La Alcaldía de Bogotá sostuvo este 15 de abril un primer acercamiento con las Altas Cortes, en una reunión en la que se expusieron fallas en el sistema de justicia, la política criminal y el hacinamiento carcelario. Según fuentes enteradas, el encuentro dejó abierto un canal de diálogo permanente entre ambas partes.
A este espacio llegaron representantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.
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El encuentro buscó dos objetivos centrales: ratificar la disposición de la administración distrital para trabajar de manera articulada con la rama judicial en la ciudad, y exponer las preocupaciones del Distrito frente a las debilidades estructurales del sistema penal.
El diálogo se da en un contexto en el que, de los 5.025 capturados por hurto el año pasado, 4.497 quedaron en libertad. Esto equivale a que, en promedio, 12 personas capturadas recuperan su libertad cada día en Bogotá.
Durante la reunión, el alcalde Carlos Fernando Galán insistió en la necesidad de revisar la política criminal del país, señalando fallas que, según la administración, estarían facilitando situaciones como el vencimiento de términos, la libertad de capturados y la imposición de medidas domiciliarias sin suficiente capacidad de control.
Alcaldía y Altas Cortes abren diálogo sobre política criminal y justicia en Bogotá. Foto:Alcaldía de Bogotá
De acuerdo con lo expuesto, la alta carga laboral, con fiscales que pueden superar los 1.000 procesos por despacho, y la tramitación de casos bajo una misma cuerda procesal estarían incidiendo directamente en estos resultados.
Esta preocupación se viene planteando desde febrero de este año, cuando el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que “la ley no es suficiente para sacar de las calles a delincuentes violentos”, luego de que varios señalados fleteros quedaran en libertad tras ser capturados en flagrancia.
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Un caso más reciente que refleja esta preocupación es el de Diana Ospina, en el que uno de los responsables del secuestro extorsivo, Diego Armando Gómez Cardoso, se encontraba en detención domiciliaria en el momento del ‘paseo millonario’.
El homicidio y secuestro extorsivo del profesor del Externado, Neill Cubides, volvió a poner en evidencia esta problemática. Tras ser subido a un taxi, obligado a entregar sus claves y retenido durante varios kilómetros, fue asesinado y su cuerpo apareció incinerado en una zona rural de Usme.
Dos meses después, las autoridades capturaron a cuatro presuntos responsables; uno de ellos ya había sido detenido por ‘paseo millonario’, pero había quedado en libertad un mes antes del crimen por vencimiento de términos.
La diseñadora de modas Diana Ospina fue secuestrada la madrugada del pasado domingo. Foto:Redes sociales y archivo particular
La intervención de las Altas Cortes
Según fuentes cercanas, frente a estos planteamientos, los magistrados se mostraron dispuestos a estudiar las propuestas que surjan, así como a participar en espacios académicos donde se discutan posibles reformas.
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Durante el encuentro, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mencionó decisiones adoptadas frente a la dilación de procesos por parte de abogados y la importancia de que jueces y litigantes conozcan estos precedentes. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura se refirió a los avances de su plan decenal de justicia.
La Corte Constitucional reiteró la preocupación por el hacinamiento carcelario. Aunque destacó que Bogotá ha tenido mejoras, advirtió que el problema persiste y que se requieren más recursos para el sistema penitenciario y carcelario.
La operación contra ‘los Satanás’ inició en 2024, y desde entonces se han realizado 43 capturas. Foto:Secretaría de Seguridad de Bogotá
En la reunión también se abordó el proyecto de mejoramiento de la Plaza de Bolívar, particularmente en iluminación, iniciativa que ya está aprobada y en ejecución, y se espera que la intervención en la zona histórica esté finalizada hacia finales del próximo año.
El encuentro tuvo un carácter general y no dejó decisiones concretas, pero permitió abrir un canal de diálogo. Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener conversaciones sobre temas como el acceso a la justicia, inspectores y comisarías de familia, en futuras reuniones con una agenda más específica.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
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