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Los usuarios cuentan con el respaldo de las leyes para proteger su privacidad y solicitar que excluyan sus datos de bases publicitarias.
Las llamadas spam usan sistemas automatizados que analizan datos confirman si un número está activo. Foto: iStock

PERIODISTAActualizado:
El constante timbre del teléfono con ofertas comerciales y promociones no solicitadas es una situación común para millones de usuarios de telefonía móvil en el país. Sin embargo, en el marco del derecho a la privacidad y la protección de datos personales, los ciudadanos en Colombia tienen la facultad legal de exigir el cese inmediato de estas comunicaciones por parte de operadores como Movistar, Tigo o Claro.
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Para ejercer este derecho, el procedimiento se basa en una solicitud formal que el titular de la línea debe dirigir a la empresa. En el caso específico de Claro, el usuario debe enviar un correo electrónico a la dirección oficial de servicio al cliente de la compañía solucionesclaro@claro.com.co. Es fundamental que en el asunto del mensaje se indique claramente que el objetivo es la eliminación de los datos personales de sus bases de datos con fines publicitarios.
Para que la reclamación tenga mayor peso jurídico y sea efectiva, el mensaje debe cumplir con los siguientes requisitos y datos del remitente:
- Citar formalmente la Ley 2300 de 2023 y la Ley 1581 de 2012, que son las normas encargadas de regular el contacto hacia los consumidores y el tratamiento de la información personal.
- Número de teléfono celular sobre el cual se pide la restricción.
- Nombre completo y número del documento de identidad del titular.
- Manifestación explícita de la voluntad de que su información no sea empleada con fines de mercadeo o comerciales.
- Solicitud de una respuesta formal por el mismo medio para verificar que el trámite se completó con éxito.
El procedimiento es necesario para detener el contacto no deseado. Foto:iStock
Este mecanismo administrativo permite que el consumidor recupere el control sobre su privacidad. Según informó el canal de noticias de Asuntos Legales, este procedimiento administrativo es una herramienta esencial para detener el contacto no deseado, pues obliga a las entidades a respetar la decisión del usuario de no ser contactado para ventas.
Al fundamentarse en la normativa vigente, las empresas están obligadas a procesar estos requerimientos, garantizando que el tratamiento de la información se ajuste a lo que el ciudadano autorice o revoque.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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