Febrero cerró con 91 muertes violentas en el Atlántico, dos masacres y 43 homicidios solo en Barranquilla, un registro que, por escala y concentración territorial, reconfigura el mapa reciente de la violencia en el departamento.
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La cifra es superior a la de periodos comparables de los últimos años y se explica, según fuentes policiales y expertas, por un repunte sicarial sostenido y por la consolidación de disputas entre estructuras criminales con capacidad de fuego, logística y control de rutas.
En el área metropolitana, Soledad acumuló 25 homicidios; Malambo, 7; y Puerto Colombia, 1. La foto de cierre del mes muestra que el 97 % de los casos fueron cometidos con arma de fuego, teniendo una mayor presión concentrada en las localidades Metropolitana, Suroccidente y Suroriente de Barranquilla.
En este contexto, EL TIEMPO consultó en exclusiva a Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad de Uninorte y analista de criminalidad urbana, para entender qué hay detrás del salto en los indicadores, dónde se atasca la respuesta institucional y qué parámetros conviene observar semana a semana para leer si la situación mejora o empeora.
¿Qué describe realmente la cifra de 91 homicidios?
Melamed sostiene que el Atlántico atraviesa una mutación en sus dinámicas de violencia: un “cruento enfrentamiento” entre estructuras criminales tradicionales en Barranquilla y su área metropolitana, ahora intervenido por otras organizaciones que se insertaron en el “desorden criminal” aprovechando debilidades internas de los grupos locales y los vacíos generados por “el desorden metodológico” de la agenda de paz total.
Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad de Uninorte y analista de criminalidad urbana Foto:Cortesía
Para el analista, la suma de estos factores explica el “rebote” de indicadores que habían logrado mesetas relativas y hoy vuelven a acelerarse. La lectura conecta con la distribución territorial de los asesinatos, ya que tiene una mayor concentración en barrios con economías ilícitas activas, además de los sicariatos en vía pública.
El resultado visible es un mes anómalo por densidad y letalidad, en el que retaliaciones y disputas por rentas ilícitas (microtráfico, pagadiarios, control de plazas) se impusieron sobre otras tipologías.
¿La justicia local tiene capacidad real para contener una estructura que se vuelve más violenta?
La respuesta de Melamed es tajante: no. Plantea que hay una discusión pendiente a escala nacional que estaría fuera del margen de maniobra de mandatarios locales. Habla de un ecosistema de justicia colapsado: jueces y fiscales con cargas procesales que desbordan su capacidad, flujos de casos que no se tramitan con la oportunidad debida, órdenes que se dilatan y medidas que no llegan a tiempo para contener la curva delictiva.
El ecosistema de justicia del Atlántico estaría colapsado. Foto:Archivo particular
En esa fricción, las capturas logradas que podrían desarticular células criminales terminan perdiendo efecto por fallos en secuencia: la judicialización no avanza, la medida no se impone y perfiles peligrosos regresan a la calle en menos de lo que la gente cree.
Este cuello de botella produce un efecto pedagógico inverso en la ciudadanía y los que delinquen, ya que la baja probabilidad de sanción alimenta la percepción de que el riesgo penal es bajo, lo que estimula la persistencia y reincidencia en economías ilícitas.
¿Qué debemos monitorear cada semana para saber si mejora o empeora?
Para Melamed, no basta con el conteo de homicidios. Para entender si la situación realmente mejora o empeora, es clave cruzar mensualmente las cifras de delitos con el número de capturados y, a su vez, con los judicializados.
Si la judicialización no avanza, perfiles peligrosos regresan a la calle rápidamente. Foto:Policía nacional
Explica que este contraste permite ver dónde se rompe la cadena; dado que aunque se reportan las capturas, muchos detenidos recuperan la libertad en poco tiempo, lo que termina alimentando la presencia en calle de personas de alta peligrosidad, incluso con decenas de anotaciones judiciales, que continúan delinquiendo.
Añade que es necesario determinar en qué punto exacto del proceso penal ocurre la fuga del sistema. Esto implica revisar si la pérdida del caso se da en la flagrancia, en la valoración de pruebas, en la formulación de imputación o en la solicitud de medidas de aseguramiento. Solo identificando esa falla estructural se podría entender por qué un porcentaje importante de capturados no llega a ser finalmente judicializado.
Finalmente, advierte que el monitoreo debe incluir los hechos delictivos que se denuncian o se coordinan desde las cárceles, pues allí persisten dinámicas de extorsión y otras conductas que continúan alimentando la violencia en las calles.
¿Qué estructuras del Estado fallan hoy de forma más grave?
Melamed ve la respuesta en un análisis en cascada —de lo nacional a lo local— y afirma que a la seguridad y la justicia en Colombia “les hace falta un doliente” que impulse soluciones ya diagnosticadas. Señala, como ejemplo decisivo, al sistema penitenciario y carcelario, que “no funciona” y que faltan cupos, infraestructura, reglas efectivas de aislamiento para jefes y coordinadores del delito desde prisión y estándares de inteligencia penitenciaria acordes al nivel de riesgo actual.
Melamed sostiene que el Atlántico atraviesa una mutación en sus dinámicas de violencia. Foto:Captura de pantalla
Si quienes delinquen no perciben consecuencias reales, es complicado. Melamed afirma que “un delincuente que sabe que en el 90% de los casos no tendrá castigo, es un criminal sin miedo a la autoridad por la falta de consecuencias.”
De hecho, en febrero, buena parte de los homicidios son sicariatos de corta planificación, con motocicleta, armas cortas y mensajes de control territorial. Un esquema que se alimenta, justamente, de la sensación de impunidad y de la operatividad de redes desde y fuera de los centros carcelarios.
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Melamed pide no quedarse en la superficie mediática del dato y sugiere una lectura caso a caso a la luz de calificaciones fiscales y judiciales posteriores. Con base en su monitoreo, afirma que en la mayoría de ocasiones se trata de muertes de mujeres que han sido instrumentalizadas y vinculadas a economías ilícitas (sea como cooptadas, presionadas, parejas o fichas de grupos) y que caen en el enfrentamiento entre estructuras.
La mayoría de ocasiones se trataría de muertes de mujeres que han sido instrumentalizadas Foto:Istock/redes sociales.
En ese “ecosistema de violencia”, advierte, confluyen patrones de control criminal y violencias de género, lo cual exige intervenciones diferenciales con prevención focalizada, protección inmediata y células investigativas que entiendan el vínculo entre territorio, economía ilegal y riesgo para mujeres y niñas.
Las verdades incómodas que el Atlántico debe asumir
Para Melamed, la primera verdad incómoda es reconocer que el Atlántico opera en soledad territorial. La lectura del experto apunta a que el Gobierno nacional no ha construido una articulación funcional con los mandatarios departamentales y municipales que percibe como adversarios políticos, lo que se traduce en menor acompañamiento, menor coordinación interinstitucional y retrasos en la asignación de recursos claves para enfrentar la criminalidad.
A su criterio, esto es un vacío más político que técnico que ha dejado a los territorios expuestos a una asimetría estructural frente a organizaciones delincuenciales que sí actúan con cohesión y planificación.
Febrero cerró con 91 muertes violentas en el Atlántico, de las cuales 43 fueron en Barranquilla. Foto:EL TIEMPO
La segunda afirmación incómoda que plantea es la existencia de un déficit estratégico dentro del propio departamento. Melamed sostiene que las autoridades del Atlántico no han logrado establecer una línea de mando clara ni una hoja de ruta territorial coherente para los municipios bajo su jurisdicción.
Esa ausencia de dirección, advierte, impide articular niveles estratégicos, operacionales y tácticos en los tres ejes de conectividad del departamento (oriental, central y costero), lo que deriva en intervenciones fragmentadas, esfuerzos dispersos y ciclos permanentes de improvisación.
El resultado, concluye Melamed, es un esquema de seguridad reactivo, que llega tarde y se mueve detrás del crimen en vez de anticiparlo. Las estructuras delincuenciales ocupan rápidamente los vacíos de gobernanza, amplían su influencia en corredores estratégicos y se adaptan con mayor velocidad que las instituciones.
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Reconocer estas verdades incómodas es, según el experto, el punto de partida para revertir una tendencia que ya dejó cifras históricas en homicidios y un departamento operando en el umbral de su capacidad institucional.
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