Tras un fin de semana marcado por una ola de violencia en el suroccidente del país —con al menos 31 ataques en tres días y decenas de muertos y heridos—, el presidente Gustavo Petro realizó una nueva alocución presidencial el lunes 27 de abril, en la que abordó principalmente los temas de seguridad y salud, dos de los que más preocupan hoy a los colombianos.
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La intervención se dio, además, en medio de las restricciones fijadas por el Consejo de Estado al uso recurrente de este tipo de espacios en televisión, que debe ser solo en situaciones de urgencia.
Pero más allá de la figura a la que recurre el Presidente, lo cierto es que varias de sus afirmaciones generaron polémica y abren debate sobre su sustento.
1. ‘Ataques en el suroccidente buscan favorecer a la extrema derecha en elecciones‘
“Estos no son Farc, son simples grupos narcoterroristas (…)”, dijo el Presidente sobre las estructuras armadas que operan en el Cauca con las que trató de hacer la paz, y señaló que estas están comandadas bajo mandos como alias Iván Mordisco u alias Marlon.
Ministros del Gobierno Petro en alocución presidencial. Foto:Ovidio Gonzalez. Presidencia
Indicó que no deben ser considerados disidencias de las Farc, sino estructuras “narcoterroristas” o “mafiosas”. En esa línea, aseguró que detrás de los atentados, así como detrás de la ‘Segunda Marquetalia’, estaría una ‘Junta del Narcotráfico‘ que buscaría incidir en el escenario político y favorecer a sectores de derecha en las elecciones.
Cabe mencionar que en agosto pasado el entonces jefe de la Policía, el general Carlos Triana dijo en entrevista con este medio: «No tenemos certeza ni evidencia concluyente de que exista una estructura como tal, llamada ‘junta del narcotráfico’». Y en marzo, la Fiscal Luz Adriana Camargo reforzó dicha tesis.
De acuerdo con expertos consultados por EL TIEMPO, esta respuesta a los ataques del fin de semana en el suroccidente del país seria una forma de desviar la atención y eximir su responsabilidad en la serie de atentados terroristas.
“Culpa a terceros y niega cualquier posibilidad de responsabilidad por parte del Estado al no prevenir o anticipar este tipo de situaciones”, indicó Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte.
Presidente Petro niega crisis de seguridad. Foto:
Y es que aunque estas estructuras están hoy fuertemente ligadas a economías ilegales, distintos análisis de seguridad las siguen catalogando como disidencias de las Farc, dado su origen, pues se apartaron del Acuerdo de Paz de 2016 y, de hecho, el grupo de ‘Mordisco’ fue reconocido como Estado Mayor Central de las Farc por el Gobierno cuando se inició el proceso de negociación con ese grupo recién empezó el cuatrenio.
Si bien actualmente no hay diálogos activos con estos grupos, este mismo Gobierno sí adelantó acercamientos en el marco de la “paz total” e incluso suspendió órdenes de captura contra algunos de sus integrantes.
Cabe señalar que en el del conflicto en el Cauca se intensificó desde 2024, cuando el Gobierno rompió la mesa de negociación que tenía con alias “Iván Mordisco” tras el asesinato a una líder indígena y empezó la acción armada con la operación Perseo.
Atentado terrorista en Cajibio, Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
2. “Quiero que investigue si los explosivos que se usaron en Cajibio vienen de Ecuador”
«Mis fuentes me dicen que llegan —ojalá mirar el caso de Cajibío concretamente—, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca (…) vienen de Ecuador”, dijo el presidente Gustavo Petro en una alocución. E insistió que con eso se busca generar miedo para sabotear procesos electorales y favorecer a la extrema derecha, «como ocurrió en Ecuador», señaló.
Este señalamiento no es nuevo. Desde Ecuador se ha advertido sobre la existencia de redes de tráfico de material explosivo que transitan desde Perú, pasan por territorio ecuatoriano y llegan a Colombia. De hecho, en agosto de 2025, tres días después de ataques contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez y varios CAI en Cauca y Valle del Cauca, la Policía ecuatoriana decomisó un cargamento de explosivos que supuestamente era transportado hacia Colombia para ser utilizado en actos terroristas.
El hallazgo se produjo en la ciudad de Tulcán, en la provincia fronteriza de Carchi, cuando las autoridades incautaron 3.750 cartuchos de emulsión explosiva, 25.000 metros de mecha detonante, dos dispositivos móviles y el vehículo en el que se movilizaban dos ciudadanos ecuatorianos, quienes fueron capturados.
3. “A las más malas EPS les quitamos la licencia (…) las EPS no sirven”
Antes de hacer el anuncio de que le quitarían desde la Superintendencia de Salud las licencias a EPS que tienen más quejas, el Presidente mostró un cuadro sobre tasas de reclamaciones por cada 10.000 afiliados, en el que aparecen EPS como Comfenalco Valle, SOS, Famisanar, Capital Salud y Compensar con los niveles más altos.
Sin embargo, el Presidente no consideró el más reciente reporte de la encuesta de satisfacción de usuarios, elaborado por el Ministerio de Salud, que arroja que en seis de las ocho entidades intervenidas por el Gobierno hay caídas en ese indicador entre 2024 y 2025.
Sede se SOS EPS en Cali, Valle del Cauca. Foto:Google Maps
Y luego aseguró que el Gobierno puede retirar la licencia a las EPS con peor desempeño. El presidente afirmó que la principal causa de la ineficiencia en el sistema no es el Gobierno, sino las EPS. Esto, a pesar de que más de 23 millones de usuarios están en EPS intervenidas, es decir, administradas por el Estado, que incluyen a Nueva EPS (prorrogada hasta 2027), Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud (que se habría levantado recientemente), Servicio Occidental de Salud (SOS) y Capresoca.
En efecto, el Decreto 780 de 2016 establece causales para la revocatoria de habilitación, que las dejaría sin la posibilidad de administrar recursos ni ofrecer el Plan de Beneficios en Salud, como incumplimientos financieros, no pago a las IPS, uso indebido de recursos o fallas en la prestación del servicio.
De todas formas, este proceso no sería inmediato y requiere que sea revisado por las autoridades.
4. “Hay interventores que actúan por coimas, (…) interventores de la lista de Duque”
Agregó que «son los trámites de las EPS los que se están demorando y hay interventores que hacen eso por una coima (…) Los nombran con una lista se Duque y los interventores hacen lo mismo que hacían los otros privados”.
Su afirmación no tiene en cuenta que los interventores son designados por la Superintendencia de Salud, entidad adscrita al Gobierno y a cuyo jefe designa el Presidente a través del Ministerio de Salud (como recientemente lo hizo con Nueva EPS), lo que abre interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
De hecho, este gobierno introdujo cambios en los requisitos para ejercer como interventor de la Supersalud. En septiembre de 2024, tras dos años de la actual administración, el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, expidió la Resolución 2024100000010531-6, mediante la cual se ajustaron las condiciones para desempeñar estas funciones.
Un año después, en septiembre de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud publicó la Resolución 8450, con la que se conformó el listado definitivo de inscritos en el registro de agentes interventores, liquidadores y contralores.
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5. ‘Medicina Legal hace un manejo político de la muerte‘
El presidente Gustavo Petro afirmó que existe un uso político de la información sobre la muerte a raíz del caso del menor en el Huila Kevin Acosta, que habría fallecido por Hemofilia y aseguró que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no ha entregado el informe técnico sobre las causas del fallecimiento, supuestamente por una directriz de la Fiscalía General de la Nación.
Según el mandatario, esto ha impedido que tanto el Gobierno como la familia conozcan la causa real de la muerte y ha dado lugar a un uso político del caso, incluso sugiriendo que no sería responsabilidad de la Nueva EPS.
«Ellos no hicieron nada«, dijo en su momento la madre del menor Yudy Katerine Pico, quien además señaló que en la Nueva EPS solo le decían que «tocaba esperar a autorizaran» ante las demoras para la entrega del medicamento.
El señalamiento, además, requiere matices. En Colombia, por la Ley 906 de 2004, los informes forenses hacen parte de procesos judiciales y, por regla general, no son públicos mientras una investigación esté en curso. Esto no implica necesariamente ocultamiento, sino que responde a protocolos legales sobre cadena de custodia y reserva de la información.
Paula Valentina Rodríguez
Redacción Política
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