El 21 de febrero de 2022, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en el que es legal abortar hasta los seis meses de gestación, una práctica que hasta antes de esa fecha solo era permitida bajo tres estrictas causales: por malformaciones incompatibles con la vida del feto, por riesgo para la salud de la madre o si el embarazo era producto de una violación. Según cifras de Profamilia, en este lapso ha atendido 213.895 procedimientos.
El cuarto aniversario de la sentencia C-055 de la Corte Constitucional que prohibió judicializar a las mujeres y personas gestantes que decidieran voluntariamente interrumpir su embarazo se cumple en medio de una intensa polémica por un proyecto de acuerdo del Concejo de Bogotá que imponía requisitos como un examen psicológico para acceder a este derecho.
La norma fue objetada por el alcalde Carlos Fernando Galán por ir en contra del mandato del alto tribunal, que consideró que seguir tipificando como delito el aborto ponía en riesgo la vida y salud de las mujeres, que tenían que acudir a clínicas clandestinas para suspender la gestación.
La Corte emitió una sentencia sobre el acceso al aborto. Foto:Cortesía
La Corte ordenó que fuera legal, seguro y gratuito, y en la jurisprudencia posterior, a través de fallos de tutela, ha exigido al Estado derribar las barreras de acceso y hacer pedagogía incluso en las comunidades indígenas, donde el derecho a decidir no puede depender de autorizaciones comunitarias.
“No es admisible, en ningún caso, que las autoridades indígenas le impidan a una persona gestante el ejercicio de la facultad de decidir libremente la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo el alto tribunal en la Sentencia SU-297 de 2025.
En Colombia el aborto es libre y legal hasta la semana 24. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO
Así mismo, en febrero pasado, la Sala Plena del alto tribunal reconoció la licencia remunerada por aborto para las personas gestantes que decidan interrumpir el embarazo o tengan abortos espontáneos.
Con este piso normativo, la norma del Concejo de Bogotá que fue objetada fue calificada por entidades como la Defensoría del Pueblo como un retroceso en un derecho que aún tiene un largo trecho por afianzarse.
Iris Marín, durante el Día Internacional de los Derechos Humanos Foto:Archivo
Según cifras de Profamilia, desde 2022 ha atendido 213.895 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres y personas gestantes. Solo en 2025 registró 59.532 intervenciones —3.000 más que las practicadas en 2024—, de las cuales el 94,5 % correspondió a abortos farmacológicos realizados antes de la semana 12 de gestación.
Al contrario de los temores de algunos sectores sobre el término establecido para acceder al aborto, solo el 1 % fueron mujeres con más de 24 semanas, quienes manifestaron barreras para acceder al servicio. Y, como lo estableció la Corte, lo hicieron en el marco de alguna de las tres causales vigentes antes de la sentencia del 21 de febrero de 2022.
“Colombia ha avanzado de manera significativa en la garantía del aborto como derecho fundamental, y los resultados son visibles en la vida de miles de mujeres y personas gestantes. El reto ahora es cerrar las brechas que persisten y asegurar que este derecho se ejerza con la misma calidad, oportunidad y dignidad en todos los territorios”, aseguró Marta Royo, CEO de Profamilia.
Martha en favor del acceso libre al aborto. Foto:César Melgarejo. El Tiempo / @cesarmelgarejoa
Las barreras de acceso
La entidad hizo énfasis en las brechas que siguen limitando el acceso oportuno y efectivo al procedimiento. Entre estas, las desigualdades territoriales que imponen barreras a la libertad de decisión de mujeres vulnerables, rurales, indígenas y racializadas.
“Superar estas brechas exige fortalecer la red pública de servicios en zonas rurales y dispersas, garantizar rutas claras de atención sin discriminación e implementar estrategias de telemedicina y acompañamiento comunitario que acerquen la información y los servicios a los territorios”, recomendó Profamilia.
Otra barrera es la falta de pedagogía, especialmente en comunidades indígenas, donde persisten tabúes culturales y, en algunos casos, el acceso se supedita a la autorización de autoridades tradicionales. Profamilia pidió avanzar en diálogos interculturales y advirtió que “ninguna comunidad puede bloquear el servicio ni imponer trabas a su prestación”.
La entidad también incluyó en esta lista la objeción de conciencia de los médicos encargados de asistir el procedimiento y que, por orden judicial, debe ser personal, no institucional. “Si algún profesional de la salud no puede o no desea prestar el servicio, la institución de salud debe garantizar que otro profesional lo haga de manera oportuna, libre de violencias y asegurando siempre la información y el acceso al servicio”, advirtió.
Protesta en frente del Palacio de Justicia Foto:Mauricio Moreno -EL TIEMPO
Finalmente, reiteró en las garantías del aborto seguro que se requieren formación continua del personal de salud, protocolos claros para prevenir la violencia obstétrica y supervisión efectiva que asegure una atención digna, respetuosa y humanizada. “Al mismo tiempo, la ampliación de los perfiles habilitados para prestar el servicio, como el personal de enfermería, fortalecer la equidad, ampliar la cobertura y reducir barreras de acceso, especialmente en zonas con menor oferta de servicios”, concluyó.
Sara Quevedo – @JusticiaET – sarque@eltiempo.com
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