En tan solo una semana, y en medio de la peor crisis del sector en décadas, el presidente Gustavo Petro puso a la cabeza de entidades claves del sistema de salud a dos políticos cuestionados y vinculados a investigaciones por corrupción. El viernes de la semana pasada se confirmó la llegada del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS. Cinco días después, el miércoles de esta semana, se ahondó la polémica con la publicación de la hoja de vida del exalcalde de Medellín Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud.
No son hechos aislados en este gobierno, pues en esta recta final el Presidente ha optado por rodearse en su círculo más íntimo, del gabinete hacia abajo, de funcionarios cuestionados, con investigaciones y hasta imputados, como es el caso de los dos exalcaldes. Para analistas, es sumamente preocupante tener un alto gobierno lleno de imputados y más cuando los delitos de los que se les acusa son contra la administración pública. Es un mensaje contradictorio de la propuesta de cambio con la que llegó Gustavo Petro a la Casa de Nariño y con una bandera en la lucha contra la corrupción que se terminó desdibujando.
Presidente Gustavo Petro en España. Foto:Presidencia.
La decisión de nombrar o de mantener funcionarios cuestionados es casi un sello del actual gobierno. Mientras en otras administraciones los funcionarios, incluso los más cercanos al mandatario de turno, se caen por la presión de los escándalos, Petro le apuesta a sostenerlos a pesar de todo o, si no lo puede hacer, por moverlos a otros cargos o reencaucharlos incluso con más poder después de cortas salidas del Gobierno. Ese fue el caso de Laura Sarabia y de Armando Benedetti.
Los analistas señalan que el carácter provocador del Presidente y su narrativa de un supuesto bloqueo a su gobierno están detrás de varias de esas decisiones.
Una tendencia que lo lleva incluso a desafiar fallos judiciales, como ha ocurrido con nombramientos diplomáticos que le han tumbado por falta de requisitos, en los que Petro insiste. De hecho, lo acaba de hacer con Cielo Rusinque, cabeza de la Superitendencia de Industria y Comercio que volvió a poner en el cargo por la vía de modificar los requisitos de idoneidad.
El analista Jairo Libreros dice que, como ocurrió con su alcaldía de Bogotá, Petro ha cerrado su gobierno con funcionarios que, a diferencia de su primer gabinete, no se atreven a cuestionar sus órdenes, incluso las más polémicas y hasta las que tienen problemas de legalidad, como pasó con el fallido ‘decretazo’ de la consulta popular.
“Petro se ha quejado de que sus funcionarios no defienden las decisiones. Quintero y Ospina son personajes que dan la pelea. Es un juego político. Los deja en un nivel de exposición mediática muy alto, entonces es una exposición muy alta para pelear alcaldías y gobernaciones”, aseveró el académico.
Presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto:Presidencia.
Para la profesora María Margarita Zuleta, de la Universidad de los Andes, el mensaje que ha dado el mandatario todo este tiempo es “que gobierna con los afines, no le importa el momento o la situación de estos”.
Eso implica incluso dejar el aspecto ético en un segundo plano. Zuleta dice que, sin desconocer la presunción de inocencia, se trata de nombramientos inconvenientes: “Es muy difícil que logren hacer algo positivo. Pensar que alguien ajeno a la salud llegue en los últimos cuatro meses a trabajar, es poco probable. Más cuando acumulan tantos escándalos. Van a tener que ocupar su tiempo más en defenderse que en trabajar”, afirmó.
La política del mandatario de nombrar y mantener funcionarios con líos judiciales ha sido ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil. Transparencia por Colombia junto con otras veedurías criticaron la llegada de Quintero a la Superintendencia de Salud y no solo señalaron la falta de experiencia del exalcalde en ese sector, sino que también recordaron que “ha sido imputado por delitos contra la administración pública por hechos que habrían ocurrido durante su gestión como alcalde”. Para estos sectores, “se trata de una persona que no es idónea para el cargo, sin garantías suficientes de integridad”.
A finales de 2025, Transparencia por Colombia hizo un llamado similar en su informe anticorrupción: “Es fundamental que el Presidente de la República asuma la lucha contra la corrupción de manera coherente y responsable. Más allá de señalar a los funcionarios involucrados en escándalos, resulta indispensable atender las problemáticas internas del Gobierno. Esto implica actuar con coherencia al momento de nombrar y mantener en cargos cercanos al Presidente a personas implicadas en casos de corrupción”.
Para expertos, el tema anticorrupción en el gobierno de Gustavo Petro nunca ha estado en primer plano. Algunos leyeron las movidas de la semana pasada como una forma de lograr los apoyos políticos de los dos exalcaldes para favorecer la campaña de Iván Cepeda. Otros apuntaron a una posible cooptación de la Nueva EPS como forma de garantizar sus recursos para los asuntos electorales. Quintero, de hecho, fue sancionado por la Procuraduría por participación indebida en política en favor de Petro en medio de la campaña del 2022.
Otra constante del Gobierno ha sido que cuando los escándalos o las investigaciones judiciales y disciplinarias hacen insostenible a un funcionario, Petro empieza a intentar desmarcarse a pesar de la cercanía anterior. Pasó con Olmedo López en la UNGRD y con Álvaro Leyva en la Cancillería con el lío de los pasaportes.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Bajo su dirección ocurrió el escándalo de los carrotanques. Foto:EL TIEMPO
Quintero y Ospina, claros operadores políticos, llegan en plena campaña presidencial. Expertos en el tema de salud señalan que la idea del Presidente de liquidar a varias EPS intervenidas y de trasladar a millones de pacientes a Nueva EPS, a lo que se oponía el anterior supersalud, implicaría la llegada de decenas de miles de millones de pesos de la UPC a la entidad que manejará el exalcalde de Cali.
Esa plata y los inevitables ajustes en las nóminas en salud en las zonas donde operan las EPS que serían liquidadas podrían convertir a Nueva EPS en un verdadero botín electoral justo en la etapa definitiva de la campaña presidencial.
Si el nombramiento de Ospina generó debate ante los cuestionamientos por su gestión en la Alcaldía de Cali, la llegada de Quintero —que apenas hace un mes era candidato presidencial— a la entidad que debe velar por el buen funcionamiento de los servicios de salud disparó los cuestionamientos, incluso en el mismo Gobierno.
Distintos sectores apuntaron a una misma preocupación: las razones para entregar el manejo de la EPS más grande del país y del órgano de control del sector de salud a dos exmandatarios locales cuya gestión no solo fue cuestionada, sino que también está en la mira de los órganos de control, incluida la Fiscalía. Esto, además, en medio de una campaña electoral en la que el gobierno Petro ha sido cuestionado por su abierta participación en política.
En el caso del nuevo interventor de la Nueva EPS, Ospina enfrenta un proceso por el tema del alumbrado navideño de Cali en 2020. En cuanto a Quintero, hay un escrito de acusación de la Fiscalía por el millonario escándalo de Aguas Vivas, el mismo por que el que varios de sus alfiles están procesados.
Altas fichas del petrismo se manifestaron con vehemencia en contra de las polémicas designaciones: “Leer esta noticia me confronta. En mi paso como concejala de Cali le hice oposición a Jorge Iván Ospina y cuestioné y sigo cuestionando la poca transparencia de su gobierno. La vida y menos nuestro gobierno puede darles oportunidades a quienes no le han servido bien al pueblo. Jorge Iván primero debe rendirle cuentas al pueblo caleño”, dijo la representante electa por el Pacto Histórico Ana Erazo frente al nombramiento del nuevo interventor de la Nueva EPS.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, manifestó una posición más fuerte contra Quintero. “El papel que se le otorga a Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”, dijo Carrillo. Y añadió: “Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo. La verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”.
El director de la UNGRD alertó por el peligro de tener ese tipo de figuras dentro del proyecto político: “Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública, tiene derecho a su defensa, pero el Pacto Histórico no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos, nada le debemos y nada nos aporta”. Carrillo, una figura a la vez destacada pero incómoda en el Gobierno, ha dicho que fichas puestas por el exalcalde de Medellín en la UNGRD en los tiempos del saqueo de Olmedo López tienen aún muchas explicaciones pendientes.
Si las posturas en el seno del Gobierno fueron duras, en los sectores de oposición aprovecharon la situación para pedir un pronunciamiento claro de Iván Cepeda, el candidato del petrismo y quien figura como uno de los favoritos en las encuestas.
“Poner a un funcionario acusado de delitos y con historial de suciedad administrativa es la jugada final para la captura electoral, y para saltarse la ley de garantías y girar recursos a sus aliados de la ‘paz total’ territorial”, dijo Paloma Valencia.
En un tono similar estuvo Abelardo de la Espriella: “La designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud es la radiografía más clara del actual gobierno: todo para los de siempre y nada para los ciudadanos”. Luego hizo énfasis en el proceso legal que tiene el exalcalde de Medellín: “Imputado por corrupción, incapaz como administrador e inexperto ante un sistema que el propio Gustavo Petro decidió destruir”.
Ospina es médico, mientras que Quintero no tiene mayor experiencia en el manejo de la salud. Los dos comparten las dudas acerca de la actuación de sus hermanos en el tiempo en que estuvieron al frente de las capitales del Valle y de Antioquia. Ellos son Mauricio Ospina, quien además fue alta ficha de la cuestionada Dirección Nacional de Inteligencia por orden del presidente Petro, y Miguel Quintero, quien aparece en varios de los procesos de la Fiscalía por señalamientos de corrupción en el cuatrienio de su hermano.
Aunque la actual polémica ha sido intensa, lo cierto es que el presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por nombrar, mantener o aplicar la puerta giratoria en altos cargos a figuras cuestionadas o investigadas e incluso acusadas por la Fiscalía. Hace apenas una semana se dio la salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol para que este enfrente los procesos que tiene por posible corrupción en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá y por la presunta superación de los topes de gastos en la campaña Petro Presidente de 2022. A pesar de la gravedad de los señalamientos que rondan a Roa desde hace más de dos años y del posible impacto sobre la principal empresa del país, el presidente Petro lo ha mantenido en el cargo y sigue moviéndose para tratar de que su amigo personal regrese del descanso forzado al que lo mandó, en contra de la opinión del Presidente, la junta directiva de Ecopetrol.
Ricardo Roa Foto:Ricardo Roa
El primer mandatario no ocultó su enfado con la medida. “Tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos sino de los uribistas. ¡Ay Dios!, cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto”, dijo el mandatario. Roa, como Armando Benedetti, otro personaje cuestionado del ‘sanedrín’ del Presidente, conoció a la perfección todos los manejos de plata en la campaña del 2022.
Benedetti está llamado a juicio en la Corte Suprema y tiene varios procesos pendientes por cargos de supuesta corrupción. Lo propio pasa con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, cuyo nombre aparece en el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.
También está el caso de Juliana Guerrero, imputada por fraude procesal por el falso grado de la Fundación de Educación Superior San José. Si bien es cierto que dicho escándalo frenó su llegada al Viceministerio de la Juventud, esto no ha impedido que la joven, a quien Petro ha defendido en varios escenarios, siga siendo considerada como uno de los poderes emergentes en Palacio y continúe siendo la representante del Gobierno Nacional en la junta directiva de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde acaba de poner una ficha suya como rector.
Ricardo Roa, Armando Benedetti y Juliana Guerrero. Foto:Archivo particular
También está la compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia contra el ministro de Salud y exgerente de la campaña de Senado, Guillermo Alfonso Jaramillo, por posibles irregularidades en las cuentas de la campaña de Senado del Pacto Histórico.
Las críticas al gobierno Petro no son solo por los procesados judicialmente. Están los casos del general Juan Miguel Huertas y Wílmer Mejía, nuevo director de la Uiaf. A pesar de que investigaciones periodísticas muestran posibles nexos con las disidencias de ‘Calarcá’ y que la Fiscalía destacó la veracidad del material aportado, el mandatario los ha mantenido en el cargo, los ha respaldado y hasta calificó las denuncias como montajes.
Los analistas insisten en que en Colombia no se debe naturalizar gobernar con imputados.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
REDACCIÓN POLÍTICA
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