La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación contra las congresistas Catherine Juvinao Clavijo, Julia Miranda Londoño, Lina María Garrido Martín, Marelen Castillo Torres, Carolina Giraldo Botero y Luvi Katherine Miranda Peña.
La Sala de Instrucción desestimó la querella del ministro del Interior, Armando Benedetti, por injuria y calumnia, luego de que las parlamentarias firmaran una carta en contra de su nombramiento en el gabinete, en la que lo calificaron de “misógino” y “maltratador” y lo señalaron como responsable de presuntos episodios de violencia de género.
La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía
El asunto de la misiva, según su propio encabezado, fue: “Mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como Ministro del Interior”.
Benedetti señaló que en en el documento, remitido al presidente Gustavo Petro, las congresistas expresaron ataques reiterados e infundados que, a su juicio, transgredieron los límites del respeto a «la dignidad humana, la integridad moral, el buen nombre e incluso la presunción de inocencia»; ataques que, sostiene, provinieron de la animadversión que las firmantes experimentan en su contra.
En particular, destaca el aparte en el que se lee que «resulta inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias de género sea ahora la encargada de interlocutar, como enlace directo con el Gobierno, con las mujeres que hacen parte de la corporación y que luchan todos los días contra la violencia machista».
Enfatiza, además, en la inexistencia de providencia judicial o disciplinaria alguna que lo haya declarado responsable de actos de violencia de género como los que le fueron achacados, lo que —según alega— afectó su presunción de inocencia.
El ministro anexó a la querella publicaciones posteriores en redes sociales y entrevistas con medios de comunicación en las que las congresistas reiteraron los señalamientos en su contra. Sostuvo, además, que con la carta que dio origen al proceso se buscaba frenar su nombramiento como ministro, lo que pudo haber afectado sus posibilidades de trabajo.
Para la Corte Suprema, sin embargo, los congresistas no pueden ser investigados ni sancionados por los votos u opiniones emitidos en ejercicio de su cargo, garantía que —según lo ha precisado la Corte Constitucional— busca proteger la función representativa y el debate democrático.
En materia de control político, la Corte ha entendido que este abarca toda actividad del Congreso y de sus integrantes encaminada a cuestionar o investigar actuaciones de los demás poderes públicos e incluso de particulares cuyas conductas incidan en el interés general.
Palacio de Justicia Foto:Archivo particular
Así, «es posible admitir que, frente a los señalamientos puntuales contenidos en la carta dirigida al presidente, las suscriptoras se limitaron a poner de presente la existencia de acusaciones contra el designado ministro, incluso con alusión expresa a su presunción de inocencia, ampliamente difundidas por medios de comunicación y comunicadas en canales oficiales de la Cancillería. Ello descarta el ánimo injurioso, pues tales referencias fueron utilizadas para cuestionar su idoneidad como interlocutor, dada su eventual condición de ministro del Interior, en el marco de su labor como congresistas», señaló el alto tribunal.
En conclusión, se habría tratado de la emisión de una «opinión crítica» frente a una decisión administrativa atribuida exclusivamente al primer mandatario de la Nación, a quien, incluso, dirigieron de manera explícita la comunicación.
La Corte remitió a la Procuraduría y a la Defensoría el testimonio de Catherine Juvinao, quien relató que fue víctima de violencia sexista por parte del ministro Benedetti.
Señaló que constantemente la menospreciaba con «insultos relacionados con su condición de mujer» y en consecuencia, planteó que le gustaría que este proceso se orientara más bien como una investigación contra él.
Sobre este punto, le enumeró a la Sala algunas publicaciones realizadas por el mininterior, en las cuales le dirigió calificativos que considera misóginos.
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Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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