El sistema de fotodetección o fotomultas ha sido uno de los elementos más criticados y de mayor polémica en la movilidad de Cali.
Mientras que, desde algunos sectores cuestionan el carácter de recaudo sin pedagogía de estos dispositivos, desde la Alcaldía de Cali han resaltado las vidas que se han salvado, gracias a su componente preventivo.
Concejales piden que el recaudo de fotomultas se vea reflejado en el arreglo de la malla vial. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
En el Concejo de Cali, el tema no fue la excepción, debido a que se abordó en el marco de la segunda jornada de control político a la empresa EnRuta —entidad que apoya la gestión de la Secretaría de Movilidad desde hace 27 años— acompañado de críticas al enfoque sancionatorio del sistema de fotodetección.
Los cabildantes coincidieron en que la percepción ciudadana es de rechazo, debido a que el alto volumen de multas no se traduce en mejoras visibles en la infraestructura vial ni en la red semafórica.
Durante el debate, se solicitó revisar la naturaleza del convenio administrativo y fortalecer la transparencia en la distribución de las utilidades generadas por el recaudo.
Desde la corporación también buscan inversión en arreglos de la red semafórica. Foto:Secretaría de Movilidad de Cali
Cuestionamientos a la tercerización y el enfoque lucrativo
Varios concejales expresaron su preocupación por la figura jurídica bajo la cual opera EnRuta.
El concejal James Junior Agudelo Arévalo, solicitó más pedagogía para que los conductores puedan evidenciar la gestión de EnRuta en las calles, pero no quedarse solo con el cobro de las multas y demostrar que están aportando a la seguridad vial con estos mecanismos.
“Muchos caleños estamos molestos por la situación de la ciudad porque deberíamos de estar mejor, pero si hoy todas las vías estuvieran buenas, las ‘fotomultas’ no serían un problema, porque entenderíamos que eso es necesario, pero hay molestia por el mal estado de los semáforos y de las vías”.
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Entre tanto, el concejal Fabio Alonso Arroyave sugirió que la falta de pluralidad en el convenio limita la eficiencia, mientras que la concejal María del Carmen Londoño calificó el modelo como un «negocio altamente lucrativo».
Según datos presentados en el debate, en 2025 se generaron cerca de $ 26.000 millones, con utilidades netas que generan dudas sobre su reinversión real en la seguridad vial de los caleños.
Además, se denunciaron presuntas irregularidades en la ubicación de las cámaras y los operativos móviles.
Los cabildantes señalaron que estos equipos parecen concentrarse en zonas de alto recaudo, como la comuna 19, y no necesariamente en los puntos de mayor accidentalidad vial.
Desde el Concejo también se pide más énfasis en lo pedagógico. Foto:Particular
El impacto social de las sanciones
Un punto crítico del debate fue la efectividad del sistema de fotomultas, dado que actualmente solo se recauda alrededor del 40 % de las multas impuestas.
Esta baja tasa de recuperación evidencia una brecha entre la imposición de sanciones y su cumplimiento real, lo que cuestiona el impacto disuasorio y la sostenibilidad operativa del modelo.
El concejal Edinson Alberto Giraldo advirtió que, en un contexto de desempleo y crisis social, las fotomultas afectan desproporcionadamente a los motociclistas y trabajadores que dependen de su vehículo para generar ingresos.
Es por eso que el concejal hace un llamado a tomar decisiones desde el Concejo que realmente beneficien a la ciudadanía. Insiste en que no se puede seguir “multando por multar” sin que existan resultados efectivos ni alternativas para los ciudadanos.
Frente a esta realidad, las principales demandas de los concejales se articulan en tres ejes prioritarios.
En primer lugar, exigen que el sistema priorice la pedagogía vial sobre la sanción económica, entendiendo que la educación preventiva es más efectiva a largo plazo que el castigo reactivo.
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En segundo lugar, solicitan una mayor articulación institucional: que la entidad EnRuta deje de operar como una «isla» y trabaje de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura para reparar los huecos y deficiencias viales que, en muchos casos, motivan las infracciones y la molestia ciudadana.
Finalmente, plantean la revisión del convenio que rige la operación del sistema.
Los concejales consideran necesario evaluar la continuidad de un modelo de gestión que suma casi tres décadas sin modificaciones estructurales que beneficien al Distrito, especialmente en términos de transparencia, distribución de recursos y adaptación a las nuevas realidades de movilidad.
Defensa de la gestión y naturaleza pública
Diana Carolina Reina Cardona, gerente de EnRuta, defendió la naturaleza pública de la entidad (93.3% estatal) y aclaró que el pago al socio privado por el componente de fotodetección se mantuvo en un 8.4 % durante 2025, cumpliendo con los límites legales.
La funcionaria informó que se adelanta un proceso ante un tribunal de arbitramento para revisar los porcentajes del contrato y recuperar más recursos para Cali.
Asimismo, destacó que las utilidades netas —estimadas en $ 6.000 millones tras descuentos de ley— se distribuyen entre la Alcaldía, la Gobernación y el Ministerio de Transporte. Según la gerente, estos recursos ya se están destinando a programas de cultura vial que han impactado a más de 11.500 personas y a la modernización de servicios tecnológicos para el monitoreo de la movilidad en la ciudad.
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