La Gobernación del Atlántico anunció una ofensiva institucional contra el juego ilegal, especialmente contra el chance clandestino, al considerar que esta actividad pone en riesgo los recursos destinados al sistema de salud del departamento.
La estrategia fue definida durante la instalación del primer Comité Departamental contra el Juego Ilegal de 2026, un espacio que busca fortalecer los operativos, avanzar en procesos judiciales y frenar las redes que operan apuestas ilegales en distintos municipios del Atlántico.
En el encuentro participaron representantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Policía del Atlántico, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría del Interior departamental, Edusuerte y la empresa Servicios de Occidente, concesionaria del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el departamento.
Durante la sesión se identificaron zonas con mayor presencia de esta actividad ilegal, entre ellas Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanalarga, donde se concentrarán las acciones operativas y judiciales en los próximos meses.
Golpe a las finanzas de la salud
Las autoridades advirtieron que el juego ilegal representa una amenaza directa para los recursos que financian la atención en salud, especialmente para la población más vulnerable.
Edificio de la Gobernación del Atlántico, en el Centro de Barranquilla. Foto:Gobernación
El asesor del despacho del gobernador del Atlántico, Armando de la Hoz, explicó que el trabajo conjunto entre las instituciones permitirá avanzar en resultados más contundentes contra este delito.
“Hoy instalamos el primer comité del año contra el juego ilegal en el departamento del Atlántico con la participación de todas las fuerzas institucionales. Hemos definido acciones puntuales que nos permitirán seguir generando capturas y operativos contra quienes promueven esta actividad ilegal. Cada peso que se juega por fuera de la legalidad es un recurso que se le quita al sistema de salud”, señaló.
Por su parte, el gerente de Edusuerte, Carlos Martínez, explicó que las rentas provenientes del monopolio de juegos de suerte y azar son fundamentales para sostener el sistema de salud en el departamento.
“En el Atlántico cerca de 1,6 millones de personas pertenecen al régimen subsidiado de salud. En 2025 recibimos aproximadamente 15.000 millones de pesos provenientes de este sector para apoyar la atención de esta población. El juego ilegal reduce estos recursos y afecta directamente la financiación del sistema”, afirmó.
Riesgo de prescripción en miles de procesos
Durante el comité también se alertó sobre la situación judicial de los casos relacionados con apuestas ilegales.
Según las autoridades, alrededor de 3.000 procesos judiciales podrían prescribir, lo que significa que los responsables quedarían sin sanción si no se avanza con mayor rapidez en las investigaciones.
Ante este panorama, se acordó enviar un oficio formal a la Fiscalía General de la Nación solicitando el fortalecimiento del equipo encargado de estos casos para evitar que queden en la impunidad.
Delito que financia otras economías criminales
Las autoridades también advirtieron que el juego ilegal no solo afecta las finanzas públicas, sino que además sirve como fuente de financiación para otras actividades delictivas.
La Policía Metropolitana de Barranquilla trabaja con investigadores de la Fiscalía. Foto:Policía
Jhony Ángel Mena Herrera, representante legal de Servicios de Occidente, explicó que actualmente se han identificado varias modalidades de apuestas clandestinas que operan en el departamento.
“Estamos enfrentando diferentes modalidades como el chance ilegal, apuestas deportivas clandestinas, casinos ilegales y plataformas que operan por WhatsApp. Este fenómeno se ha convertido en un mecanismo que termina financiando otras actividades criminales como extorsión, microtráfico y compra ilegal de armas”, señaló.
Acciones acordadas
Como resultado del comité, las autoridades acordaron fortalecer los operativos y allanamientos contra redes de juego ilegal, mejorar la articulación con la Fiscalía para evitar la prescripción de procesos y realizar acciones focalizadas en los municipios con mayor incidencia de este delito.
También se planteó vincular a los alcaldes municipales en la estrategia territorial** y avanzar en estudios técnicos que permitan dimensionar el impacto económico que tiene el juego ilegal sobre las finanzas públicas del Atlántico.
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