La Fiscalía indaga las presuntas omisiones en el caso del niño hemofílico Kevin Acosta, quien murió el pasado 13 de febrero tras pasar dos meses sin recibir tratamiento.
Su caso se convirtió en el rostro de la crisis de la salud. En medio de la falta de liquidez de las EPS —varias de las más grandes hoy intervenidas por el Gobierno—, se ha negado la atención médica a pacientes, algunos con enfermedades crónicas o huérfanas.
Caso de Kevin Acosta, el menor que murió en Bogotá por falta de su medicamento. Foto:Archivo particular
Este hecho tomó mayor repercusión cuando el Gobierno le atribuyó la responsabilidad por la muerte de Kevin a la madre del niño.
En una primera alocución, en la noche del lunes 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguraron que el menor falleció por un accidente en bicicleta que su tutora debió prevenir.
Después señalaron que la familia no había autorizado una cirugía en la cabeza que, según dijeron, era necesaria para tratar la hemorragia producto del golpe.
Omitieron, eso sí, que el niño no recibía tratamiento desde diciembre pasado. Es decir, pasó dos meses sin aplicarse el medicamento que debía renovarse cada 21 días para prevenir los episodios de sangrado que terminaron costándole la vida.
Por estas razones, la Fiscalía indaga presuntas omisiones de funcionarios del sistema de salud por la negativa o la demora de la Nueva EPS en entregar el medicamento vital.
Así mismo, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia de Salud «conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024 de la Nueva EPS.
El Ministerio Público pidió información sobre la legalización de anticipos, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros servicios administrativos, a propósito de las fallas de la aseguradora que propiciaron la muerte del menor de edad.
Último adiós de Kevin Foto:ARCHIVO PARTICULAR
En los próximos cinco días hábiles, la Superintendencia tendrá que entregar información detallada sobre las medidas adoptadas, con sus respectivos soportes, frente al giro de los recursos, el procesamiento y la auditoría de cuentas médicas, así como la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, entre otros puntos.
Las responsabilidades penales y disciplinarias
Según juristas consultados, la muerte del niño podría repercutir en investigaciones penales y disciplinarias contra los funcionarios que, teniendo el deber de garantizar la entrega de un medicamento vital, no lo hicieron.
«Desde luego deben responder, y la Procuraduría debería abrir cuanto antes una indagación y, si es del caso, sancionar. Creo que también habría responsabilidad penal, cuando menos por la omisión en la que han incurrido. La muerte de un menor por no dispensar a tiempo un medicamento podría encuadrarse como un delito omisivo y, ¿por qué no?, incluso podría hablarse de un homicidio. Aquí habría dos frentes: el disciplinario, en cabeza de la Procuraduría, y el penal, en cabeza de la Fiscalía», le dijo a este diario el penalista Fabio Humar.
El también penalista Saúl León coincide con este criterio jurídico.
Desde el punto de vista disciplinario, advierte que los servidores públicos que hayan intervenido o tuvieran competencia en el trámite relacionado con el niño podrían responder por una omisión en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye a funcionarios con deberes de inspección, vigilancia o gestión directa del acceso al medicamento.
Si, por ejemplo, la Superintendencia de Salud fue informada de la situación y no actuó dentro de sus competencias de control sobre las EPS o las IPS, podría haber lugar a reproches disciplinarios.
Lo mismo ocurriría si desde el Ministerio de Salud —el ministro o sus delegados— tenían competencia para gestionar o garantizar la entrega del medicamento y no hicieron nada desde su rol institucional.
Muerte de Kevin, un niño con hemofilia, desató controversia Foto:
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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