En un giro determinante para la política regional, la administración de Donald Trump ha elevado la presión sobre las autoridades en Caracas, encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El objetivo de Washington es obtener colaboración directa, datos y documentación clave para avanzar en las investigaciones judiciales que la justicia estadounidense adelanta contra nueve figuras de alto nivel del régimen chavista.
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Esta solicitud se produce tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a una cárcel en Nueva York, donde espera juicio.
La estrategia de Estados Unidos, confirmada por una fuente cercana a las negociaciones al diario ABC de España, plantea un esquema de cooperación que busca rastrear movimientos financieros y acceder a archivos administrativos confidenciales.
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Los nombres en la mira de Washington
La lista de personas de interés para el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye a familiares directos del exmandatario y a empresarios señalados como piezas fundamentales de su estructura económica.
Entre los nombres bajo la lupa se encuentran:
- Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito» e hijo del exlíder chavista.
- Alex Saab, exministro y señalado como operador financiero.
- Raúl Gorrín, empresario del sector de medios.
- Samark López Bello, identificado como presunto testaferro.
- Tareck El Aissami, expresidente de la estatal petrolera PDVSA.
- Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro mayor de Maduro.
- Pedro Luis Martín Olivares, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
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De acuerdo con las revelaciones del diario ABC de España, Washington considera a Alex Saab y Raúl Gorrín como los eslabones principales para identificar y procesar al resto de los señalados, en causas que involucran delitos de narcotráfico y lavado de activos.
El esquema de cooperación propuesto
Estados Unidos ha diseñado un plan de tres niveles para que las autoridades venezolanas faciliten las pesquisas. El primer paso consiste en permitir que funcionarios norteamericanos realicen entrevistas y revisen registros internos en Venezuela.
En una segunda fase, se propone que equipos de investigación de Estados Unidos supervisen los procesos de verificación, bajo la condición de que Caracas no haga pública esta colaboración.
El tercer nivel contempla el traslado de los investigados a territorio estadounidense. Dado que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus nacionales, se buscarían mecanismos alternativos de entrega.
Curiosamente, figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no aparecen en esta lista de prioridades inmediatas. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha advertido que su exclusión de estos procesos dependerá de su cumplimiento con las exigencias de la transición.
Encuentros de alto nivel y situación judicial
En medio de estas tensiones, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó Venezuela recientemente para reunirse con Delcy Rodríguez. Ambas partes acordaron una agenda conjunta centrada en desafíos transnacionales como el terrorismo, la migración y la lucha contra el narcotráfico.
Mientras tanto, en Nueva York, el proceso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue su curso. La audiencia judicial, inicialmente prevista para mediados de marzo, fue reprogramada para el 26 de marzo a solicitud de la fiscalía.
Maduro, de 63 años, enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.
Tras su captura el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, el exmandatario se declaró inocente ante el juez Alvin Hellerstein, alegando ser un «prisionero de guerra» y sosteniendo que aún es el presidente constitucional del país vecino. La fiscalía, por su parte, sostiene que durante más de dos décadas Maduro lideró el denominado Cártel de los Soles para enviar miles de toneladas de droga hacia Estados Unidos.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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