Muchos esperarían que las autoridades, los trabajadores o la comunidad saliera a pronunciarse de inmediato ante el anuncio de la liquidación de la empresa Coscuez S.A., para que reevaluaran su decisión e incluso que fueran aclamados en la región esmeraldera de Boyacá, pero eso no ha pasado y al parecer, no pasará.
Lo que sí generó de inmediato el anuncio de la filial de Fura Gems, fue una cascada de preguntas e interrogantes frente a las millonarias deudas que tiene la empresa con trabajadores, con proveedores, sobre la problemática social y con respecto a la seguridad de la zona, esa seguridad que desde el momento en que la empresa abandonó la región, hace unos cinco meses, resultó asediada por guaqueros e incluso por delincuencia, sin que los uniformados de la región puedan hacer mayor cosa.
La relación de la multinacional de capital indio, con autoridades y parte de la comunidad se había venido deteriorando, especialmente en los últimos meses, hasta convertirse en una tóxica situación, en un pulso que había caldeado los ánimos.
Esemraldas. Foto:Nestor Gomez
“Los únicos que se pueden referir en este momento a la decisión de la empresa india que desde 2017 explotaba las esmeraldas en Coscuez, son los de la Agencia Nacional de Minería, ya que es a esta entidad a la que Fura Coscuez le deben rendir cuentas, porque salieron y se fueron sin avisar ni nada y al Gobierno fue al que le tocó entrar a prestar seguridad, a lidiar con las comunidades y antes vienen ahora a decir que es por falta de garantías”, aseguró un funcionario del gobierno departamental, quien dijo no estar autorizado para dar declaraciones, por lo que pidió que no se mencionara su identidad.
Añadió que es absurdo que ahora vengan a hacer responsables de sus problemas al gobierno nacional y menos a las autoridades departamentales o locales, cuando ellos, los de Fura Gems que siempre se llamaron Fura Coscuez y que ahora salieron con un escueto comunicado firmado como Coscuez S.A., son los que han tenido desde hace casi nueve años la explotación del título, no solo para extraer las esmeraldas, sino para manejar la problemática social que siempre, desde los 400 años que tiene esta mina, ha estado ligada a esta actividad en el occidente del departamento de Boyacá.
“Nosotros, como gobierno departamental de Boyacá veníamos haciendo un seguimiento, habíamos llegado a unos acuerdos con ellos, pero de un momento a otro salieron y se fueron y nos dejaron plantados como gobierno departamental; pero es que además en medio de la problemática social que se había suscitado, nunca hubo un directivo con poder de decisión que pusiera la cara, sino que siempre mandaban era a un delegado que era la persona de trabajo social, al que desde las directivas ni si quiera le cumplieron los acuerdos básicos que él mismo fijaba”, recalcó la misma fuente.
Mina de Concuez. Foto:Gobernación de Boyacá
Ellos pueden venir a excusarse en lo que quieran, afirmó, pero pruebas hay de que no fue así y solo basta con ir a la zona a ver qué dice la gente. “Ellos tenían unas responsabilidades con el título, que incumplieron y el problema se les fue saliendo de control hasta que ya no pudieron solucionarlo fácilmente y entonces ahora la salida es echarle la culpa a las autoridades locales, departamentales y nacionales”, aseveró la fuente del gobierno departamental.
El alcalde de San Pablo de Borbur, Carlos Alberto Castellanos dijo a EL TIEMPO que lo que tiene entendido es que hasta el 27 de diciembre la empresa estuvo haciendo ir a algunos de sus empleados a trabajar, pero que para ese momento ya completaban tres meses sin pagarles salarios e incluso sin seguridad social, y que por eso fueron sancionados por el Ministerio, que les selló, y que esa situación fue aprovechada por unas personas que iban con la ilusión de sacar una piedra preciosa, pero que también llegaron otros a robar y a causar daños.
Trabajadores mina de Concuez. Foto:Archivo particular
Además, al parecer la empresa que llegó a tener unos 700 trabajadores, ha tenido problemas hasta con la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil), una división especializada de la Policía, encargada de combatir la explotación ilícita de recursos naturales y proteger el patrimonio ambiental, que los venía acompañando desde hace ya varios meses, pero que finalmente se fue por los incumplimientos.
“Hoy creo que les deben a los trabajadores como cinco meses y la liquidación. Nosotros tenemos incluso una mesa instalada con diferentes instancias del Gobierno nacional en la que se ha hablado de los pagos a empleados y a acreedores porque, según dicen, deben cerca de 8.000 millones de pesos, y eso complica la situación”, argumentó el burgomaestre, quien no quiso entregar mayores detalles, hasta que no fuera notificado de la decisión por parte de la misma empresa o de la Agencia Nacional de Minería (ANM), sin embargo este medio logró información referente a que las obligaciones de la multinacional podrían superar los 12.000 millones de pesos.
Al parecer, en los últimos meses Coscuez S.A. no tenía sino unos 120 empleados y ahora lo que están esperando las autoridades y comunidad en la región es si la ANM les revoca, les caduca o qué hace con el título minero que tiene la multinacional, porque si lo reservan para formalización, lo que piden es que se inicien los procesos de formalización con las personas de la región y que para eso ya la Agencia adelantó una jornada de identificación de los posibles mineros tradicionales.
Líderes de la comunidad aseguran que precisamente para este jueves se tenía una mesa de concertación programada, para entregar detalles de los avances en compromisos y analizar la situación, pero que dos días antes la empresa los sorprende con esta comunicación.
La salida de la multinacional de la zona
Desde septiembre pasado la multinacional pidió un permiso especial al Gobierno nacional para tener un periodo de seis meses de pausa en el que, supuestamente, reorganizarían la empresa y buscarían un nuevo inversionista para continuar con la producción en la zona en la que tienen licencia vigente, a una hora del casco urbano del municipio de San Pablo de Borbur y unas cuatro horas de Tunja.
Mina de Concuez. Foto:Gobernación de Boyacá
Con la suspensión de operaciones, entre otros, como era de esperarse, apagaron los potentes ventiladores y motobombas que al mes demandan un consumo, en promedio, de 700 millones de pesos en energía eléctrica, labores que son obligatorias para poder adelantar los trabajos de extracción de esmeraldas en los socavones, situación que muchos que quieren ‘enguacarse’ con una de estas piedras preciosas, han venido aprovechando sin que las autoridades puedan hacer mayor cosa, pero eso sí arriesgando hasta el punto de que varios de quienes han logrado ingresar a estos socavones no volvieron a salir con vida a causa del gas o de los diferentes peligros que se tienen sin la operatividad de la explotación, pero en medio de su pausa, Fura Coscuez llegó al extremo de retirar hasta la vigilancia.
“Una cosa era que suspendieran operaciones y otra muy diferente que abandonaran el sitio, pero lo dejaron botado, no mantuvieron ni la vigilancia y por eso tanto el campamento de la mina La Paz, como la bocamina de Pavimentados, resultaron vandalizados. Fueron tan irresponsables que dejaron un polvorín de 16.5 toneladas de explosivos que utilizaban para la operación de la extracción abandonados, ¿qué tal que algún delincuente o grupo al margen de la ley hubiera encontrado eso ahí botado?, o ¿qué tal alguien lo hubiera hecho explotar accidentalmente? y ¡sin embargo dicen que se van por falta de garantías!”, dijo una fuente enterada a este medio.
Con estas versiones coincide Rafael Peñaranda, uno de los voceros de los mineros artesanales en la zona y asegura que los toma por sorpresa la decisión, precisamente porque la empresa había adquirido unos compromisos recientes con el ministerio de Trabajo y con otros entes del gobierno.
San Pablo de Borbur. Foto:Gobernación de Boyacá
“La multinacional dejó abandonadas las instalaciones locativas, las dejaron a la deriva y pues esto ocasionó que además de los guaqueros, llegaran personas inescrupulosas de otros lugares, adelantaran acciones vandálicas como robarse hasta las tejas y los cables de la luz, siendo imposible a las autoridades locales controlar la situación”, detalló el hombre y enfatizó que el 10 de diciembre en la última reunión que tuvieron le habían adelantado a la empresa que se iba a necesitar personal para mantener la seguridad.
Dijo además, que en la misma reunión se advirtió que no había una autoridad responsable de cuidar las instalaciones, luego de que la Unimil se fuera del territorio, que llegaron unos uniformados de la Policía, pero que les era imposible, ante la llegada de tanta gente de fuera de la zona al enterarse que habían dejado abandonadas las instalaciones, mantener el control en una área tan grande, como efectivamente ocurrió.
Y complementó que el sinsabor es muy grande porque cuando sin duda la multinacional generaba empleo y dinamizaba la economía regional, pero que también es cierto que de un momento a otro casó una pelea con la minería tradicional ancestral de la región.
Orden público y seguridad en la zona
Las minas de esmeraldas se están convirtiendo en una papa caliente para las autoridades de los municipios del occidente de Boyacá.
Líderes de la región coinciden en que la llegada de las multinacionales en reemplazo de los tradicionales ‘patrones’, se vio como la panacea a los abusos y anarquía que reinaron durante muchos años ante los ojos de las entidades del Estado en la zona y que, aunque se logró la formalización y el cumplimiento de las normas, se abrieron nuevas problemáticas que se han venido convirtiendo en caldo de cultivo para tener la compleja situación que se enfrenta hoy.
Esmeraldas Foto:Fedesmeraldas
Ha sido una seguidilla de situaciones que han venido caldeando los ánimos en la región hasta convertirla en una especie de olla a presión. La problemática social que ha acompañado la labor de la extracción de las piedras preciosas, ha mutado por ejemplo a causa de una orden dada por el Ministerio de Ambiente que prohibió que se entregue la famosa voladora, que no es otra cosa que los desechos que salen a medida que se avanza en la extracción en la búsqueda de las esmeraldas, a los guaqueros y que las empresas, creyendo que iban a extinguir esa labor de buscar alguna chispita de esmeralda, cumplen a cabalidad.
Pues esa situación ha desatado una fuerte reacción por parte de los guaqueros, de los mineros ancestrales quienes viven de esa labor, que reclaman hasta de manera airada esos desechos que han tenido, generando en medio de la reclamó el espacio perfecto para violentos y personas ajenas a la región que vienen haciendo de las suyas, incluso en actos que rayan con lo penal.
“Aprovechando esas revueltas de los guaqueros, se han camuflado delincuentes que han llegado con otras intenciones al occidente de Boyacá y que nos tienen muy preocupados”, dijo en su momento a EL TIEMPO, el alcalde de San Pablo de Borbur, Carlos Alberto Castellanos.
Con él coinciden la mayoría de los demás mandatarios de la región esmeraldera, al referirse por ejemplo a lo ocurrido el 12 de diciembre pasado en una mina de Maripi, donde un grupo de 41 hombres armados incluso con fusiles y explosivos, ingresó de manera violenta a la empresa, y mantuvo secuestrados a 71 trabajadores durante varias horas, mientras trataban de extraer un multimillonario botín de esmeraldas.
A esta operación, se han sumado otros hechos menos graves, pero que no dejan de generar intranquilidad a los alcaldes, comandantes de Policía, al mismo Ejército y desde luego, a la comunidad habitante de esta zona boyacense, de donde se explotan las más valiosas esmeraldas del mundo.
Harvey Yecid Medina Alfonso
Corresponsal de EL TIEMPO en Tunja
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