Durante más de tres meses, un equipo integrado por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y especialistas en distintas áreas ha trabajado en la estructuración del proyecto denominado Escudo Nacional Antidrones. La iniciativa busca desarrollar capacidades para enfrentar el uso de aeronaves no tripuladas por parte de organizaciones criminales y forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer los sistemas de defensa y seguridad del país.
El programa, cuyo costo estimado alcanza los 6,2 billones de pesos, surge en respuesta al incremento del uso de drones en actividades ilícitas asociadas a estructuras narcotraficantes y grupos armados. La propuesta plantea la incorporación de tecnologías capaces de detectar, anticipar y neutralizar estos dispositivos, en un intento por reducir su impacto en operaciones ilegales y en escenarios de confrontación armada.
El interés internacional no tardó en aparecer. Desde que el proyecto fue socializado el pasado 16 de enero, delegaciones colombianas han visitado ocho países —Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido— para conocer de primera mano distintas soluciones tecnológicas en materia de defensa. En esas visitas se revisaron sistemas vinculados con vehículos blindados, aeronaves, municiones, armamento, drones y plataformas de defensa antidrones.
Un sistema antidrones. Foto:Cortesía
En paralelo, el proyecto ha despertado el interés de gobiernos y empresas del sector. Hasta ahora, 21 países han manifestado su disposición de presentar alternativas tecnológicas para enfrentar el uso de drones por parte de organizaciones criminales. A ese proceso se han vinculado 115 compañías internacionales invitadas por el Ministerio de Defensa para exponer soluciones y participar en el desarrollo del sistema.
El cronograma contempla que entre el 23 de marzo y el 10 de abril se realicen las primeras demostraciones técnicas. Durante ese período se evaluarán equipos y plataformas capaces de identificar la presencia de drones, anticipar su trayectoria y neutralizar su funcionamiento en distintos escenarios operacionales.
De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, la prioridad es avanzar con rapidez en esta primera fase del proyecto. La implementación del Escudo Nacional Antidrones, explicó, busca incorporar herramientas que permitan reducir riesgos para la población y para la Fuerza Pública en zonas donde se ha documentado el uso de estos dispositivos.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa en EE. UU. Foto:Cortesía Presidencia
El proceso también ha sido acompañado por organismos de control. Desde el inicio de la iniciativa, el Ministerio de Defensa ha mantenido intercambio de información con la Procuraduría General de la Nación, entidad que revisa los procedimientos y supervisa los avances administrativos del proyecto.
Las medidas de control se extendieron a la contratación. En diciembre pasado, el ministro firmó la Directiva 042 contra el soborno, un lineamiento dirigido a los procesos contractuales del sector defensa. El documento establece lineamientos para prevenir irregularidades y garantizar que los funcionarios vinculados a estos proyectos actúen conforme a las normas que rigen el manejo de recursos públicos.
Las propuestas presentadas por países y empresas deberán cumplir con los procedimientos contractuales definidos por la legislación colombiana. Equipos técnicos, financieros y jurídicos del Ministerio de Defensa serán los encargados de evaluar cada oferta antes de avanzar en eventuales acuerdos o adquisiciones.
Como parte de los mecanismos de control ciudadano, la cartera de Defensa mantiene habilitada la línea 157 Anticorrupción, un canal destinado a recibir denuncias relacionadas con irregularidades administrativas, procesos contractuales o posibles delitos contra la administración pública.
Redacción Justicia
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