El año pasado el desplazamiento forzado aumentó 85 % y el confinamiento el 12 %, según la ONU. Ambos indicadores fueron propulsados por la peor crisis humanitaria registrada en décadas, en el Catatumbo, por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Eln y el ‘frente 33’ de las disidencias de Calarcá, este último grupo en negociaciones de paz con el Gobierno.
Los procesos de diálogo enmarcados en la ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron uno de los puntos que observó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe anual.
Reunión del Gobierno con Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los DD. HH. Foto:Cristian Garavito.
El organismo señaló que, durante el 2025, la mayoría de las mesas instaladas con los grupos armados «no lograron prevenir violaciones a los Derechos Humanos y abusos como homicidios de personas defensoras o el reclutamiento de niños y niñas».
«Tampoco consiguieron generar diálogos con participación libre y segura de las comunidades involucradas ni poner los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones», agrega el documento.
Sin embargo, destaca que en Nariño y Putumayo, área de influencia de la Coordinadora del Ejército Bolivariano —uno de los procesos que más le ha caminado a la política de paz—, sí se observó una disminución en los casos de desplazamiento y confinamiento cometidos por grupos armados no estatales.
La lectura general sobre la situación de derechos humanos en Colombia, sin embargo, fue gris. En vísperas de las elecciones, la ONU advirtió un aumento de los riesgos para el ejercicio libre del voto y de los derechos civiles y políticos; candidatos, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos fueron amenazados.
“El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, tras un atentado mientras participaba en un mitin político”, ejemplifica el organismo multilateral. También advierte sobre el traslado de la violencia al entorno digital, donde aumentaron los discursos de odio y los mensajes discriminatorios en redes sociales.
«En respuesta a este panorama, la Defensoría del Pueblo, junto con ONU DD. HH., la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Iglesia católica, convocaron a partidos y movimientos sociales a suscribir el Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz«, resaltó como punto positivo.
El llamado es a que el Gobierno, el Estado en general, adopte medidas efectivas para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar la participación política. «La protección de estos derechos es condición para unas elecciones pacíficas y para consolidar la implementación del Acuerdo de Paz», reiteró la ONU.
En la radiografía del conflicto, indicó que la violencia armada entre grupos armados —y entre estos y la Fuerza Pública— afectó con especial intensidad regiones como Catatumbo, Magdalena Medio y Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
El desplazamiento se ha presentado en distintas regiones del país. Foto:archivo
Estos actores fueron responsables de desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, secuestros, daños por minas o drones cargados con explosivos, violencia sexual y reclutamiento de niños y niñas, especialmente en población étnica.
Por eventos como el de Catatumbo, donde más de 80.000 personas han estado sumidas en un ciclo de desplazamiento y retorno por las dinámicas del conflicto, o por otros polvorines como Guaviare, Arauca y Cauca, el desplazamiento forzado aumentó el año pasado 85 % y el confinamiento 12 %.
Para la muestra, en Chocó se registraron cuatro paros. Y en Guaviare, un paro armado confinó a 12.601 personas y restringió la movilidad de otras 32.000.
En otras zonas donde un único grupo armado ejerce control hegemónico —como el Atrato chocoano, Córdoba, Sucre y Urabá— se registra un menor número de abusos y violaciones al derecho internacional humanitario.
Sin embargo, se trata de un maquillaje de otras vulneraciones como la imposición ilegal de normas de convivencia y mecanismos de control social.
Naciones Unidas también recibió 87 alegaciones de masacres. De estas, 53 fueron verificadas, 16 están en proceso de verificación y 18 se consideraron no concluyentes.
En las masacres confirmadas se registraron 174 víctimas: 147 hombres, 20 mujeres, 4 niños y 3 niñas. En el 95 % de los casos, la presunta responsabilidad recayó en organizaciones criminales y grupos armados no estatales. En el 75 %, la motivación estaría asociada a disputas por el control de economías ilícitas.
También se observó un aumento de ataques de las estructuras ilegales contra la Fuerza Pública, con el uso de drones cargados con explosivos, o carros-bomba (como el detonado en la base aérea de Cali) con graves afectaciones a la población civil que la ONU califica como «desproporcionadas».
En Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques en 16 municipios: murieron 21 civiles y 8 uniformados, y al menos 206 personas resultaron heridas.
Otra posible violación al DIH que menciona el informe es el denominado “plan pistola” contra integrantes de la Fuerza Pública en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 uniformados y otros 765 resultaron heridos.
El reclutamiento forzado de menores
En 2025, el alto comisionado publicó la nota ‘Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños en Colombia», en la que alertó sobre el agravamiento de la situación de la niñez y el aumento progresivo de víctimas entre 2022 y 2024.
En 2025 verificó 150 casos de reclutamiento (98 niños y 52 niñas), pero aclaran que las cifras representan apenas una fracción del fenómeno, debido al miedo a denunciar y a su normalización.
Asimismo, verificó la muerte de 17 niños y 13 niñas que habían sido reclutados en Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander. Al menos ocho niños y siete niñas murieron en cuatro bombardeos realizados en el marco de operaciones militares.
También evidenció que en Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registraron casos de uso de escuelas como trincheras por los grupos armados, lo que llevó a la interrupción de las clases.
Violencia sexual
En cuanto a la violencia sexual y de género, la ONU advirtió que se siguió ejerciendo como arma de guerra. Los actores ilegales perpetraron violaciones, explotación sexual y embarazos forzados.
Frente a este último hecho, la Oficina del Alto Comisionado conoció casos en los que estos grupos controlaban las pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibían métodos anticonceptivos y restringían el acceso a servicios de salud, lo que derivó en muertes maternas no registradas.
Desplazamiento forzoso de miles de personas en el Catatumbo Foto:AFP
«Las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes enfrentaron violencias específicas, con afectaciones físicas, psicológicas y sociales agravadas por la ausencia estatal, el cierre de servicios de salud y los silencios epidemiológicos», se lee en el informe.
Y agrega: «También se documentaron casos de reclutamiento de niñas en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos como mecanismo de captación».
Homicidio de líderes sociales
La violencia contra líderes y defensores persiste. La ONU recibió 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En 99 casos verificó que se trataba de defensores asesinados por razones vinculadas a su labor. En otros 39 casos, si bien las víctimas eran defensoras, no se pudo establecer un nexo con su trabajo.
Por tercer año consecutivo, disminuyeron las denuncias sobre presuntos ‘falsos positivos’ atribuidos a la Fuerza Pública. Pero se mantuvieron los rezagos en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
«El ACNUDH destacó como positivo que el Estado haya adquirido más de 93.536 hectáreas para grupos étnicos, constituido 123 resguardos indígenas, ampliado 94 y titulado 65 territorios para comunidades negras. Estas medidas han beneficiado a cerca de 271.000 personas en 136 municipios», concluyó el informe.
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Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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