En los últimos años el panorama de orden público en Antioquia se ha tornado grave y ha obligado a las fuerzas públicas y demás autoridades del orden regional y nacional a adoptar acciones proporcionales con el propósito de garantizar la seguridad en la región.
Aunque no está de más hacer mención a al caso de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, en donde la Policía Metropolitana se encarga de velar por la seguridad y el mantenimiento del orden en cada uno de los diez municipios bajo su jurisdicción, es la ruralidad del departamento la que se ha visto más afectada por el recrudecimiento de la violencia y el aumento de la presencia de actores armados ilegales en el territorio.
En ese sentido, tanto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, han insistido en que en los últimos años, producto de la política de ‘paz total’ del Gobierno Nacional, el número de militantes que engrosa las filas de las estructuras al margen de la ley con presencia en Antioquia habría aumentado de manera exponencial.
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Recrudecimiento del conflicto en Antioquia
El gobernador de Antioquia y el secretario de Seguridad del departamento. Foto:Gobernación de Antioquia.
Como prueba de lo anterior, las autoridades de Antioquia se han remitido a las cifras: en 2025, 44 integrantes de la fuerza pública fueron asesinados por beligerantes.
Más allá de las cifras de uniformados asesinados, están los episodios continuos de ataques que son producto del conflicto que se mantiene activo en los diferentes territorios de la región.
Para la muestra están, por nombrar algunos: el masivo desplazamiento forzado en múltiples municipios, el derribamiento de un helicóptero antinarcóticos y el posterior asesinato de 13 policías en Amalfi, el asesinato de uniformados en Anorí, el burro bomba que derivó en la muerte de dos soldados en Valdivia, la constante instalación de artefactos explosivos, entre varios episodios más que elevaron un estado de alerta generalizado en Antioquia que incluso llevó a que desde la Gobernación se solicitara, de manera formal y reiterada, apoyo directo del ministerio de Defensa para poder hacer frente a la problemática y recuperar terreno con respecto al avance de los grupos armados organizados (GAO).
Partiendo de esa base, la revisión de la división territorial del departamento es clave para comprender el auge de la violencia que se viene presentando en los últimos años.
De las nueve subregiones que conforman a Antioquia, la situación es más grave en el Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca. Más allá de que sean estos territorios los que destacan, el panorama en la totalidad del territorio ayuda a entender las dinámicas de los GAO.
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El Norte y el Nordeste de Antioquia han sido dos de las subregiones más afectadas por el conflicto. Foto:ELABORACIÓN NICOLÁS TAMAYO.
Subregiones y dinámicas
Al respecto, en entrevista con EL TIEMPO, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, hizo una radiografía de la presencia de beligerantes en el departamento y la lógica detrás de sus acciones, especialmente en las subregiones bajo jurisdicción de la brigada a su mando.
El comandante Caycedo inició precisando que la Cuarta Brigada tiene bajo su control a 91 de los 125 municipios de Antioquia, y destacó que el factor más complejo de la operación es la vasta ruralidad, que consta de más de 27.500 kilómetros cuadrados que deben ser cubiertos por tan solo 7.000 hombres. En ese sentido, el alto oficial destacó que la estrategia militar es la que inclina la balanza a favor de las fuerzas públicas en contexto de conflicto.
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Brigadier general Carlos Eduardo Caycedo, comandante Cuarta Brigada. Foto:Cortesía.
En la subregión Norte―la que presenta una actualidad más grave― hay presencia de tres actores armados ilegales: el ‘clan del Golfo’, a través de las subestructura ‘Luis Hernando Rozo Bertel’; los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, y el frente ‘Héroes de Tarazá’ del Eln.
El caso de esta subregión ejemplifica lo que ocurre en las demás, pero su situación está amplificada por factores geográficos. En el Norte de Antioquia, estos grupos beligerantes están en confrontación permanente con el objetivo de no perder el control del territorio, especialmente en los municipios de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal.
Allí, la actividad de las disidencias es la de mayor magnitud, particularmente la del frente dirigido por alias ‘Calarcá’.
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Briceño es uno de los municipios más afectados por la violencia en el Norte. Foto:Cortesía Policía Antioquia
Estas estructuras tienen mayor control de la subregión porque generan más ingresos a través de las rentas ilícitas, especialmente de la minería ilegal, la cual, según el comandante Caycedo, hoy le representa mejores ingresos a los grupos ilegales que el tráfico de estupefacientes. El alto mando explicó que las disidencias le cobran porcentajes de la producción a los mineros ilegales de la región para permitirles operar; dichos porcentajes estarían entre el 10 y el 20 por ciento.
Además, el Norte es una de las subregiones más hostiles para la fuerza pública. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la instalación constante de artefactos explosivos, como es el caso de Briceño, que es un territorio estratégico para los GAO. En los últimos veinte días se ubicaron y desactivaron al menos cinco dispositivos en zona rural de este municipio.
Contrario a lo que pasa en el Norte, en el Occidente el control lo tiene el ‘clan del Golfo’ a través de la subestructura ‘Edwin Román Velázquez Valle’, cuya magnitud es tal que le permite desdoblarse y reforzar la presencia en el Norte.
Caycedo explicó que la mayor dificultad en materia de la intervención de las autoridades en esta subregión es que los beligerantes mantienen un bajo perfil muy sólido.
En el Oriente, el ‘enroque’ territorial ilícito es del ‘clan del Golfo’ a través de las subestructuras ‘Gener Morales’ y ‘Pacificadores de Samaná’, las cuales explotan a la región a través del microtráfico y la minería ilegal.
Particularmente en el llamado ‘Oriente lejano’ las autoridades han asestado múltiples golpes contra estas estructuras. El comandante Caycedo destacó que en 2025 se superaron las cinco toneladas de estupefacientes incautados.
Finalmente, respecto al Suroeste, donde durante el último año se desató una ‘guerra’ entre grupos ilegales, el comandante explicó que todo se remite a una disputa por el control del negocio del microtráfico que está en auge desde finales de 2024 y que ha hecho que personas de diferentes partes del país como Urabá, Tolima y Cauca viajen en temporada de recolección para trabajar y terminan siendo adheridos a ese negocio por los grupos armados organizados.
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En 2025, Andes alcanzó cifras históricas de homicidios derivadas de la ‘guerra’ del microtráfico. Foto:Antioquia es Mágica.
Puntualmente, el ‘clan del Golfo’ y el brazo armado del grupo delincuencial organizado ‘La Terraza’ son los principales actores que se disputan la operación que se ha traducido en un sangriento enfrentamiento que llevó al municipio de Andes a sus cifras más altas de homicidios en décadas. Caycedo explicó que estos datos responden precisamente, en una alta proporción, a población flotante instrumentalizada por las estructuras y que termina cayendo en ajustes de cuentas.
‘Una especie de partida de ajedrez’
Tras repasar las dinámicas de los grupos ilegales con presencia en Antioquia y cuyas economías se benefician precisamente de las características del territorio, el comandante explicó que desde la perspectiva de la estrategia militar todo se ve como una especie de partida de ajedrez en la que se busca aprovechar al máximo los recursos disponibles mientras que se propugna por dar cumplimiento a los cuatro principios operativos del Ejército: proteger a la población civil, diezmar las capacidades de amenaza, proteger la gobernabilidad en los territorios y mantener las capacidades de las fuerzas militares.
Detallando la analogía del ajedrez, el general Caycedo explicó que los comandantes y las fuerzas de inteligencia analizan minuciosamente la estructura del campo de combate; los oficiales deben verificar su composición, revisar los registros históricos del territorio y del comportamiento por sector.
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El comandante explicó que el objetivo final es estabilizar el territorio de manera estratégica. Foto:Gobernación de Antioquia.
En esa línea, Caycedo explicó: “El terreno no cambia pero el bandido es cíclico”. Según el alto oficial, el comportamiento de las estructuras ilegales termina repitiéndose siguiendo patrones, cuya variable es la frecuencia, a raíz de las condiciones topográficas de cada región. En últimas, tal como en un tablero ajedrezado, la clave es considerar qué posee la amenaza y qué tiene el Ejército para poder alcanzar el objetivo: estabilizar un territorio.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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