El Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de órdenes de captura contra algunos jefes o representantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’, como parte de los avances del proceso de paz urbana que se adelanta con este grupo que tiene presencia en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.
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La medida hace parte de una hoja de ruta diseñada por el poder Ejecutivo para facilitar el sometimiento a la justicia de esta organización y permitir la instalación de un espacio formal de diálogo, bajo los lineamientos de la política de “paz total”. No obstante, se trata de una evaluación preliminar, que no implica una decisión tomada ni la aplicación inmediata de beneficios.
De acuerdo con el documento, el Gobierno contempla que, en caso de considerarse viable, se pueda justificar ante la autoridad judicial competente la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra los voceros designados para participar en los diálogos.
En el mismo sentido, el documento aclara que la suspensión de órdenes de captura estaría circunscrita exclusivamente al marco de la instalación y desarrollo del espacio de diálogo, y no constituiría una amnistía ni un perdón judicial.
Traslados carcelarios, otra medida en evaluación
Cárcel El Bosque, en Barranquilla. Foto:Archivo EL TIEMPO
Además de la eventual suspensión de órdenes de captura, el Gobierno también estudia el traslado a cárceles de Barranquilla de integrantes de ‘Los Costeños’ que actualmente se encuentran privados de la libertad en otros centros penitenciarios del país.
Según la hoja de ruta, estos traslados se evaluarían únicamente para personas recluidas en establecimientos de mediana seguridad, y estarían sujetos a una serie de condiciones previas, entre ellas entrevistas individuales para verificar su voluntad real de acogerse al proceso de paz, así como el compromiso de presentar informes mensuales que permitan medir el cumplimiento de metas y acuerdos.
Esta posibilidad ya había sido planteada a comienzos de año, pero fue suspendida ante la reacción negativa de autoridades locales y regionales, que manifestaron preocupaciones relacionadas con el impacto que estos traslados podrían tener sobre la seguridad urbana y el control criminal desde los centros de reclusión. Ahora, la medida vuelve a ser considerada.
Preacuerdos y salidas judiciales anticipadas
Los ‘preacuerdos’ ya han tenido protagonismo en este proceso de paz. Foto:Captura de pantalla
El documento también contempla que el Gobierno podría proponer a la Fiscalía General de la Nación el uso de mecanismos judiciales existentes para la terminación anticipada de procesos penales, como preacuerdos, aceptaciones de cargos, principios de oportunidad o solicitudes de preclusión, siempre dentro del marco legal vigente.
Estas herramientas, de acuerdo con la hoja de ruta, no serían automáticas ni generalizadas, sino que dependerían del análisis caso a caso por parte de la Fiscalía y de la aprobación de jueces de la República.
Como parte de los mecanismos de verificación y respaldo institucional, el proceso de diálogos con ‘Los Costeños’ contaría con el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La participación de estos entes busca fortalecer la transparencia del proceso y ofrecer garantías de seguimiento, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y el historial criminal de las estructuras involucradas.
Un proceso marcado por controversias
En Barranquilla, el proceso de paz urbana ha sido criticado en múltiples ocasiones. Foto:Agencia Kronos
La evaluación de estas medidas se da en medio de un proceso de paz urbana que ha sido altamente controvertido en Barranquilla, tanto por la naturaleza de los actores con los que se dialoga como por el contexto de seguridad que atraviesa la ciudad.
Uno de los episodios más cuestionados fue la tregua entre bandas criminales, anunciada como parte de los acercamientos y que estuvo vigente hasta el 20 de enero, cuando se dio por finalizada. Aunque el Gobierno sostuvo que este tipo de acuerdos buscaban reducir la violencia, sectores locales cuestionaron la falta de resultados sostenidos y el impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos.
A ello se suman decisiones que inicialmente fueron anunciadas y luego “echadas para atrás”, como los traslados carcelarios, precisamente por la presión de mandatarios locales y por el temor a que estas medidas fortalecieran el control territorial de las estructuras criminales.
La discusión sobre la paz urbana ocurre en paralelo a una persistente preocupación por la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana, donde continúan registrándose homicidios selectivos, ataques armados y hechos de sicariato, muchos de ellos en sectores donde las autoridades reconocen la presencia de organizaciones delincuenciales.
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Este contraste entre el diseño del proceso y la realidad en las calles ha alimentado el debate público sobre la eficacia de la estrategia y sobre los riesgos de avanzar en concesiones sin que existan resultados visibles en materia de reducción de la violencia en Barranquilla y el Atlántico.
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