El nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia abre un escenario de tensión entre el regulador y las empresas prestadoras, en un momento en que el sector enfrenta presiones sobre costos, inversión y sostenibilidad. Aunque la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) plantea una actualización orientada a mejorar el sistema, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) advierte que los cambios, en las condiciones actuales, podrían derivar en incrementos tarifarios y dificultades operativas para los grandes prestadores.
La medida impactaría a 188 empresas que atienden a más de 34 millones de personas en el país, lo que sitúa la discusión en el centro del funcionamiento del servicio público. El debate no solo gira en torno a las tarifas, sino también a la capacidad de las compañías para adaptarse a un nuevo esquema regulatorio con exigencias técnicas y financieras más altas.
LEA TAMBIÉN
Cambios regulatorios
El gremio reconoce la necesidad de actualizar la regulación del sector, pero plantea dudas sobre la forma en que se estructuró el nuevo marco tarifario. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las diferencias entre el documento publicado para participación ciudadana y la versión que posteriormente fue remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Según Andesco, los cambios introducidos son sustanciales y afectan la comprensión del alcance de la regulación. Esto, señala, limita la efectividad del proceso participativo, ya que los agentes del sector y la ciudadanía se pronunciaron sobre un texto distinto al que finalmente sería adoptado.
“En una decisión de esta magnitud, la participación no puede ser solo formal: debe recaer sobre la versión que realmente será adoptada”, indicó el gremio, al referirse a la necesidad de mayor coherencia en el proceso regulatorio.
Este punto adquiere relevancia en un contexto donde las decisiones tarifarias inciden directamente en la estructura financiera de las empresas y en el acceso al servicio por parte de los usuarios. La incertidumbre sobre el contenido final del marco regulatorio introduce, según el gremio, riesgos para la planeación del sector.
Los cambios introducidos son sustanciales y afectan la comprensión del alcance de la regulación. Foto:Alcaldía de Bogotá / Istock.
Falta de transición
Otro de los elementos que concentra las preocupaciones es el tiempo previsto para la implementación. El nuevo marco establece su entrada en vigencia el 1 de julio de 2026, un plazo que, según Andesco, no resulta compatible con los ajustes que deben realizar las empresas.
La adopción del esquema implica el desarrollo de estudios tarifarios, la formulación de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información y la coordinación con autoridades territoriales, entre otros procesos técnicos. Estas tareas requieren tiempo y recursos, especialmente en un sector donde la operación depende de planificación de largo plazo.
El gremio advierte que, en experiencias anteriores, la discusión de los marcos tarifarios tomó cerca de un año, mientras que su implementación se extendió entre seis y once meses. Bajo ese antecedente, el cronograma actual podría generar condiciones de cumplimiento difíciles de alcanzar.
Esta falta de transición también incide en la competencia entre prestadores, ya que no todos cuentan con las mismas capacidades técnicas y financieras para adaptarse al nuevo modelo en los mismos tiempos. Esto podría generar desequilibrios en el mercado y afectar la continuidad del servicio en algunas regiones.
La adopción del esquema implica el desarrollo de estudios tarifarios. Foto:Alcaldía de Bogotá.
Impacto en tarifas
Aunque el objetivo del nuevo marco es, según lo planteado, reducir tarifas, Andesco advierte que los efectos podrían ser distintos. Los análisis del gremio señalan que las nuevas obligaciones en materia ambiental, gestión del riesgo y reducción de pérdidas implican inversiones adicionales que presionan los costos del sistema.
Estas exigencias incluyen la formulación e implementación de planes específicos y el cumplimiento de estándares técnicos que, en algunos casos, se basan en cálculos errados o no ajustados a la realidad de todos los territorios.
Como resultado, las empresas podrían trasladar esos costos a las tarifas, lo que contradice el objetivo inicial de la regulación. Además, Andesco señala que no se ha demostrado plenamente la viabilidad de estas medidas en todas las regiones, especialmente en aquellas con menores capacidades operativas.
En este escenario, el gremio hace un llamado a la CRA para revisar integralmente el marco tarifario, con el fin de garantizar transparencia, sustento técnico y condiciones adecuadas de implementación. También alertó a la Procuraduría y la Contraloría sobre los posibles efectos del modelo.
“Una regulación bien diseñada fortalece la adecuada prestación de los servicios públicos, mientras que decisiones apresuradas pueden generar incertidumbre y trasladar impactos a los usuarios”, indicó la Asociación.
La discusión sobre el nuevo marco tarifario se instala así en un punto donde convergen regulación, sostenibilidad financiera y acceso al servicio, en un sector clave para el funcionamiento de las ciudades y el bienestar de millones de personas.
Más noticias
LEA TAMBIÉN
LEA TAMBIÉN
Deja una respuesta