La vivienda ha sido históricamente uno de los motores más poderosos para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social en las ciudades. Cada proyecto que se construye activa empleo, inversión y una cadena productiva que dinamiza múltiples sectores de la economía.
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Sin embargo, hoy este motor enfrenta retos importantes. El encarecimiento de los insumos de construcción, las altas tasas de interés para quienes buscan comprar vivienda y la escasez de suelo bien ubicado han puesto presión sobre constructores y gobiernos locales. El resultado es evidente: menos proyectos, menos oportunidades y más incertidumbre para miles de familias.
A nivel nacional, las ventas de vivienda han caído más del 11 %, mientras que las iniciaciones de nuevos proyectos se han desplomado por encima del 40 % en el arranque de 2026. Detrás de estos números no solo hay balances financieros: hay empleos que no se crean, familias que no encuentran opciones reales para acceder a vivienda propia y ciudades que corren el riesgo de crecer de manera desordenada e informal.
Feria de vivienda para víctimas del conflicto armado en Bogotá Foto:Secretaría de Hábitat
Pero incluso en este contexto desafiante hay lecciones que vale la pena mirar con atención. Cuando la política pública en vivienda se diseña bien, sus efectos van mucho más allá de entregar llaves. La vivienda es, quizás, uno de los motores económicos y sociales más potentes que tiene una ciudad.
Bogotá lo está demostrando. En 2025, según cifras del Dane, la ciudad alcanzó un récord histórico con más de 49.000 viviendas iniciadas, la cifra más alta desde 2001. Este dinamismo no solo impulsó al sector constructor, sino que se tradujo en más de 101.000 empleos, impactando directamente la economía de miles de hogares.
Proyecto de vivienda de Renobo y Secretaría del Hábitat en zona céntrica de Bogotá Foto:Renobo
Detrás de estos resultados está el plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, liderado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que ha demostrado que cada peso invertido en vivienda puede retornar entre 1,8 y 2,4 pesos a la economía. Es decir, no se trata de un gasto, sino de una inversión estratégica con efectos multiplicadores.
Y hay un elemento aún más relevante: el enfoque social. Más de 27.000 subsidios de vivienda han sido asignados con recursos propios de la ciudad, sin depender del Gobierno Nacional. La mayoría de estos apoyos han llegado a familias con ingresos entre 2,2 y 2,7 millones de pesos mensuales, es decir, a la clase trabajadora que más dificultades enfrenta para acceder a vivienda formal. Además, el 64 % de los subsidios ha sido otorgado a mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.
Beneficiarios de programa de vivienda en Bogotá. Foto:Caja de Vivienda Popular
Esto no es un dato menor. Es una señal de que la política pública puede ser, al mismo tiempo, eficiente y equitativa.
Hoy, cuando el país enfrenta una desaceleración en el sector, la discusión no debería centrarse en si invertir o no en vivienda, sino en cómo hacerlo mejor. Gestionar suelo, focalizar subsidios y facilitar el acceso al crédito son decisiones urgentes.
En ese camino, también vale la pena reconocer el papel de instituciones como el Fondo Nacional del Ahorro, que ha sido un aliado clave del sector. Sus esquemas de financiamiento permiten créditos de hasta el 90 % del valor de la vivienda —muy por encima del porcentaje habitual en otras entidades—, ofrecen tasas preferenciales para jóvenes, amplían el acceso al crédito hipotecario para trabajadores independientes y permiten plazos de financiación de hasta 30 años. Instrumentos como estos amplían las oportunidades para que más familias puedan acceder a vivienda propia.
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Porque la vivienda no es solo un techo. Es empleo, es orden urbano, es calidad de vida y es, sobre todo, una de las herramientas más poderosas para construir equidad.
Seguir apagando ese motor es un error que el país no puede permitirse.
VANESSA VELASCO BERNAL
Secretaria del Hábitat de Bogotá
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