La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación formal contra 26 congresistas de un listado remitido por el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, quienes presuntamente enviaron hojas de vida y recomendados para ser nombrados en cargos de la entidad.
El despacho de la magistrada Cristina Lombana decidió continuar el proceso contra tres aforados: el exsenador Roy Barreras, la representante del Pacto Gloria Arizabaleta y el senador Jairo Castellanos.
Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía
Asimismo, compulsó copias contra la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y contra Gilberto Rondón González para que la Fiscalía delegada ante la Corte investigue las menciones en su contra.
La Corte, que los investigaba por posible tráfico de influencias, concluyó que 26 congresistas —entre ellos Agmeth José Escaf Tijerino, Mauricio Gómez Amín y David Barguil— no incurrieron en ese delito, tras la valoración de documentos y testimonios, incluido el del propio Reyes.
“Más allá de presentar candidatos para ocupar cargos en la DIAN, no exteriorizaron interés en obtener un beneficio personal o ilícito con el nombramiento de personas recomendadas al interior de dicha entidad, con lo que se descarta la tipicidad objetiva del hecho atribuido”, se lee en el auto de la Sala de Instrucción.
El exdirector de la Dian y exministro de Comercio declaró ante la Corte que «recibió recomendaciones para nombramientos de parte de miembros del Congreso y otras personas que, en algunos casos, fueron transmitidas a él personalmente, como fue el caso del entonces senador Roy Barreras».
Por esta razón, decidió hacer un listado interno de todas esas recomendaciones, que remitió a la Corte para que esclareciera la posible comisión de una conducta delictiva.
“Se escuchó a María Alexandra Rizo Arango, quien refirió que, con ocasión de la reforma tributaria y por orden del director general, organizó un listado con dicha información, con el que se pretendía controlar y evitar que en el concurso de méritos se ‘favorecieran los intereses de alguien a la hora de escoger a los directores seccionales’», se lee en el auto de la Corte.
Y agregó: «Ello, conforme a la directriz dada desde la Presidencia de la República. Con esa finalidad, continuó alimentando el listado con los nombres de los funcionarios que estaban siendo ‘recomendados’ por congresistas, tal como se venía haciendo en la ‘lista heredada’ que recibió de su antecesora, Vivian Barliza”.
Luis Carlos Reyes, ex ministro de Comercio Industria y Turismo Foto:Milton Diaz / El Tiempo
El documento, que primero fue remitido por Reyes a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, contenía dos listados. El primero incluía la información recolectada por Vivian Carolina Barliza durante el tiempo que permaneció como asesora III adscrita al despacho del director general de la DIAN (2014-2021).
Sobre ese listado, la Corte destacó —tras valorar los testimonios de funcionarias de la entidad— que se trataba de un control que llevaba la entonces enlace legislativa para registrar que las peticiones a su cargo no quedaran sin resolver, y no, como eventualmente interpretaron Rizo y Reyes, de un inventario de “recomendaciones” para nombramientos, ascensos o traslados que imponían los congresistas con ocasión de su cargo.
“Refulge evidente que los aforados enlistados en el documento que Vivian Carolina Barliza Idillge le entregó de manera informal a Alexandra Rizo no incurrieron en la conducta de tráfico de influencias”, recalcó la Corte.
En cuanto al documento denominado “Puesto en conocimiento de presuntos hechos”, se señaló que el control de las “recomendaciones” se elaboró desde el nombramiento de Luis Carlos Reyes Hernández como director general de la DIAN —11 de agosto de 2022—, no para llevar un registro de ‘peticiones’, como lo hacía Barliza Idillge, sino para construir una ‘lista negra’.
Esa lista tenía como finalidad incorporar las postulaciones que realizaban distintos aforados para cargos de director seccional —de impuestos o aduanas—, ascensos, estabilidad laboral, traslados entre seccionales o nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera.
Según Reyes, la “lista negra” surgió a partir de la directriz del presidente de la República en el sentido de que los cargos de la entidad “no podían seguir manejándose por las prácticas clientelistas tradicionales de la política”.
Frente a este apartado, se adjuntó un listado de 36 congresistas, entre ellos Jairo Alberto Castellanos, Roy Barreras y Agmeth José Escaf Tijerino, quienes, al parecer, realizaron algún tipo de “recomendación” o postulación a favor de algún ciudadano.
En la versión de Reyes, este no formuló señalamientos específicos frente a la mayoría de ellos y se limitó a manifestar que se trató de simples postulaciones acompañadas de la entrega de hojas de vida, razón por la cual fueron incorporados en la referida lista.
Huelga de hambre en Venezuela Foto:
Distinto fue el caso de Roy Leonardo Barreras Montealegre y Jairo Alberto Castellanos Serrano. Respecto de ellos, Reyes aseguró que habrían empleado «el ejercicio de sus funciones como mecanismo de presión».
En particular, dijo que Barreras le advirtió que, de no acceder a sus pretensiones, ello podría acarrearle consecuencias para su integridad. En estos casos ahondará la Corte que decidió dejar viva la indagación.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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