La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) creó el 12 de marzo de 2026 un panel de expertos para contribuir a la revisión global de la política de drogas, prevista para 2029. Este panel fue promovido por las solicitudes de Colombia en años recientes ante la Comisión.
A primera vista, la decisión parece importante. Y lo es porque no todos los días el sistema internacional admite, aunque sea de manera indirecta, que requiere asistencia técnica adicional para examinar su propia trayectoria.
Pero conviene no confundir una señal de preocupación institucional con una reforma real.
El problema no radica en la creación del panel en sí, sino en que el sistema que lo convoca sigue sin definir con claridad qué quiere lograr, cómo medirá el éxito y qué costos está dispuesto a reconocer como resultado de sus propias políticas. Sin resolver esas preguntas, el panel corre el riesgo de emitir recomendaciones elegantes para administrar un fracaso acumulado, no para superarlo.
Mirada a la historia
Para entender el sentido del panel hay que mirar la trayectoria del sistema internacional de control de drogas durante las últimas décadas. Desde finales del siglo XX, la política mundial en esta materia ha operado con una lógica repetitiva: se fijan metas ambiciosas, se constata después que no se cumplieron plenamente, se reafirma el marco general y se traslada el horizonte temporal hacia adelante.
Este proceso empezó en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Lucha Contra el Problema Mundial de las Drogas de 1998 (Ungass, 1998), cuya declaración política adoptó el artículo 19, que exhorta a “eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera para el año 2008”.
En 2008, esta meta estaba muy lejos de alcanzarse. Sin embargo, en el discurso de apertura de la reunión de la CND de ese año, Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reafirmó la bondad de las políticas contra las drogas y señaló que el ‘problema de las drogas’ estaba controlado, aunque no resuelto.
A su juicio, el hecho de que las muertes provocadas por el consumo de drogas legales, como el alcohol y el tabaco, superaran ampliamente a las asociadas a las drogas ilegales respaldaba la eficacia del prohibicionismo.
La reunión de la Comisión de Estupefacientes de 2008 debería haber sido el escenario para evaluar la eficacia de las políticas antidrogas de UNGASS 1998.
Sin embargo, se limitaron a presentar varios documentos que servirían como punto de partida para una reflexión cuyo debate final se reservó para la sesión de 2009. En la Comisión de Estupefacientes de 2009 se debatió sobre políticas de reducción de daños.
La Declaración Política final de Viena abogó por impulsar una sociedad libre del consumo indebido de drogas, con el fin de que todos vivan con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad.
Al concluir, se reafirmaron las políticas existentes y se confió en que, diez años después, los resultados serían más positivos.
Cumplidos los plazos establecidos de 2019 y ahora de cara a 2029, las discusiones sobre drogas ilegales siguen abordándose principalmente mediante la prohibición, el control penal, la erradicación de cultivos, la persecución del tráfico y la limitación del consumo.
Esto, a pesar de que el discurso internacional ha incorporado con mayor fuerza la idea de que la “mano dura” no ha producido los resultados prometidos, de que el problema de las drogas no puede reducirse a la represión policial y de que los países productores y de tránsito han soportado costos desproporcionados.
Pero una cosa es reconocer el agotamiento de ciertos instrumentos y otra muy distinta es replantear el problema desde sus fundamentos.
Ese replanteamiento aún no ha ocurrido. La gran debilidad del régimen sigue siendo que nunca ha definido con precisión cuál es el objetivo operativo de su política.
¿Reducir la adicción? ¿Reducir los daños sanitarios? ¿Disminuir la violencia en los mercados ilícitos? ¿Debilitar las finanzas del crimen organizado? ¿Proteger derechos humanos? ¿Garantizar el acceso a los medicamentos controlados? ¿Promover desarrollo alternativo? Todas estas metas pueden ser legítimas, pero no son equivalentes entre sí, ni responden a la misma lógica causal, ni se persiguen con los mismos instrumentos.
Cuando un sistema intenta perseguirlas todas a la vez, sin jerarquizarlas ni medir sus tensiones, termina evaluándose de forma ambigua y justificándose por inercia.
En ese contexto debe leerse la decisión de crear un panel de expertos: la Comisión de Estupefacientes entiende que la revisión de 2029 no puede limitarse al lenguaje diplomático habitual.
Necesita una mediación experta que ayude a ordenar un debate cada vez más difícil de sostener con las categorías tradicionales.
Pero el diseño del panel mismo muestra los límites de la apertura. El nuevo órgano nace para “contribuir” a las metas de 2029, para formular recomendaciones, no para revisar críticamente el marco que ha guiado la política internacional sobre drogas durante décadas.
Y ahí aparece la primera inquietud seria: si el panel debe trabajar dentro de un mandato ambiguo, con objetivos mal definidos y sin la obligación de revisar los costos sistémicos de la prohibición, su margen de innovación será muy reducido.
A lo anterior se suman dudas que plantea su composición. Formalmente, se lo presenta como un grupo multidisciplinario, pero evidencia un claro sesgo hacia los perfiles de salud y de fiscalización. Hay médicos, psiquiatras y expertos vinculados al aparato institucional de control de drogas.
Hay una débil presencia de especialistas en economía política, mercados ilícitos, desarrollo rural, instituciones, violencia criminal o historia comparada de la producción de drogas.
Ese sesgo importa porque el problema mundial de las drogas no es solamente un asunto clínico ni exclusivamente un tema de consumo problemático.
También es un problema de incentivos económicos, de estructuras de mercado ilegales, de desigualdad territorial, de corrupción y de gobernanza. Si el análisis parte de una mirada demasiado centrada en la salud individual y en la fiscalización, la comprensión del fenómeno quedará necesariamente recortada.
Metas imprecisas
La crítica más importante al panel es también la más elemental: no se puede evaluar con rigor una política cuyos fines no están definidos operacionalmente.
El discurso internacional sobre las drogas habla de bienestar, salud, seguridad, desarrollo y derechos humanos, pero no establece con precisión qué variable debe considerarse decisiva al juzgar los resultados.
Esto no es una objeción académica menor. Si no se sabe exactamente qué constituye el éxito, tampoco se puede decidir qué instrumentos son adecuados, qué costos son aceptables y qué intercambios son intolerables.
Una política puede disminuir ciertos cultivos y, al mismo tiempo, aumentar la violencia y el desplazamiento. Puede reducir ciertos mercados visibles y, simultáneamente, fortalecer otros más rentables y violentos. Puede bajar temporalmente la oferta local y, al mismo tiempo, aumentar la corrupción, la sobrepoblación carcelaria o el poder de las organizaciones criminales.
Por eso, el panel tendría que empezar por una pregunta que el régimen ha evitado durante mucho tiempo: ¿cuál es la meta primaria de la política mundial sobre drogas para 2029? Y después una segunda: ¿cómo se mide esa meta con indicadores comparables, auditables y políticamente relevantes?
Si esas preguntas no se responden, todo lo demás será secundario.
La política internacional dominante ha operado sobre una premisa simplificadora: las drogas que alteran el estado de la mente son malas; por tanto, hay que prohibir su producción, tráfico y consumo para evitar adicciones y daños sociales.
Esa premisa es analíticamente insuficiente. El fenómeno de las drogas no puede reducirse al consumo. Tiene al menos tres dimensiones distintas, que exigen explicaciones separadas pero articuladas: producción, mercadeo y uso.
La primera pregunta es por qué unos países producen y otros no, aun cuando tienen las condiciones necesarias para hacerlo. La segunda es cómo funciona una cadena de valor ilícita bajo prohibición y qué incentivos genera esa ilegalidad para la violencia y la corrupción.
La tercera es por qué ciertas sociedades presentan patrones más graves de uso problemático que otras y qué papel desempeñan allí factores como el empleo, la educación, la vivienda, la desintegración social o la exclusión.
Si el panel no reorganiza la discusión en torno a esas preguntas causales, repetirá un error clásico: tratar los síntomas visibles sin entender los sistemas que los producen.
La discusión internacional suele partir de un supuesto razonable: el uso problemático de ciertas sustancias deteriora la salud física y mental de las personas y genera costos familiares y sociales.
Eso es cierto. Pero el debate se vuelve intelectualmente deficiente cuando ignora la otra cara del problema: la prohibición misma genera costos sociales masivos.
La definición de “salud” de la OMS no solo incluye dimensiones físicas y mentales, sino también sociales. Y si eso se toma en serio, no basta con medir sobredosis, dependencia o acceso a tratamiento.
Hay que medir también la violencia letal, la corrupción, la destrucción institucional, el encarcelamiento masivo, el crecimiento de las economías ilegales, la captura territorial y el desperdicio de recursos públicos.
Todos esos son daños sociales. Todos afectan las condiciones de vida, la gobernabilidad y las oportunidades de millones de personas. Y muchos de ellos no son efectos del consumo en sí, sino del modo en que se organiza el mercado bajo la prohibición.
Un panel que analice solo los daños del consumo y no los de la ilegalidad generada por la prohibición, producirá inevitablemente un diagnóstico sesgado. No porque sus miembros actúen de mala fe, sino porque su marco de observación estará incompleto desde el principio.
El mayor peligro del panel no es que no diga nada interesante, sino que, bajo el amparo de metas nobles y referencias generales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), termine justificando la continuidad de un régimen que no se ha tomado en serio sus propias contradicciones.
Eso ocurrirá si el panel evita responder preguntas complejas. ¿Qué parte del daño global proviene del uso problemático y qué parte de la estructura criminal creada por la prohibición? ¿Qué combinación de salud pública, regulación diferenciada, desarrollo alternativo, reforma penal y control financiero produce mejores resultados según objetivos específicos? ¿Qué explica que algunos países hayan dejado de ser productores, mientras que otros permanecen atrapados en economías ilegales? ¿Cómo se incorporan los determinantes sociales de la salud al análisis de la política de drogas?
El panel solo será útil si abandona la comodidad del lenguaje tradicional y entra en el terreno difícil de la definición precisa, la causalidad compleja y la evaluación de costos totales.
De lo contrario, servirá para lo que han servido tantas declaraciones anteriores: desplazar las metas, renovar la retórica y preservar el marco.
Cuando eso ocurre, no estamos ante una solución. Estamos, simplemente, ante otra forma de mantener el problema y aplazar su solución.
(*) Doctor en Economía, exintegrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, cofundador de Razón Pública. (**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia. Este artículo fue editado por motivos de espacio.
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