A pesa de que expresamente la reforma pensional que aún está en estudio en la Corte Constitucional señala un camino diferente, y de las advertencias expresas de la Contraloría sobre la ilegalidad y la inconveniencia de la medida, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió finalmente el Decreto 0415 de 2026, que ordena el traslado exprés de 25 billones de pesos ahorrados en los fondos privados por las más de 120 mil personas que, aprovechando la llamada ‘ventana pensional’, se pasaron a Colpensiones.
En pleno escándalo por el ventilador que prendió la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre el poder de la cuestionada Juliana Guerrero y un supuesto “concierto para delinquir” en Palacio para “quedarse con el botín del Fondo de Adaptación”, el gobierno sorprendió con la decisión, que llevaba en capilla cerca de dos meses y que, en la práctica, le entregaría 25 billones de pesos adicionales para su gasto, justo en la etapa decisiva de la campaña presidencial.
El gobierno nacional ya expidió el decreto, el cual puede ser demandado. Foto:Canva
Este decreto ignoró todas las alertas de los expertos, incluida la de la Contraloría, que han señalado la inconveniencia e ilegalidad de este traslado exprés.
No solo porque desconoce abiertamente lo que ordena la propia reforma pensional, que creó un fondo autónomo administrado por el Banco de la República para manejar esta plata, sino por el riesgo de que esos recursos terminen convertidos en un nuevo bolsillo para el Ejecutivo, en plena campaña y en detrimento del ahorro para la jubilación de los colombianos.
El decreto ordena el traslado del ahorro de las personas que han utilizado la ventana pensional y sus rendimientos se realice en dos plazos (20 días para la mitad y 10 más para el restante) a las arcas del Gobierno. Esto en contra del camino que marca la misma reforma pensional promovida por el Gobierno y que fue aprobada en el 2024. Así, el artículo 76 establece que las personas que tengan setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas, para el caso de las mujeres, y novecientas (900) semanas cotizadas, para el caso de los hombres, y que les falten menos de diez años para tener la edad de pensión, tendrían dos (2) años a partir de la promulgación de la ley para trasladarse de régimen sin necesidad de una demanda, como ocurría hasta ese momento. Esa ventana fue aprovechada hasta ahora por unas 120 mil personas.
El mismo artículo señala claramente, en su parágrafo, que los ahorros pensionales que están en las AFP solo se entregarán al Estado en la medida en que llegue la edad de jubilación de los trasladados: «Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior», dice la reforma.
A pesar de ello, el gobierno expide un decreto que ordena, en tiempo récord, trasladar el total de los ahorros de esas 120 mil personas. Las cuentas de la Contraloría señalan que, de ellas, solo 20 mil están ya en edad de pensión. Además, la ley dice que la plata deberá ir a un fondo administrado por el Banco de la República, no directamente por Colpensiones.
«En ninguna parte, ni en la Ley 100 ni en la reforma pensional, se establece para esas personas que están haciendo la movilidad del fondo privado a Colpensiones dentro de esa ventana, que el dinero deba ser enviado a Colpensiones. Ese es el principal problema. Además, por la forma como está estructurado el borrador de decreto, tendría consecuencias muy importantes sobre esas inversiones, porque, como lo están previendo, los fondos tendrían que liquidarlas. Por regla general, sabemos que las inversiones de los fondos son de largo plazo: liquidarlas anticipadamente generaría una pérdida patrimonial«, le dijo a este diario el abogado Juan David Riveros, asesor de los fondos de pensiones.
Por su lado, la Contraloría advirtió que convertir esos ahorros en recursos disponibles para el pago inmediato de mesadas podría implicar que el ahorro de largo plazo termine utilizándose como “gasto corriente», con el consiguiente hueco a futuro para las finanzas públicas. En el mismo sentido se había pronunciado el Banco de la República.
La posibilidad de que el decreto termine tumbado por el Consejo de Estado es evidente, advierten los experto, dada la clara contravía con la reforma pensional. Siendo esto así, ¿qué buscaría el Gobierno?
La respuesta, señalan, está relacionada con los impuestos vía emergencias económicas y otros estados de excepción decretados por el Ejecutivo: aprovechando el tiempo que se tome la justicia en resolver las demandas, el Gobierno logra recibir recursos extraordinarios para su gasto. Y si bien, como pasó con la emergencia económica de diciembre que tumbó la Corte, el Estado finalmente tendrá que devolver la plata que le llegó de manera irregular, este ya no será un problema de la administración Petro.
Si el traslado de ahorros se concreta en un mes y en ese lapso no se ha producido ninguna decisión del Consejo de Estado –en concreto, una medida cautelar que suspenda la vigencia del decreto– el Gobierno se ahorraría esos 25 billones de lo que anualmente debe girarle a Colpensiones para el pago de mesadas con cargo al erario público. Es decir, tendría 25 billones de pesos disponibles para gastos que no están definidos en el presupuesto, todo esto en momentos en los que el Ejecutivo ha sido fuertemente cuestionado por participación en política y cuando todas las alertas por el gasto público están encendidas.
La lista de pensiones que se vieron afectadas por aumento del mínimo en 2026 Foto:iStock
Los reparos sobre la inconveniencia
Además de los reparos jurídicos, expertos advierten sobre la inviabilidad financiera. Los fondos privados tienen el ahorro de los colombianos invertido —única forma de generar rentabilidad— y de sostener un sistema que permita que las personas se jubilen cuando cumplan los requisitos de ley.
Con un plazo de apenas 30 días para hacer el traslado, los fondos tendrían que liquidar esas inversiones, lo que golpearía su rentabilidad.
“Para poderlas hacer líquidas y trasladarlas a un nuevo administrador —que sería Colpensiones—, tienen que liquidarse, y esa venta se da en el mercado. Entonces, inversiones —casi todas de deuda pública—, que son de largo plazo, salen a venderse y a liquidarse anticipadamente. Es, guardadas proporciones, como si usted tiene un CDT a un año y tiene que ir al banco a decir: lo necesito ya. Esa liquidación tiene un costo. En este tipo de inversiones de largo plazo, con un componente importante de deuda pública, se pierde un porcentaje, y eso termina afectando el sistema donde está el ahorro de todos nosotros”, explicó el abogado Riveros, experto en materia pensional.
Por esta razón, se habla incluso de un posible detrimento patrimonial, que podría ser objeto de sanciones por parte de la Contraloría y tener implicaciones penales para quienes estén detrás de esta decisión, dado que la naturaleza de los recursos en los fondos es, en cierta medida, pública.
El camino ante el Consejo de Estado
Cuando se hizo público el borrador de este decreto, frente al cual distintas entidades —entre ellas la Contraloría— alertaron sobre su inconveniencia, los gremios ya alistaban la demanda en caso de que se hiciera realidad.
Como se trata de un decreto, la demanda la tramita el Consejo de Estado, que podría decretar una medida cautelar —a solicitud del demandante— para suspender sus efectos mientras se decide de fondo sobre su legalidad.
Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet
“A mí me parece que todas estas medidas del Gobierno tienen claras intenciones de interferir en la campaña electoral. Son movimientos económicos que puede usar en el proceso electoral. Mientras el Presidente acusa de fraude a la Registraduría y no cumple la orden judicial que le impartió el tribunal de abstenerse de hacer este tipo de declaraciones, por debajo de la mesa está interfiriendo en la democracia”, le dijo a este diario el constitucionalista Ramiro Bejarano.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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