A cuatro días de que los colombianos vayan a las urnas, y en una alocución que interrumpió por más de 20 minutos la programación de la televisión nacional, el presidente Gustavo Petro arremetió de nuevo contra la organización de las elecciones de este 8 de marzo. Aunque la Registraduría Nacional ha respondido uno a uno, con argumentos técnicos, cada uno de sus cuestionamientos, el jefe de Estado sorprendió este martes al pedir que los testigos de su movimiento impugnen el preconteo de votos, que en esencia es el mecanismo que usa la Registraduría para informar a los colombianos sobre los resultados de las votaciones.
El preconteo, que hacen los jurados electorales en presencia de los testigos de cada partido, no es un resultado oficial -sí lo es el escrutinio, realizado por los jueces– pero se basa en datos fidedignos de los votos recogidos en cada mesa, que quedan consignados en el formulario E-14. Este documento se digitaliza y sube a las plataformas abiertas apenas minutos después del cierre y preconteo de cada mesa.
Según la versión de Petro, la orden a sus bases políticas supuestamente busca «mitigar el efecto de unos algoritmos opacos en el conteo de los votos», atribuyéndole este proceso a un software cuyo manejo sigue relacionando, erróneamente, con Thomas Greg. Sin embargo, es la ciudadanía, representada en los jurados de votación, la encargada de contar los votos y diligenciar el formato E-14 con el número de sufragios.
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«Lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades. Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, pero si se impugna son los jueces de la República los que volverán a abrir las urnas para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no”, indicó.
Hace una semana dijo que se requerían al menos 60.000 testigos electorales «entrenados» para impugnar las mesas de votación ante supuestas inconsistencias. Esto a pesar de que las votaciones no se han realizado.
El exregistrador Alfonso Portela indicó que la propuesta del jefe de Estado no es técnicamente posible: «El preconteo no es impugnable, es un proceso de información que tiene su origen en el E-14, los jurados sí o sí deben contar los votos y consignar los resultados. El recuento procede una sola vez y tiene que tener fundamento, los jurados reciben las reclamaciones y las envían a la comisión escrutadora».
Lo que eso significa es que la sola impugnación sin pruebas, como la está pidiendo el presidente Petro, no procede, y en todo caso la decisión depende de la comisión escrutadora.
Hace una semana, Petro intentó llevar a los jurados de votación a marcar los espacios en blanco en los formatos E-14, aunque por ley solo deben diligenciarse las casillas que atribuyen votos y dejar en blanco los nombres de los candidatos o partidos que no obtuvieron ningún sufragio. Esto se hace para que el proceso de revisión de actas sea ágil y no genere confusiones. La Procuraduría ya advirtió a los jurados que las únicas instrucciones que deben seguir son las de la Registraduría, so pena de sanciones disciplinarias en el entendido de que durante el día de votación cumplen funciones públicas y deben ceñirse solo a lo que dice la ley.
En su alocución, Petro también dijo erróneamente que la etapa de preconteo es ilegal y que solo tiene validez el momento del escrutinio, en el que según él suele haber una diferencia de alrededor de un millón de votos.
El preconteo no tiene validez jurídica –lo que no significa que sea ilegal– y es en el escrutinio cuando queda consignado formalmente cuántos votos obtuvieron los candidatos y partidos políticos. El preconteo, sin embargo, es clave porque históricamente ha sido consistente con los escrutinios, que pueden demorarse días. El preconteo, en cambio, da desde las primeras horas después del cierre de las votaciones información confiable sobre los resultados de las votaciones.
LAURA CATALINA PERALTA GIRALDO
Redacción Política.
















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