En un contundente pronunciamiento durante el ‘Diálogo de Seguridad’ desarrollado en el departamento del Atlántico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció formalmente las tácticas de control social y criminal de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) que operan en la región.
El jefe de la cartera de Defensa catalogó a estructuras como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ como «carteles de tráfico y crimen», señalándolos como los principales responsables de sembrar el miedo en el territorio atlanticense a través de economías ilícitas.
La denuncia del alto funcionario, quien estuvo acompañado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y mandatarios locales, puso bajo la lupa tres fenómenos criminales críticos que alimentan la inseguridad en la zona.
El ministro sostuvo que la instrumentalización de jóvenes para fines delictivos es el eje más grave de estas estructuras, seguido por la usurpación de tierras y la extorsión mediante la modalidad del «gota a gota», delitos que afectan directamente la economía popular.
Despliegue operativo y la nueva Metropolitana
Para contrarrestar el dominio de estas bandas, Sánchez anunció la puesta en marcha de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo. Esta nueva unidad administrativa y operativa busca descentralizar el control policial de Barranquilla para concentrar esfuerzos en estos municipios críticos que presentan altos índices de criminalidad judicializada.
El Ministerio de Defensa reforzará la Policía Metropolitana. Foto:Policía
La infraestructura de esta nueva unidad constará de siete estaciones de Policía, una subestación y ocho Centros de Atención Inmediata (CAI) estratégicos. Se estima que el pie de fuerza estará conformado por 1.300 uniformados, de los cuales la gran mayoría ya se encuentra en el territorio para iniciar labores de control.
El ministro subrayó que, aunque el ‘Clan del Golfo’ mantiene diálogos de paz con el Gobierno nacional, el Estado no cederá en la persecución de sus actividades ilícitas en el departamento.
Blindaje electoral ante comicios del 8 de marzo
En la recta final hacia las elecciones de Congreso, el Ministerio de Defensa confirmó una denuncia pública sobre los riesgos de fraude y compra de votos. Para blindar la jornada democrática del próximo 8 de marzo, se dispuso un despliegue nacional de 246 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el país, garantizando la seguridad en los puestos de votación.
Las autoridades hicieron el anuncio durante el consejo de seguridad en Malambo. Foto:Gobernación
Este robustecimiento del pie de fuerza fue posible gracias a la extensión temporal del servicio militar obligatorio, lo que permitió sumar a 22.000 militares y 4.000 policías adicionales a las tareas de vigilancia. Sánchez enfatizó que la clave para el éxito de este plan será la inteligencia y la denuncia ciudadana, instando a la población a informar previamente cualquier irregularidad que atente contra el derecho al sufragio.
Recompensas por delitos contra el sufragio
Como medida de choque contra la corrupción al elector, el Gobierno nacional estableció una bolsa de recompensas de hasta 50 millones de pesos. Este incentivo económico se entregará a ciudadanos que aporten información veraz y comprobable que conduzca a la captura de responsables de fraude electoral y compra de votos en el departamento.
El ministro Sánchez fue enfático en que la seguridad del Atlántico requiere un apoyo frontal del orden nacional, reconociendo que la violencia y el control territorial de los GDO es un problema de seguridad nacional que será enfrentado con todas las capacidades del sector defensa para evitar interferencias en los resultados de los comicios.
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