Las operaciones contra la minería ilegal en la Amazonia colombiana dejaron en las últimas horas uno de los resultados más amplios reportados por las Fuerzas Militares en esa zona del país. Tropas del Ejército adelantaron intervenciones en Amazonas y Putumayo que terminaron con la destrucción de dragas, motores, plantas eléctricas y otros equipos usados para la extracción de oro, actividad que, según inteligencia militar, servía para financiar a la estructura armada conocida como ‘Comandos de Frontera’.
Uno de los principales operativos se llevó a cabo en el departamento del Amazonas, sobre el río Cotuhé, en jurisdicción de Tarapacá. En esa zona actuaron unidades de la Vigésima Sexta Brigada, en coordinación con el Batallón de Infantería n.° 50 de la Sexta División, con apoyo de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.
Allí fueron ubicadas y destruidas 14 unidades de producción minera empleadas para la explotación ilícita de yacimientos. El reporte oficial detalla la inutilización de nueve dragas tipo caperuza, seis plantas eléctricas de 2500 vatios, dos plantas de 3500 vatios, ocho motores fuera de borda y nueve motores industriales. A eso se suman 990 galones de ACPM y 2.500 galones de gasolina.
Una de las estructuras destruidas. Foto:Cortesía
Durante la misma intervención también fueron incautados 28 gramos de oro, una planta eléctrica de 800 vatios y una carabina calibre 16. Para las autoridades, estos hallazgos muestran que alrededor de la minería ilegal no solo opera una cadena logística para mover combustible y maquinaria, sino también esquemas de seguridad armada en zonas apartadas del país.
La información de inteligencia recopilada por el Ejército indica que esa infraestructura sería utilizada por la estructura Comandos de Frontera. Según los cálculos oficiales, el golpe económico en Amazonas ascendería a cerca de 1.600 millones de dólares. Además, se habría frenado una renta mensual estimada en 4,1 millones de dólares derivada de la extracción ilegal de unos 27.000 gramos de oro.
La segunda acción se desarrolló en Putumayo, en área rural de Puerto Guzmán, específicamente en las veredas Dos Quebradas y Bocanas del Fragua. Hasta ese punto llegaron tropas del Batallón de Ingenieros de Combate n.° 27, orgánico de la Vigésima Séptima Brigada, mediante una inserción de asalto aéreo coordinada con otras unidades de inteligencia y aviación del Ejército.
Parte del material incautado. Foto:Cortesía
En ese operativo fue destruido un dragón brasileño, tres dragas tipo buzo y maquinaria especializada utilizada para minería a cielo abierto. El balance incluye además tres clasificadoras, una clasificadora en espiral de gran tamaño, una planta eléctrica de 100 kilovatios, dos motores fuera de borda de 50 caballos de fuerza, un motor industrial de 1700 HP, seis motores modificados y cuatro motobombas a gasolina.
Las tropas también inutilizaron combustible almacenado, mangueras y distintos insumos empleados para mantener la operación minera. De acuerdo con el reporte institucional, la maquinaria destruida representaría una afectación económica superior a 2.046 millones de pesos.
Las autoridades agregaron que esa actividad ilegal producía aproximadamente 13.500 kilogramos de oro al mes, cifra que equivaldría a ingresos cercanos a 6.750 millones de pesos. Con ello, sostienen, se impactó una de las líneas de financiación del grupo armado señalado en la operación del Amazonas.
La unidad de producción generaba 800 gramos de oro al mes. Foto:Ejército Nacional
Más allá del componente financiero, las intervenciones vuelven a poner sobre la mesa el impacto ambiental de la minería ilegal en la Amazonia. El uso de dragas, combustibles y maquinaria pesada suele dejar contaminación en fuentes hídricas, remoción de capa vegetal, alteración del suelo y cambios en el paisaje natural de zonas de alta biodiversidad.
Según estimaciones oficiales, la recuperación de los ecosistemas afectados podría tardar más de diez años, dependiendo del nivel de daño acumulado y de la puesta en marcha de planes de restauración y control posteriores. En territorios de difícil acceso, ese proceso suele requerir presencia estatal sostenida y seguimiento técnico.
Redacción Justicia
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