Con la latente posibilidad de un cambio de ponente, la Corte Constitucional en pleno se reunirá el miércoles 18 de febrero para retomar el debate de la reforma pensional.
Primero decidirán el impedimento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien pidió a sus colegas de Sala decidir si puede continuar como ponente y en la discusión del expediente, luego de ser recusado por Presidencia.
Presidente Gustavo Petro y magistrado Jorge Enrique Ibáñez Foto:Archivo
El secretario jurídico de Palacio, Augusto Ocampo, acusó al magistrado ponente de prejuzgar la norma luego de una entrevista que concedió como presidente de la Corte a este diario, en la que aseguró que no se habrían «subsanado» los vicios de trámite por los que la ley fue devuelta al Congreso.
El magistrado Ibáñez se defendió y dijo que su postura era de conocimiento público, luego de que se filtrara su ponencia.
Así mismo que, como cabeza del tribunal, tenía la potestad de pronunciarse sobre el proceso que, por su repercusión en los 23 millones de trabajadores, ha sido altamente mediático.
La Sala tendrá que dirimir entre los argumentos de la recusación y la defensa del magistrado.
Sin embargo, EL TIEMPO conoció que cobra fuerza la idea de apartarlo del debate, como ya ocurrió —por unanimidad— en el caso de la emergencia económica, precisamente por las declaraciones que hizo sobre el tema en esa misma entrevista. Sería el segundo magistrado en ser vetado en este expediente.
El camino espinoso de la reforma pensional
A finales del año pasado se aprobó la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, quien suscribió contratos de asesoría jurídica sobre la reforma pensional con Colpensiones antes de ser ternado. Esa asesoría lo inhabilitaba para decidir como juez sobre un asunto respecto del cual ya había conceptuado.
Luego de que la Sala apartara a Héctor Carvajal, en la primera ronda deliberatoria —con ocho magistrados— la ponencia del magistrado Ibáñez, que pedía tumbar la ley por vicios de procedimiento durante el trámite legislativo de aprobación y subsanación, quedó empatada.
Debate de subsanación de los vicios de trámite de la reforma pensional. Foto:Mintrabajo
Entonces fue sorteado el cupo de un conjuez que destrabara el debate. Le correspondió al exsuperintendente para la Protección de la Competencia Carlos Pablo Márquez, quien, al filo de la vacancia judicial, aceptó asumir el voto faltante.
Sin el magistrado Ibáñez, las fuerzas se inclinarían hacia el bloque favorable al proyecto del gobierno de Gustavo Petro. Esto, sin contar el criterio jurídico del conjuez Carlos Pablo Márquez, quien —según información divulgada por distintos sectores políticos— sería cercano al magistrado Miguel Polo Rosero, del ala considerada oficialista.
La magistrada Meneses tendría que redactar una nueva ponencia, que no se descarta incluya matices como una exequibilidad parcial o, incluso, devolver la ley por segunda vez al Congreso para que corrija el ‘pupitrazo’ del último debate.
Esta vez, siguiendo los parámetros del Auto 841, que no había sido publicado cuando se convocaron las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025 para reaprobar la reforma.
Al menos cuatro magistrados estarían ‘montados al bus’ de una decisión salomónica que reconozca el camino andado en la implementación del nuevo sistema pensional.
Si la Sala decide rechazar el impedimento del magistrado Ibáñez, el debate arrancaría sobre su ponencia que, con algunas modificaciones, pide tumbar completamente la norma. En este caso, el tablero sería el mismo del empate.
En el lado de quienes salvarían la norma estarían los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Y en el andén opuesto, las magistradas Lina Marcela Escobar, Paola Meneses y el magistrado Carlos Camargo, quienes acompañarían la ponencia de Ibáñez. La sorpresa sería el conjuez.
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Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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