Las recientes amenazas contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, volvieron a poner sobre la mesa el problema de seguridad de líderes políticos. Un análisis de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) encendió las alertas por el aumento de intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios en el país, advirtiendo que se trata de un fenómeno recurrente que compromete la gobernabilidad.
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De acuerdo con la Nota Técnica de Coyuntura Institucional, entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026 se han identificado al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida. A esto se suman más de ocho casos que involucran a funcionarios y equipos institucionales.
“No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
Chocó, Norte de Santander y Cauca concentran mayores alertas de seguridad por amenazas del Eln Foto:Archivo particular.
Los casos documentados abarcan distintas regiones del país. Se reportan amenazas directas en ciudades como Cúcuta, Cartagena y Florencia; presuntos planes de atentado en Medellín, Barranquilla y Cali; y alertas de riesgo en Bogotá.
El riesgo, además, no se limita a los mandatarios. Secretarios de despacho, agentes operativos, comisarías de familia y equipos técnicos también han sido blanco de intimidaciones, lo que amplía el impacto institucional.
Medidas para proteger a candidatos. Foto:
Presión criminal sobre decisiones públicas
Uno de los principales hallazgos del informe es que las amenazas suelen aparecer cuando las alcaldías adoptan decisiones que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público o acciones contra economías ilícitas como la extorsión y el microtráfico.
Esto sugiere que la intimidación se está utilizando como un mecanismo de presión para condicionar decisiones públicas y limitar la acción del Estado en las ciudades. También se identifican patrones como la extensión de amenazas a las familias de los mandatarios y la presión directa sobre funcionarios en terreno.
El informe advierte que estas acciones tienen efectos que van más allá de la seguridad personal. “La amenaza contra un alcalde capital constituye una afectación directa al mandato democrático, porque busca condicionar la voluntad popular expresada en las urnas”, señala el documento.
Frente a este panorama, Asocapitales pidió una respuesta articulada del Estado.
“Cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona. Se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia”, afirmó Santamaría.
El gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y garantizar que estos casos sean investigados con prioridad.
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