El Parque Tayrona amaneció distinto este sábado. Sin mochileros caminando hacia las playas, sin turistas haciendo fila bajo el sol y sin prestadores de servicios turísticos y restaurantes cerrados. Solo uniformados, controles y silencio. Ahora sí, el parque está completamente cerrado.
LEA TAMBIÉN
Después de una semana de tensión y advertencias cruzadas, las comunidades indígenas kogui decidieron acatar la orden emitida por Parques Nacionales Naturales y retirarse del control que venían ejerciendo dentro de la reserva. La decisión llegó tras la instalación de la primera mesa de diálogo institucional, un encuentro que evitó lo que muchos temían: un choque directo entre indígenas y fuerza pública en uno de los territorios más sensibles del país.
El Tayrona quedó bajo custodia de Policía y Ejército. Sin disturbios. Sin enfrentamientos. Pero lejos de la calma definitiva. La crisis apenas entró en pausa.
Del pulso territorial al diálogo obligado
Los indígenas Kogui accedieron a retirarse tras iniciar conversaciones con el Estado. Foto:Cortesía
Durante toda la semana, el mensaje de las comunidades indígenas fue claro: no abandonarían el parque sin garantías reales del Estado.
Sus exigencias no eran nuevas. Pedían participación en la coadministración del Tayrona, reconocimiento de autoridades ancestrales, reparación para familias afectadas y condiciones de seguridad dentro del territorio.
La tensión creció día tras día hasta que la Personería Distrital de Santa Marta junto con la Personería del Pueblo intervinieron como garantes de derechos humanos y facilitaron un escenario de concertación que reunió al gobernador kogui Atanasio Moscote Gil, representantes de Parques Nacionales, el Ministerio del Interior, Procuraduría y autoridades locales. Allí se alcanzó un acuerdo temporal: los koguis aceptarían el cierre mientras se construye una hoja de ruta conjunta.
“Lo importante era evitar la confrontación y abrir un camino institucional”, explicó un funcionario presente en la mesa, quien aseguró que el diálogo permitió bajar la tensión sin desconocer las reclamaciones históricas indígenas. El retiro no significó renuncia a sus demandas. Solo una tregua.
Un cierre ambiental… y político
Prestadores de servicios turísticos fueron a trabajar y encontraron la reserva natural sin acceso. Foto:Cortesía
Parques Nacionales defendió la medida mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, argumentando riesgos ambientales, condiciones climáticas adversas y la necesidad de proteger la integridad del área protegida.
El Tayrona se convirtió en el escenario de una discusión histórica: quién debe administrarlo y cómo equilibrar la conservación ambiental con los derechos ancestrales de quienes habitan el territorio desde antes de la creación del parque.
Durante la mesa de diálogo, el pueblo kogui insistió en avanzar hacia un modelo de relación “de gobierno a gobierno”, planteando participación directa en la gestión del área protegida y solidaridad con comunidades campesinas que también dependen del territorio. El debate ya no es solo ecológico. Es político, cultural y territorial.
El parque vacío y la economía en pausa
Los indígenas Kogui accedieron a retirarse tras iniciar conversaciones con el Estado. Foto:Cortesía
La imagen del sábado fue contundente: accesos cerrados, presencia militar permanente y ausencia total de visitantes. Un escenario impensable para uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano. El cierre impacta directamente a cientos de familias que viven del turismo: guías, transportadores, vendedores, cocineros y pequeños empresarios.
LEA TAMBIÉN
En el sector de Bahía Concha, la incertidumbre se sintió desde temprano. Prestadores turísticos y dueños de restaurante llegaron con alimentos y mercancía lista para vender, convencidos de que podrían trabajar como en días anteriores, cuando el parque permanecía abierto bajo control indígena. Pero encontraron otra realidad.
Las entradas estaban totalmente cerradas. “Trajimos pescado, fritos y bebidas pensando que todo seguía igual. Nadie nos avisó que ya no podíamos entrar. Ahora todo se va a perder”, contó un vendedor afectado mientras observaba los controles policiales que impedían el ingreso.
Los alimentos perecederos quedaron sin destino. La inversión del día, perdida. La preocupación crece porque el Tayrona no solo es un santuario natural: es el sustento diario de muchas familias de Santa Marta y sus corregimientos.
La fecha que puede cambiar el futuro del Tayrona
Comunidades indígenas reiteran ser escuchados por parte del Estado. Foto:Cortesía
El próximo 27 de febrero a las 9:00 de la mañana será el nuevo punto de inflexión. En la Secretaría de Gobierno de Santa Marta se realizará la segunda mesa de diálogo, donde las instituciones deberán presentar propuestas estructuradas para definir el futuro del parque.
El Ministerio del Interior actuará como garante del proceso mientras se analizan mecanismos de protección para comunidades indígenas y espacios de participación para campesinos del sector.
Las partes coincidieron en algo clave: evitar la estigmatización y manejar con responsabilidad la información frente a la opinión pública. El objetivo ahora es transformar la crisis en una negociación sostenible. El cierre del Tayrona no representa una victoria para nadie. Los koguis se retiraron sin abandonar sus exigencias.
El Estado recuperó el control institucional, pero sin resolver el conflicto de fondo y el parque, símbolo natural del Caribe colombiano, quedó vacío, custodiado, cerrado y en pausa e la espera de decisiones que podrían redefinir para siempre la forma en que Colombia entiende la relación entre conservación ambiental, turismo y derechos ancestrales.
Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
Este video le puede interesar:
Deja una respuesta