Luego del escándalo generado por el caso de la mina de oro explotada ilegalmente conocida como la ‘La Mandinga’, ubicada en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó hasta la zona para verificar las versiones que daban cuenta sobre una posible extracción ilícita de yacimientos mineros dentro de una unidad militar.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en un comunicado, señaló que tras la verificación realizada, el alto funcionario confirmó que no existe explotación minera del ‘clan del Golfo’ dentro de las instalaciones del Batallón Rifles entre Caucasia y Cáceres, Antioquia.
“También se evidenció que sí existe extracción de oro por parte de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga, en terrenos contiguos (pero por fuera de los predios) a la unidad militar, administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas”, dijo la cartera.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez en le predio. Foto:Cortesía
Uno de los hallazgos reportados durante la inspección fue la continuidad en el uso de maquinaria amarilla dentro del área observada. Según el Ministerio, esa actividad mantiene afectaciones sobre el ecosistema, motivo por el cual ya se adelantan coordinaciones con las autoridades competentes para definir actuaciones conforme a la normatividad vigente.
La jornada también incluyó revisión de coordenadas, documentos y registros oficiales del terreno. De ese ejercicio surgió una diferencia entre los linderos que reposan en Catastro y los consignados en escrituras públicas correspondientes al Batallón Rifles. Esa discrepancia será estudiada mediante una revisión técnica y jurídica.
El ministro en le predio. Foto:Cortesía
Fuerza Pública actuará bajo marco legal
Durante el recorrido, el ministro recordó que cualquier intervención de la Fuerza Pública en este tipo de escenarios está limitada por la Constitución y la ley. Señaló que las operaciones deben desarrollarse bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y protección de la población civil.
Desde la perspectiva oficial, la situación minera del Bajo Cauca no responde a una sola causa. En la región convergen actividades de subsistencia, presencia de estructuras criminales y conflictos sociales acumulados durante años. Bajo ese contexto, el uso de la fuerza, indicó el Gobierno, solo procede en circunstancias previstas por la ley, especialmente frente a amenazas violentas o acciones criminales.
La cartera de Defensa insistió en que las intervenciones contra minería ilegal, incluso cuando se presenten cerca de instalaciones militares o policiales, deben ejecutarse con respeto al debido proceso y evitando afectaciones a las comunidades asentadas en el territorio.
Medidas inmediatas en la zona
Como parte de las decisiones adoptadas tras la visita, el Ministerio confirmó el despliegue de una misión de trabajo de la Inspección del Ejército. Ese equipo tendrá a cargo verificaciones internas relacionadas con control institucional y actuaciones en el área.
De manera paralela, se ordenó avanzar en la validación jurídica y técnica de los linderos del predio revisado, proceso clave para establecer responsabilidades y alcances sobre el terreno en disputa.
En materia operacional, el Gobierno anunció un refuerzo de controles que contempla incautación y destrucción de maquinaria utilizada de forma ilegal, judicialización de responsables y articulación con otras entidades del Estado para las acciones correspondientes.
Plan integral y diálogo con comunidades
Además de las medidas inmediatas, el Ejecutivo informó que pondrá en marcha una estrategia de fondo para enfrentar la problemática minera desde varios frentes. El plan incluye componentes sociales, económicos, legales y de seguridad.
Mina La Mandinga ubicada al lado del Batallón de Infantería Rifle 31. Foto:Archivo particular
Dentro de esa hoja de ruta se contempla abrir y fortalecer un diálogo directo con líderes de Mandinga, con el propósito de frenar actividades no artesanales y construir alternativas dentro de la legalidad.
También se prevé coordinación interinstitucional para procesos de formalización, control ambiental y recuperación de áreas impactadas. Según el Ministerio, esas acciones hacen parte de los compromisos definidos en la Mesa de Seguimiento del Bajo Cauca antioqueño, donde fueron fijados responsables y cronogramas.
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Balance del ministro Sánchez
«Estamos al frente de esta situación, actuando con evidencia, control institucional y decisiones firmes en territorio, para proteger el medio ambiente y a las comunidades, manteniendo la confianza de los colombianos en su Fuerza Pública”, señaló el ministro Sánchez.
Añadió que “en esta subregión, se fortalecerán las acciones legales, militares y policiales con el objetivo de seguir avanzando en la afectación a las redes logísticas y criminales de los grupos ilegales, y así permitir el desarrollo social y económico, dentro de la legalidad”.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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