El aumento en los casos de extorsión durante el primer trimestre de 2026 abrió un debate sobre la verdadera dimensión del delito en Colombia. Mientras algunos sectores perciben un deterioro en la seguridad, la Policía plantea una lectura distinta: más reportes no necesariamente significan más víctimas pagando, sino una ciudadanía que está rompiendo el silencio y acudiendo con mayor frecuencia a las autoridades.
En diálogo con este medio, el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión, explica lo que hay detrás de las cifras y detalla los resultados operativos, las modalidades del delito y los retos que persisten para contener una de las principales fuentes de financiación de las estructuras criminales en el país.
El coronel Edgar Correa Tobón, director de Policía Antiextorsión. Foto:Cortesía
Coronel, recientemente se conocieron cifras del primer trimestre de 2026 que muestran un aumento en las denuncias por extorsión. ¿A qué responde ese comportamiento?
Durante años muchas víctimas no denunciaban por miedo, desconfianza o porque creían que no iba a pasar nada. Lo que estamos viendo hoy es una ciudadanía que está reportando más casos. Ese incremento no puede leerse automáticamente como un deterioro de la seguridad. En muchos casos representa confianza en las autoridades, mayor presencia institucional y mejores canales para denunciar. Nosotros hemos desarrollado campañas permanentes en todo el territorio nacional para romper el silencio y acercarnos a las comunidades. Eso permite que hechos que antes eran invisibles hoy entren al radar institucional.
¿Qué resultados operativos deja esa reacción ciudadana?
Durante la vigencia 2026 se han reportado 3.147 hechos de personas contactadas para intentar extorsionarlas, lo que representa una disminución del 4 % frente al periodo anterior que fueron 3.295. Cabe resaltar que de la cifra de este año, el 78 % de los casos no accedió ante las exigencias de los grupos delincuenciales. Gracias a la denuncia oportuna se logró la captura de 807 extorsionistas y se evitó que más de 20.000 millones de pesos ingresaran a estructuras criminales. También hemos capturado 15 cabecillas financieros de distintas organizaciones, quienes recaudaban alrededor de 1.850 millones de pesos producto de la extorsión.
Campaña de antiextorsión. Foto:Cortesía
Pero coronel, en las regiones, los comerciantes dicen otra cosa, ¿Qué acciones concretas se han hecho para generar esa confianza?
Llevamos más de 12.000 actividades de gestión comunitaria en los 32 departamentos del país. Son jornadas preventivas, encuentros con comerciantes, visitas barriales, capacitaciones y acompañamiento directo. Además, dentro de la estrategia “Todos unidos contra el secuestro y la extorsión”, hemos realizado consejos de seguridad y campañas lideradas por el Ministerio de Defensa, la Dirección General de la Policía y los comandos regionales. En 2025 se realizaron 17 consejos de seguridad en 15 departamentos. En lo corrido de 2026 ya van 9 consejos en 7 departamentos. Esa presencia institucional genera credibilidad y acerca al ciudadano.
Entonces, ¿cómo debe interpretar la ciudadanía esas cifras? ¿Son más casos o más denuncias?
Es importante hacer esa precisión. Lo que se registra inicialmente son denuncias recibidas por canales virtuales, presenciales o líneas telefónicas. Eso no significa que todas las personas hayan pagado una extorsión ni que todos los hechos se consoliden penalmente como extorsión. Tenemos para este año un dato clave: el 78 % corresponde a extorsiones tentadas. Es decir, la persona recibió la amenaza o exigencia económica, pero no pagó y acudió a la autoridad. Eso demuestra que la denuncia temprana está evitando que el dinero llegue a organizaciones criminales.
El coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director del Gaula. Foto:Cortesía
Usted menciona que algunas denuncias no terminan siendo extorsión. ¿Qué ocurre allí cuándo ponen la lupa?
Trabajamos en mesas técnicas con la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad constitucional encargada de consolidar cifras criminales. En ese proceso encontramos casos que inicialmente fueron reportados como extorsión, pero al revisar los hechos corresponden a estafa, amenazas u otros delitos. Existe mucha confusión entre estafa digital y extorsión. Por eso se hace depuración técnica para clasificar correctamente cada caso y atacar el fenómeno real.
¿Qué tan importante ha sido la línea 165 en este proceso?
Ha sido fundamental. Allí atendemos a las víctimas con personal especializado, incluidos psicólogos y profesionales entrenados en manejo de crisis. Cuando una persona recibe una llamada extorsiva entra en estado de angustia, miedo o desorientación. Lo primero que hacemos es contener emocionalmente a la víctima y orientarla. Luego damos instrucciones precisas para evitar pagos, preservar evidencia y activar la investigación. A la fecha, esta confianza ciudadana se traduce en una asesoría directa a más de 11.000 ciudadanos a través de nuestra y del acompañamiento personalizado de nuestras unidades Gaula a nivel nacional.
La policía a través del Gaula pidió a los propietarios de negocios que se animen a denunciar. Foto:Policía nacional
Se ha dicho que buena parte de estas llamadas salen desde cárceles. ¿Qué tienen identificado?
Entre el 40 % y el 45 % de los casos tienen origen en centros penitenciarios o están asociados a esa modalidad. Por eso impulsamos un proyecto de ley, que hace curso en el Congreso, para crear el registro de identificación de usuarios finales de tarjetas SIM, eSIM o la tecnología que las reemplace. La idea es que toda línea telefónica quede plenamente asociada a una persona mediante verificación biométrica. Eso dificultaría el uso anónimo de celulares para delinquir.
¿Cuáles son hoy las principales modalidades de extorsión?
Tenemos dos grandes líneas: la extorsión clásica y la digital. La clásica es la presencial, donde el delincuente intimida directamente al comerciante, transportador o ciudadano. La digital viene creciendo con llamadas, mensajes, redes sociales, suplantaciones y amenazas desde entornos virtuales. Por eso fortalecimos capacidades tecnológicas e investigativas.
¿Qué herramientas nuevas tiene la Policía para enfrentar ese componente digital?
Creamos el Ciber Gaula, una unidad de apoyo enfocada en investigación tecnológica, informática forense y análisis de evidencia digital. También consolidamos la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (Cipse), una red internacional de intercambio de información con más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Venezuela y Perú. Eso nos ha permitido actuar frente a estructuras transnacionales, especialmente organizaciones como el ‘Tren de Aragua’, con operaciones y capturas en distintas ciudades del país.
En El Rodadero comenzaron los operativos para acabar con la extorsión a comerciantes. Foto:Policía nacional
¿Qué ciudades tienen hoy mayor focalización institucional ante la extorsión?
Estamos priorizando Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Medellín, Cali y Villavicencio, entre otras zonas con comportamientos relevantes del delito. La asignación de capacidades se hace según denuncias, inteligencia, tendencias y presencia de estructuras criminales.
¿Qué le preocupa más cuando recorre las regiones?
El silencio. Me preocupa cuando una comunidad normaliza la extorsión y deja de denunciar. Ese silencio muchas veces nace del miedo, porque los delincuentes conviven cerca de las víctimas, conocen sus rutinas y ejercen presión territorial. Romper ese miedo es determinante para judicializar y debilitar las finanzas criminales.
¿Por qué ha sido difícil acabar con este delito?
Porque la extorsión se convirtió en una fuente de financiación criminal. Para muchas estructuras ilegales hoy hace parte de su economía, junto al narcotráfico, minería ilegal, secuestro y microtráfico. Mientras exista flujo de dinero, seguirán intentando sostener ese negocio. Por eso insistimos en la denuncia. Si no hay pago y sí hay información, la capacidad criminal se reduce.
Desde que asumió el cargo, ¿qué resultado destaca?
Destaco operaciones de rescate, capturas estratégicas y la afectación financiera de organizaciones dedicadas al secuestro y la extorsión. También la consolidación de capacidades preventivas y tecnológicas que hoy permiten una reacción más rápida frente a estos delitos.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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