Una ola de indignación desató la muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia que pasó dos meses sin recibir tratamiento y que terminó convertido en el rostro de la crisis del sistema de salud. Su caso evidencia las fallas en la atención de las EPS, especialmente las intervenidas, que han multiplicado sus deudas.
Yudy Katerine Pico, la madre del niño, lideró una cruzada en redes sociales para que Nueva EPS, administrada por el Gobierno desde 2024 tras la intervención de la Superintendencia de Salud, le suministrara Hemlibra, un medicamento que puede costar hasta 120 millones de pesos y que le ayudaba a reducir los episodios de sangrado.
Último adiós de Kevin Foto:ARCHIVO PARTICULAR
Pero el tratamiento nunca llegó y el pasado 13 de febrero Kevin murió. El caso se mediatizó y distintas voces —entre ellas la defensora del Pueblo, Iris Marín— se pronunciaron sobre el fatal desenlace y la lucha de cientos de pacientes por acceder a la atención que necesitan.
“Kevin fue una víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud», dijo la Defensora.
Sin embargo, en el consejo de ministros del pasado 16 de febrero, el ministro de Salud se refirió a la muerte de Kevin no desde las fallas del sistema para garantizar medicamentos vitales, sino desde una supuesta falta de prevención de la madre, atribuyéndola a un accidente en bicicleta que el niño sufrió dos meses atrás.
“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, dijo Guillermo Alfonso Jaramillo. Y junto con el Presidente, pidieron individualizar responsabilidades.
Según juristas consultados, la muerte del niño podría repercutir en investigaciones penales y disciplinarias contra los funcionarios que, teniendo el deber de garantizar la entrega de un medicamento vital, no lo hicieron.
«Desde luego deben responder, y la Procuraduría debería abrir cuanto antes una indagación y, si es del caso, sancionar. Creo que también habría responsabilidad penal, cuando menos por la omisión en la que han incurrido. La muerte de un menor por no dispensar a tiempo un medicamento podría encuadrarse como un delito omisivo y, ¿por qué no?, incluso podría hablarse de un homicidio. Aquí habría dos frentes: el disciplinario, en cabeza de la Procuraduría, y el penal, en cabeza de la Fiscalía», le dijo a este diario el penalista Fabio Humar.
Despedida de Kevin Foto:ARCHIVO PARTICULAR
El también penalista Saúl León coincide con este criterio jurídico.
Desde el punto de vista disciplinario, advierte que los servidores públicos que hayan intervenido o tuvieran competencia en el trámite relacionado con el niño podrían responder por una omisión en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye a funcionarios con deberes de inspección, vigilancia o gestión directa del acceso al medicamento.
Si, por ejemplo, la Superintendencia de Salud fue informada de la situación y no actuó dentro de sus competencias de control sobre las EPS o las IPS, podría haber lugar a reproches disciplinarios.
Lo mismo ocurriría si desde el Ministerio de Salud —el ministro o sus delegados— tenían competencia para gestionar o garantizar la entrega del medicamento y no hicieron nada desde su rol institucional.
«En esos escenarios, la Procuraduría General de la Nación podría abrir investigación y, de acreditarse la falta, imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e incluso inhabilidades generales de cinco o diez años, según la gravedad de la conducta«, asegura el penalista.
León plantea que también debe analizarse la actuación del personal médico y del hospital que atendió al menor. «Si existían alternativas para gestionar el medicamento, si podían conseguirlo por otra vía o adoptar medidas urgentes y no lo hicieron, la responsabilidad ya no sería disciplinaria sino penal», advirtió.
En ese caso, explica, «podría configurarse un homicidio culposo en la modalidad de negligencia. Aquí, la eventual omisión en autorizar, gestionar o suministrar un medicamento vital podría encuadrarse en la tipificación de homicidio culposo, siempre que en el proceso se logre demostrar que esa falta de actuación fue determinante en la muerte del menor».
Noticias 24/7 Foto:
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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