Luego de mes y medio de vigencia del salario mínimo de 1’750.000 pesos (2 millones con auxilio de transporte), parece haber consenso en el comité tripartito de empresarios, sindicatos y Gobierno para mantener el incremento del 23 % que decretó el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado.
Este monto, que en principio generó molestias porque desbordó los parámetros técnicos previstos —como la productividad, la inflación y el crecimiento del PIB—, hoy, tras las tres primeras quincenas del año, parece tener un respaldo mayoritario.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el de Hacienda, Germán Ávila. Foto:Daniel Fernando López. El Tiempo
Luego de la primera reunión de la mesa de concertación salarial, el Gobierno insistirá en el mismo monto en el decreto expedido de forma transitoria, mientras el alto tribunal decide de fondo sobre la legalidad del aumento más alto de la historia, sustentado en el concepto de salario vital.
¿Por qué esta vez sí tendría piso jurídico?
A diferencia de lo ocurrido en diciembre pasado, cuando el Gobierno se desfasó en más de 15 puntos del porcentaje propuesto por los empresarios (7 %) e incluso de la cifra planteada por los trabajadores (16 %) y, sin consenso ni criterios técnicos, firmó el 23 %, esta vez hay acuerdo.
El auto del Consejo de Estado que suspendió los efectos del decreto que aumentó a 2 millones de pesos el salario mínimo pedía al Gobierno que el aumento transitorio cumpliera con los parámetros legales. Uno de estos, es la bendición de comité tripartito, lo que, según fuentes del alto tribunal, haría jurídicamente viable mantener el monto.
Sin embargo, el acuerdo fue, en cierta forma, impuesto. La razón por la que no lo hubo hace dos meses es que el concepto de salario vital al que apeló el Presidente para, en pleno año electoral, aumentar el salario en 23 % dejaba por fuera otras variables macroeconómicas de la ecuación.
Ahora el escenario es distinto: el incremento ya opera como un derecho adquirido para los trabajadores y sería inconstitucional desmejorar su capacidad adquisitiva, un asunto incluso susceptible de tutela y que podría terminar en la Corte Constitucional.
El mandatario reiteró que todas las empresas deben pagar la quincena con el salario decretado, Foto:Collage Canva
Esta ha sido la principal razón detrás del acuerdo mayoritario del nuevo monto y lo que cambiaría la fórmula de cara a su legalidad y control ante el Consejo de Estado.
¿Qué viene ahora?
El Consejo de Estado deberá tramitar los recursos que el Gobierno ya anunció que interpondrá contra el auto que ordenó la suspensión del mínimo. Entre ellos, una solicitud de aclaración y un recurso de súplica que, mientras no se resuelvan, impedirían que la orden judicial quede en firme. Ese trámite podría tardar un mes o mes y medio.
Posteriormente, el alto tribunal deberá entrar a estudiar de fondo la legalidad del decreto y proferir la sentencia que lo mantenga o lo anule. En este último escenario, la decisión no tendría efectos sobre los salarios ya pagados, por lo que, en la práctica, marcaría la línea para incrementos futuros.
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Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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