En El Rodadero, uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe colombiano, un accidente menor terminó revelando una denuncia mayor que prendió las alarmas: ante conflictos cotidianos en esa zona no aparecieron policías o agentes de tránsito, sino particulares en motocicleta que aseguran ejercer el orden.
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Según el defensor ambiental Luis Miguel Moisés, cuando su hijo sufrió un accidente con una motocicleta eléctrica alquilada en el sector turístico, no llegaron autoridades de tránsito ni uniformados. En su lugar —afirma— aparecieron hombres en motocicleta que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y exigieron el pago inmediato por los daños.
El ambientalista Luis Miguel Moises, fue quien denunció las intimidaciones. Foto:Redes sociales
“Nunca llegó un policía. Los que llegaron fueron hombres que dijeron pertenecer a los Conquistadores y le exigieron pagar una cifra concreta de un millón quinientos”, aseguró Moisés en un video difundido públicamente.
El denunciante sostiene que los hombres impusieron condiciones para resolver el conflicto y presionaron el pago del dinero reclamado por el propietario del vehículo.
“Pagas o te subimos a la Sierra”, manifestó el denunciante que le dijeron a su hijo para que no pusiera resistencia a pagar el valor exigido.
La denuncia de una autoridad paralela
Para Moisés, lo ocurrido no fue un hecho aislado sino una muestra de cómo operan dinámicas informales de control en sectores turísticos de Santa Marta.
El ambientalista aseguró que comerciantes y prestadores de servicios pagarían cuotas periódicas a estructuras armadas que ofrecen «seguridad», acompañamiento y mediación en disputas comerciales o incidentes cotidianos.
Las ACSN negaron la participación en estos hechos. Foto:Redes sociales
“Así funciona la ley en este sector. Los negocios pagan para poder operar y recibir garantías”, manifestó.
La denuncia, según defensores de derechos humanos como Norma Vera, plantea una preocupación mayor: la posible sustitución de funciones estatales por actores ilegales en conflictos civiles, una situación que considera un indicador de debilitamiento institucional cuando ocurre en espacios urbanos y turísticos.
“En Santa Marta, no hay duda que en los sitios turísticos quienes imponen los castigos y el control son los grupos de Autodefensas. Ellos le imponen a comerciantes un servicio de vigilancia y seguridad a cambio de pagar la tarifa que le imponen de acuerdo al tamaño del negocio”, dijo Vera, quien asegura que esta problemática se ha extendido ya a toda la ciudad.
Vera detalla que la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia han sido históricamente escenarios de presencia de distintos actores armados ilegales. “En los últimos años, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra han mantenido influencia en zonas rurales y periurbanas, mientras el Gobierno Nacional impulsa acercamientos dentro del marco de la política de paz total”, sostiene.
La Defensoría del Pueblo emitió recientemente la Alerta Temprana 020-25, advirtiendo riesgos derivados de disputas territoriales y posibles afectaciones a la población civil.
En ese contexto, denuncias sobre presunto control social o mediación armada adquieren especial relevancia, particularmente en áreas estratégicas para la economía turística.
La respuesta de las ACSN
Tras la difusión de la denuncia, el estado mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra emitió un comunicado público en el que negó cualquier amenaza o participación en los hechos denunciados.
El comunicado del grupo armado. Foto:Redes sociales
La organización afirmó que se vio obligada a pronunciarse para “desmentir dichas amenazas” atribuidas por el ciudadano Luis Miguel Moisés y aseguró que no tuvo relación con el cobro realizado tras el accidente.
En el documento, las ACSN señalaron que, aunque históricamente han ejercido control territorial debido —según su versión— a la ausencia estatal durante años, en este caso específico “no tenemos absolutamente nada que ver”.
El grupo también afirmó respetar los compromisos asumidos dentro del marco de la Ley 2272 de paz total y manifestó su disposición a mantener interlocución con organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo.
Además, sostuvo que la organización “no atropella ni amenaza” y aseguró que su existencia responde a la defensa de la seguridad y los derechos sociales de la población.
Reacción institucional
La denuncia generó pronunciamiento de la Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta. Su titular, Jennifer del Toro, advirtió que la situación de orden público en la Sierra Nevada “no admite ambigüedades ni silencios”.
En los sitios turísticos de Santa Marta se estaría ejerciendo una autoridad paralela a la legal. Foto:Archivo particular
La funcionaria reiteró que ninguna organización armada, participe o no en diálogos con el Gobierno, puede sustituir al Estado ni ejercer funciones de autoridad.
También solicitó a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía iniciar investigaciones inmediatas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Rodadero es uno de los principales motores económicos de Santa Marta y recibe miles de visitantes cada temporada. Por ello, cualquier señalamiento relacionado con control armado o intimidaciones genera preocupación en sectores turísticos y autoridades locales.
Analistas en seguridad advierten que cuando actores ilegales intervienen en conflictos cotidianos —incluso bajo la figura de mediación— se configura una forma de regulación informal que puede consolidar control territorial sin confrontación abierta.
Un síntoma de un fenómeno mayor
Más allá de las versiones enfrentadas, el caso deja encendidas las alarmas sobre una realidad que autoridades y analistas vienen advirtiendo desde hace años: la consolidación de las formas de control social ejercidas por estructuras armadas que, consolidan presencia mediante regulación cotidiana de la vida económica y comunitaria.
“La denuncia expone cómo un conflicto menor —un accidente entre particulares— habría sido atendido bajo dinámicas ajenas a la institucionalidad, evidenciando la existencia de redes organizadas capaces de intervenir, mediar y hacer cumplir decisiones en espacios donde debería operar exclusivamente el Estado”, agrega Norma Vera.
En sectores turísticos como El Rodadero, comerciantes y prestadores de servicios han denunciado en distintos escenarios el pago periódico de cuotas ilegales que funcionan, en la práctica, como un sistema paralelo de seguridad y resolución de conflictos. Un modelo que, según expertos en seguridad territorial, permite a estos grupos financiar su estructura y fortalecer legitimidad social sin necesidad de ejercer violencia abierta de manera constante.
Lo más inquietante, advierten investigadores consultados, es que dicha presencia no siempre genera rechazo visible. En algunos casos, pequeños y grandes negocios terminan asumiendo estos cobros como un costo más de operación —similar a un servicio público informal— debido al acompañamiento, la mediación y las garantías que reciben frente a robos, disputas o problemas cotidianos.
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Así, mientras el Estado intenta recuperar control institucional y avanzar en procesos de paz, episodios como el denunciado en El Rodadero se convierten en evidencias de un fenómeno más profundo. Estas estructuras armadas ya no solo disputan territorios rurales, sino que desarrollan sistemas de gobernanza paralela capaces de influir en la economía, la seguridad y la convivencia urbana.
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Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
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