La controversia institucional alrededor de la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) escaló tras la publicación de un comunicado del Consejo Directivo en el que la institución rechaza de manera categórica las denuncias difundidas el 17 de marzo por la Fundación Acosta Bendek (FAB).
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Según esas denuncias, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) habría compulsado copias penales contra varios directivos por presuntas irregularidades administrativas y un desfalco superior a 40.000 millones de pesos.
La universidad asegura que dicha versión es falsa y que los señalamientos de la Fundación están basados en información “tendenciosa, imprecisa y carente de veracidad”, originada —según afirma el comunicado— en los pronunciamientos públicos de Ivonne Acosta Acero, quien se presenta como presidenta de la FAB.
Directivos de Unimetro: “No hay compulsa del Ministerio, solo un traslado”
En un comunicado, la Universidad Metropolitana sostiene que el Ministerio no compulsó copias por iniciativa propia, sino que simplemente dio traslado a la Fiscalía de una petición radicada por la Fundación Acosta Bendek.
Vista general del campus de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Foto:Unimetro
Según la respuesta oficial del MEN —citada textualmente en el comunicado universitario— la actuación se originó “en atención a la petición elevada por la Fundación Acosta Bendek”, y no implica apertura de investigación administrativa, disciplinaria o penal por parte del Ministerio.
El MEN puntualiza, según el Consejo Directivo, que la valoración de los hechos corresponde exclusivamente a la Fiscalía y que la cartera educativa no es competente para establecer responsabilidades en este caso.
La universidad añade que la Fundación no aportó documentos que mencionaran hechos de corrupción, desfalco o saqueo, y que sus comunicaciones se limitaron a “cuestionamientos vagos” sobre actas emitidas por el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo sostiene que la Fundación “indució a error” a la prensa y solicita a los medios realizar aclaraciones, indicando que la información difundida sería producto de “una estrategia para generar confusión y deslegitimar la gestión universitaria”.
La institución afirma además que iniciará acciones legales contra Ivonne Acosta Acero, a quien califica —en su comunicado— como “prófuga de la justicia” y responsable de un saqueo anterior a la universidad, aunque estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades judiciales.
Presunto desfalco, irregularidades y compulsa de copias
Por otra parte, la Fundación Acosta Bendek informó que el Ministerio había remitido a la Fiscalía General de la Nación copias para investigar a la actual cúpula directiva por posibles delitos asociados a corrupción, manejo indebido del gobierno universitario y un presunto desfalco que superaría los 40.000 millones de pesos.
Fachada de la Universidad Metropolitana. Foto:Archivo/EL TIEMPO
La Fundación señaló como posibles investigados a miembros del Consejo Directivo y al rector en ejercicio, y añadió que existían indicios de “violencia sistémica de género” en el marco de estas actuaciones.
La FAB también sostuvo que el caso se sumaba a antecedentes judiciales, entre ellos la imputación en contumacia hecha por la Fiscalía el 29 de enero contra Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo, por presuntos delitos de tráfico de influencias y tentativa de soborno.
Según documentos referidos por la Fundación, los hechos incluirían intentos de influir en resoluciones del Ministerio entre 2016 y 2017 mediante la intervención de un senador posteriormente condenado, así como un ofrecimiento de $200 millones a un juez para modificar una decisión judicial clave sobre el gobierno universitario.
En esa misma comunicación, la FAB pidió una intervención inmediata del Ministerio, la separación de los directivos cuestionados y una investigación exhaustiva sobre el manejo de los recursos de la institución.
Decisiones pendientes
Con la coexistencia de dos versiones completamente opuestas, el caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los señalamientos consignados en la petición de la Fundación Acosta Bendek constituyen conductas penalmente relevantes o si, por el contrario, no hay mérito para avanzar en una indagación formal.
La Fiscalía General de la Nación tiene el caso en sus manos. Foto:Foto: Jesús Blanquicet
Mientras tanto, la comunidad académica permanece en tensión. El choque de comunicados revive viejas fracturas internas y deja al descubierto un conflicto institucional que mezcla disputas por el control universitario, procesos judiciales en curso, cuestionamientos sobre la legitimidad de las autoridades y un ambiente de creciente desconfianza entre los distintos actores.
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La Fiscalía deberá definir los próximos pasos del proceso. La universidad y la Fundación, por su parte, se mantienen cada una en su postura, a la espera de que las autoridades determinen —con documentos y decisiones oficiales— cuál de las dos versiones corresponde realmente a los hechos.
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