Las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles reuniones entre el candidato Abelardo de la Espriella y empresarios vinculados a Thomas Greg & Sons abrieron un nuevo frente de controversia política, esta vez centrado en el origen y la naturaleza de la información divulgada desde la Casa de Nariño.
A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que informes de inteligencia advertían sobre encuentros con los hermanos Bautista —principales accionistas de la firma— en los que, según su versión, se habría planteado la devolución del contrato de pasaportes a cambio de mecanismos que incidirían en el resultado electoral. En el mismo mensaje, el jefe de Estado cuestionó la postura de la Procuraduría frente al contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, vinculando ambos asuntos en un mismo contexto.
El pronunciamiento no solo elevó el tono del debate institucional, sino que activó cuestionamientos sobre la forma en que se obtuvo la información. Sectores políticos y jurídicos pusieron el foco en la posibilidad de interceptaciones o seguimientos, mientras se pedían explicaciones sobre los procedimientos que dieron origen a los datos citados por el presidente.
El presidente Gustavo Petro Foto:Presidencia
En esa línea, el abogado de la campaña de De la Espriella, Germán Calderón España, acudió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para solicitar la apertura de una investigación. La petición busca establecer si existieron interceptaciones, bajo qué marco legal se habrían realizado y qué entidades tuvieron acceso a la información mencionada públicamente.
La controversia tomó otro rumbo tras el pronunciamiento de Wilmar Mejía, señalado en versiones recientes por supuestos vínculos con estructuras ilegales y quien ha sido mencionado como posible integrante de la Unidad de Información y Análisis Financiero. En un mensaje publicado en X, Mejía sostuvo que las interceptaciones sí habrían existido y que se habrían dado por orden judicial, no como resultado de labores de inteligencia.
“Hoy nos dimos cuenta porque un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos y el presidente se entera y la divulga con una ligera imprecisión”, escribió, al tiempo que planteó que la diferencia en el origen de la información no altera la gravedad de lo expuesto.
Abelardo de la Espriella Foto:EFE.
“Pactaron robarse las elecciones de 2026 (con seguridad no es la primera vez). Hoy nos dimos cuenta porque un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos y el presidente @petrogustavo, receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, se entera y la divulga con una ligera imprecisión: en vez de escribir «orden judicial», escribió «información de inteligencia». La imprecisión no minimiza la gravedad de lo sucedido”, señaló Mejía.
A pesar de esa afirmación, persisten interrogantes sobre el canal mediante el cual la información llegó al presidente, el expediente en el que se habrían autorizado las interceptaciones y la existencia de soportes documentales que respalden lo dicho tanto por el mandatario como por Mejía.
Tampoco se ha precisado qué autoridades habrían ejecutado dichas órdenes ni el alcance de las conversaciones referidas.
Redacción Justicia
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