Los intentos del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por tratar de deslindar la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico de la crisis del sistema de salud llevaron esta semana a un inusual regaño de los organismos de control.
Kevin tenía 7 años y llevaba dos meses sin que la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno desde hace casi dos años, le diera el medicamento que necesitaba para vivir con hemofilia.
Familia de Kevin Acosta rechaza las declaraciones de las autoridades. Foto:Noticias RCN
Murió a consecuencia de un accidente de bicicleta que, según los expertos, probablemente habría tenido otro desenlace si el sistema de salud hubiera cumplido, y su caso se convirtió en una papa caliente para un gobierno que asegura que su polémica estrategia en ese sector supuestamente ha salvado miles de vidas de niños.
La estrategia de Petro se enfocó en tratar de responsabilizar, tanto en X como en discursos, a la mamá de Kevin y en minimizar el impacto de la crisis de medicamentos que golpea a todo el sistema, sobre todo a las EPS intervenidas por orden de la Casa de Nariño.
La inédita violación presidencial de la historia médica de un niño fallecido y la cadena de demoras en la atención, que también golpea a centenares de pacientes con la misma enfermedad, concentran ahora la atención de las autoridades.
Entre ellas, de la Superintendencia de Salud, la misma entidad que, paradójicamente, decidió la intervención que hoy tiene a Nueva EPS, la más grande del país, atravesando su peor momento y reviviendo para miles de personas la tragedia del liquidado Instituto de Seguros Sociales (ISS).
Esta semana, el procurador Gregorio Eljach lamentó las “expresiones que han ofendido e indignado a los colombianos por su tono frío y por los incalculables efectos nocivos que generaron en el momento en que se conoció la trágica noticia”, en referencia a las declaraciones de Petro y de Jaramillo.
Primo revela que otros familiares de Kevin Acosta tienen hemofilia y están sin tratamiento Foto:ARCHIVO EL TIEMPO / PANTALLAZO DE NOTICIAS CARACOL
Por su lado, el contralor Carlos Hernán Rodríguez centró el foco en los líos de las EPS intervenidas: “¿Quién responde? Pues quien interviene (…). No se trata de justificar lo injustificable. La muerte del niño —reciente y dolorosa— debería ser un punto de inflexión para revisar si el servicio se ha venido prestando como debe ser, si realmente se ha auxiliado a los pacientes o si hay fallas que, desapasionadamente, deben corregirse”. La Contraloría denuncia además que la EPS no ha presentado cifras confiables sobre su gestión en los últimos años.
Las investigaciones
El informe de necropsia de Kevin será crucial. Fuentes enteradas del caso le dijeron a este diario que el Instituto Nacional de Medicina Legal entregará en los próximos días el dictamen a la Fiscalía, que en ese momento deberá determinar si inicia formalmente una investigación penal y si avanza hacia una individualización de responsabilidades personales.
El viernes en la tarde, un grupo de agentes del ente acusador se reunió para evaluar las entrevistas que han recogido en las últimas horas. Entre ellas, la de Yudy Pico, mamá de Kevin, con quien hablaron investigadores adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.
En lo disciplinario, la muerte de Kevin y la supuesta negligencia por parte de funcionarios está bajo la lupa de la Procuraduría General.
Las eventuales omisiones en la atención médica y la revelación de la historia médica de Kevin, que involucra a los funcionarios que la entregaron a la Casa de Nariño, son los frentes de trabajo asignados.
Frente a la omisión, distintos abogados le dijeron a EL TIEMPO que pueden venir consecuencias de carácter individual y estatal. De manera general, el penalista Santiago Tobón Herrera explicó: “Frente a un resultado tan nefasto como el producido, impropio e impensable dentro de una democracia como la colombiana, cuyos fines propenden hacia la consecución de un orden justo y garante de los derechos fundamentales, es evidente que ese resultado conlleva múltiples responsabilidades y acciones que deberán enfrentar quienes contribuyeron, ya por acción o por omisión, a que el resultado se produjera”.
Gregorio Eljach, procurador general. Foto:Procuraduría
Por su parte, el abogado Camilo Burbano dijo que “en derecho penal, quienes tienen dentro de su rol, dentro sus funciones, el suministro de estos medicamentos y no los dan pudiendo hacerlo, podrían responder por el resultado de sus omisiones. En este caso, podrían responder por el delito de homicidio, seguramente por omisión. La investigación debería establecer si por dolo o por culpa”.
Una mirada distinta tiene el penalista Rodrigo Parada. Desde su perspectiva, no se ven responsabilidades penales y disciplinarias, aunque hizo énfasis en que la muerte de Kevin Arley Acosta Pico es una difícil realidad que refleja lo que se vive en el país en materia de salud.
“Entiendo que la condición del niño se agravó en razón a una ausencia en la entrega de medicamentos. Es la realidad del país entero producto de los problemas del sistema de salud. Por esa razón, en términos de responsabilidad penal, no veo cómo pueda llegar a haberla. Entiendo que el niño se golpea, lo atienden en un hospital y tienen que ordenar su remisión. Creo que esto es una secuencia de infortunados eventos que llevaron a que el niño no recibiera la atención adecuada”, subrayó el abogado.
La historia clínica
El segundo debate jurídico tiene que ver con la divulgación de la historia clínica del menor de edad. Tanto el presidente Petro como la Nueva EPS entregaron de manera pública detalles que son de carácter reservado.
Contralor General, en el foro en el que hizo el llamado de atención al Gobierno. Foto:Archivo
Al respecto, Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, dijo que una historia clínica goza de protección constitucional y quien la ventile públicamente se expone a responsabilidades penales y civiles.
“Acceder a esa información o divulgarla sin la autorización del paciente o de sus familiares directos constituye una grave vulneración a la reserva y a la garantía de confidencialidad”, dijo González, subrayando que se pueden venir procesos de reparación o indemnización de perjuicios.
El abogado Camilo Burbano fue más específico, y explicó que la historia clínica del menor solamente podía revelarse con una orden judicial o por su representante legal, que en este caso sería la mamá.
“Esto es así incluso si la persona ha fallecido. Según la Ley 23 del 81, la Resolución 1995 del 99 y la 1581 de 2012, además de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien revela este dato teniendo la obligación de mantenerlo en reserva y siempre que implique un provecho, puede responder por el delito de violación de datos personales”, el cual acarrea una pena de cuatro a ocho años de cárcel, y una multa de 100 a 1.000 salarios mínimos vigentes.
De atender esos mandatos no está exento el Presidente de la República. Aunque nadie apuesta a que la Comisión de Acusación de la Cámara, que tiene dormidos por años casos como el de la violación de topes en la campaña Petro Presidente del 2022, se mueva de alguna manera frente a la polémica actuación del jefe de Estado en el caso de Kevin.
En el Congreso, Jennifer Pedraza radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El polémico ministro tiene además una denuncia por fraude a resolución judicial interpuesta por la ONG Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones.
En un documento que consta de 15 folios, consignaron la lista de incumplimientos del despacho de Jaramillo a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la sentencia que en el año 2008 declaró el estado de cosas inconstitucional en el sector de la salud.
Los hechos han generado temor y zozobra entre conductores Foto:
Carlos López – Redacción Justicia
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