lesa humanidad que afectan a la ciudadanía en cada región, como lo son el secuestro y desplazamiento forzado. De hecho, afirman que las capitales concentran cerca del 50 por ciento de los homicidios, lesiones personales, hurtos y extorsiones que se dan en Colombia.
Los incumplimientos
El análisis de la asociación de las 32 capitales del país usó como insumo bases de datos de entidades oficiales, artículos de medios de comunicación y organizaciones como Indepaz, la FIP y Pares. A partir de allí, desglosaron cuál es el poder criminal de cada cabecilla.
El primero es Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco y enemigo número uno de Colombia. Este disidente, por el que dan hasta 5.000 millones de pesos de recompensa, creció en los últimos años pasando de 3.275 a 4.019 hombres y mujeres armadas. Con el cese del fuego expandió su poder ilegal en ocho departamentos, y estaría asociado a 237 de los 277 ataques con drones en 2025, una modalidad que cada vez más atemoriza a las comunidades.
Alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Foto:Archivo particular
Aunque las Fuerzas Militares le montaron una ‘cacería’ y han capturado a sus hermanos, en un par de operaciones realizadas no han podido dar con él.
El segundo es Alexander Díaz, alias Calarcá, un hombre que ha abusado de la zanahoria que le otorgó el Gobierno con el levantamiento de órdenes de captura. A pesar de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le solicitó al presidente Petro hace un mes que se reactiven las órdenes de detención contra el disidente por los graves crímenes cometidos, el mandatario no ha atendido su llamado. El poderío de ‘Calarcá’ pasó de 1.225 a 2.958 integrantes en sus filas.
El Eln también creció. Según la fundación Pares pasó de 2.541 a 6.450 miembros, mientras que el ‘clan del Golfo’ -otro de los que se ha sentado en mesas de paz, se convirtió en el grupo ilegal más grande del país con cerca de 10.000 hombres armados y que hacen parte de sus redes de apoyo. El ‘clan’ está presente en 296 municipios del país, y según informes su ‘nómina criminal’ mensual s de 1,5 millones de dólares.
Por último, la ‘Segunda Marquetalia’ de alias Iván Márquez, responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, aprovechó su injerencia en la frontera con Venezuela para pasar de 1.663 a 2.000 personas.
Alias Iván Márquez. Foto:Captura de video
La radiografía
El informe de Asocapitales hace una radiografía a la ‘paz total’ y toma como punto de referencia el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. Esa negociación tuvo vacíos que durante las administraciones de Iván Duque y de Gustavo Petro han sido aprovechados por otros grupos como el Eln.
Para subsanar esos vacíos, en 2022 Petro llegó al poder y promovió en el Congreso su política de paz, oficializada con la Ley 2272 de 2022, que con dificultades pasó su examen en la Corte Constitucional.
A pesar de la aprobación de la ley, para Asocapitales la realidad fue que las buenas intenciones no se tradujeron en resultados concretos: «Ningún proceso de diálogo incluyó compromisos efectivos de desmantelamiento, convirtiendo la ‘paz total’ en un instrumento que, en la práctica, otorgó beneficios jurídicos sin exigir contraprestaciones reales en materia de seguridad».
Ley de Paz Total. Foto:Mininterior
Una de las gabelas fueron los ceses al fuego que se concedieron a diferentes facciones, que sacaron provecho ampliando sus corredores para el narcotráfico y la minería ilegal.
Por otro lado, el informe incluye críticas al sometimiento de bandas que nunca llegó a buen término. Bajo una propuesta de reforma de la justicia, el Gobierno quiso incluir beneficios que despertaron polémica porque iba a calcarse el modelo de ‘Justicia y Paz’ de un máximo de ocho años de prisión.
Un resultado igual de amargo se ve en el análisis de la asociación a las cifras de graves delitos. En homicidios, el propio Ministerio de Defensa contabilizó 14.038 casos, en 2025, que lo hacen el año más violento de la última década.
En extorsión, 13.417 casos hacen que el año pasado registre cifras sin precedentes -excepto las de 2024-. «La FIP advierte que en zonas de influencia armada la extorsión no denunciada supera ampliamente los registros oficiales«, manifestó la asociación. Alarmas similares se ven al revisar los 701 secuestros y 88.100 desplazamientos forzados del año pasado.
Fuerza pública en el Catatumbo. Foto:Cortesía
Graves consecuencias
Esa expansión criminal de grupos ilegales se agrava con la baja presencia policial que acompaña a los alcaldes en su misión de proteger a la población civil. En Bogotá operan entre 206 y 210 uniformados por cada 100.000 habitantes, cuando tendrían que ser 300 si se quieren seguir estándares internacionales.
Esa reducción en la presencia institucional en las calles se ha reflejado en la inseguridad, que incluso han padecido alcaldes. Entre enero de 2024 y abril de este año, Asocapitales reportó que 11 mandatarios -entre ellos los de Bogotá, Medellín y Cali- recibieron amenazas directas o alertas de atentados, que han sido analizadas por el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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