La conectividad entre los departamentos de Magdalena y Atlántico se encuentra en un punto crítico tras la decisión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) de suspender las operaciones del ferry en el sector de Salamina.
Esta medida, fundamentada en la falta de permisos ambientales de ocupación de cauce, ha desatado un fuerte rechazo por parte de los operadores y la comunidad local.
Yimi Quintero, operador de la embarcación, denunció una presunta «persecución» institucional, señalando que el servicio ha funcionado durante más de cinco décadas sin tales requerimientos.
La suspensión no solo afecta el transporte de carga y vehículos, sino que impacta directamente a ciudadanos que dependen del ferry para acceder a servicios de salud, medicamentos y el comercio de productos básicos entre Puerto Las Carmelitas (Magdalena) y Puerto Giraldo (Atlántico).
El impacto social y económico de la parálisis fluvial
La interrupción del servicio del ferry ha generado un malestar generalizado en Salamina y municipios vecinos como El Piñón. Para los habitantes de esta zona, la embarcación es el «puente invisible» que garantiza el flujo de víveres y el traslado de pacientes hacia centros médicos de mayor complejidad en el Atlántico.
El Ferry no podrá seguir operando en Salamina. Foto:Redes sociales
Los pequeños comerciantes reportan un incremento en los costos de logística, ya que la alternativa terrestre por la Vía de la Prosperidad implica trayectos más largos, costosos y en condiciones de deterioro vial.
«La gente de a pie utiliza los ‘Johnson’ para cruzar, pero el desabastecimiento y el encarecimiento de los productos es lo que realmente nos golpea», señalan líderes comunales.
La comunidad percibe esta decisión como un obstáculo a su supervivencia diaria, especialmente para quienes deben cumplir citas médicas urgentes o transportar productos agrícolas hacia los mercados del departamento vecino.
La postura de Corpamag: legalidad y riesgo ambiental
Desde la otra orilla, Corpamag sostiene que la medida preventiva es una obligación legal y técnica para prevenir un desastre mayor. Mediante la Resolución No. 3400 de agosto de 2025, y ratificada en enero de 2026, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de las actividades de las empresas Transdier S.A.S. y Flutecar. Según la corporación, los operadores no cuentan con planes de contingencia para el transporte de mercancías peligrosas ni con los permisos de ocupación de cauce.
El ferry de Salamina tiene 50 años de estar en operación. Foto:Redes sociales
Alfredo Martínez Gutiérrez, director de Corpamag, enfatizó que la operación en el punto actual, a solo 600 metros de la cabecera municipal, es insostenible.
Informes técnicos de la Universidad del Magdalena y la Sociedad Colombiana de Ingenieros advierten que la actividad del ferry podría estar acelerando la erosión ribereña en una zona de alta vulnerabilidad.
La entidad recuerda un incidente ocurrido en septiembre de 2025, donde un vendaval hundió parcialmente una embarcación, evidenciando los riesgos de seguridad para pasajeros y trabajadores ante la falta de protocolos de emergencia.
Contexto de erosión y acciones legales en curso
La problemática en Salamina no es reciente; la erosión del río Magdalena ha amenazado la infraestructura del municipio por más de una década. El Instituto Nacional de Vías (Invías) ha calificado el área como crítica y ha ejecutado obras de estabilización que, según los conceptos técnicos, se ven comprometidas por la operación no autorizada del ferry.
Esta situación ha escalado al ámbito judicial con una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, donde la Procuraduría Ambiental ha solicitado formalmente el cese definitivo de la operación en su ubicación actual para salvaguardar la ribera.
A pesar de que los operadores insisten en que las exigencias son «nuevas o desproporcionadas» dada su trayectoria de 50 años, Corpamag se mantiene firme en que el principio de precaución ambiental debe prevalecer.
Mientras se convocan mesas de trabajo interinstitucionales con la Alcaldía, Invías y Findeter, la incertidumbre crece en una población que se siente atrapada entre la normativa ambiental y la necesidad imperiosa de movilidad.
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