El Consejo Gremial Nacional (CGN) advirtió este martes que el estado de excepción no puede convertirse en un “vehículo” para introducir transformaciones estructurales sin debate democrático, y pidió al Gobierno ceñirse de manera estricta al carácter transitorio y excepcional que la Constitución le asigna a estas facultades.
En un comunicado a la opinión pública, el gremio que reúne a los principales sectores empresariales del país expresó su solidaridad con los departamentos afectados por la emergencia invernal, pero marcó una línea roja frente al alcance de las medidas que ha anunciado el Ejecutivo.
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“El Consejo Gremial apoya que se tomen medidas urgentes que permitan atender la crisis, pero expresa su rechazo categórico a la utilización del estado de emergencia invernal como vehículo para expedir medidas que (…) introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”, señalan desde la agremiación.
La advertencia se da en medio del debate que ha suscitado la financiación de la emergencia declarada por el Gobierno para atender los estragos de la ola invernal en ocho departamentos del país. El Ejecutivo ha hablado de necesidades que rondan los 8 billones de pesos, mientras se alistan decretos con nuevos tributos y ajustes regulatorios para cubrir parte de ese faltante.
CGN recordó que el artículo 215 de la Constitución delimita el uso de los estados de excepción. Foto:Presidencia
El sector empresarial ha manifestado inquietud no solo frente a la atención de la crisis —que considera prioritaria— sino a la forma de financiarla y el alcance de las medidas. En ese contexto, el Consejo Gremial recordó que el artículo 215 de la Constitución delimita el uso de los estados de excepción y no habilita reformas permanentes que desborden el trámite legislativo ordinario.
“Estas decisiones exceden el carácter transitorio y excepcional que la Constitución asigna a las facultades del Ejecutivo en estados de excepción y desbordan el ámbito propio del debate y trámite legislativo ordinario”, enfatiza el comunicado.
El documento también pone el foco en el impacto económico. Según el Consejo, la seguridad jurídica, la separación de poderes y la confianza legítima no son principios retóricos, sino “pilares del orden constitucional y del desarrollo económico”.
Inundaciones en Córdoba han afectado a los ganaderos. El pasto ahora yace bajo el agua. Foto:Felipe Caicedo
En esa línea, advierte que la imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios o la alteración de compromisos contractuales bajo la figura de emergencia pueden enviar señales negativas a los inversionistas.
“La inversión en Colombia exige reglas claras, previsibles y estables. Cuando el marco normativo puede alterarse de esta forma, el mensaje es inequívoco: el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye”, sostiene el gremio.
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Por eso, además de insistir en el respeto a los límites constitucionales, el Consejo Gremial pidió que el Gobierno comparta de manera transparente los costos estimados de la emergencia y detalle qué gastos exceden lo presupuestado para 2026.
El pronunciamiento se suma al debate actual en ese frente que ya se traslada al plano jurídico y económico. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de actuar con rapidez ante la magnitud de la crisis climática, el sector empresarial advierte que la estabilidad jurídica no es un interés sectorial, sino “un activo estratégico de la Nación”.
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