A la problemática de los delincuentes capturados, incluso en flagrancia, que horas después recuperan la libertad a pesar de que hayan cometido delitos de alto impacto se podría sumar, en cuestión de semanas, un escenario con consecuencias mucho más graves. La plata para garantizar en el segundo semestre del 2026 el pleno funcionamiento del Sistema Nacional de Defensoría Pública –los abogados que asisten a los imputados que no tienen cómo pagar un abogado de confianza– no alcanza y, además, desde ya se requieren recursos adicionales para evitar que en el inicio de 2027 la administración de justicia se paralice porque no se les puede garantizar a los procesados el derecho a la defensa.
En juego está la contratación de 4.228 defensores encargados de atender audiencias judiciales en diferentes lugares del país, a quienes en junio se les acaban los contratos.
La primera alarma es que faltan 10.000 millones de pesos para renovárselos a todos hasta diciembre. De no conseguirse esos recursos, altas fuentes judiciales advierten que tendrán que recortar contratos, lo que implicaría una mayor carga laboral para los que queden en la nómina.
La situación se agrava porque en medio de las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación para el 2026, enredadas en medio de la campaña electoral, se requiere autorizar a la Defensoría del Pueblo la utilización de vigencias futuras que garanticen el funcionamiento del sistema en los primeros días de enero.
Audiencia judicial (Imagen de referencia). Foto:Isabella Morales
El riesgo de esta falta de recursos es que 2027 podría comenzar con libertades de detenidos que no tendrían acceso a un defensor público que los asista durante las primeras 36 horas tras sus capturas. “El problema ni siquiera es que vayamos a dejar de realizar ciertas actividades o de aumentar honorarios. La realidad es que si por estas semanas no nos asignan los recursos suficientes, se vería comprometida nuestra continuidad en 2027 porque no habrá plata para contar con personal durante 15 o 30 días de enero que demora la contratación”, dicen las fuentes.
El asunto es tan delicado que el presidente de la Corte Suprema, magistrado Mauricio Lenis, ha cumplido el papel de mediador entre la Defensoría y el Ministerio de Hacienda, al que le han explicado la importancia de garantizar tanto los recursos faltantes para el segundo semestre como las vigencias futuras. “Se planteó la necesidad de garantizar los recursos suficientes que permitan la continuidad del servicio de defensoría pública. Se destacó que la Fiscalía y la Defensoría hacen parte del sistema de justicia y que, en el caso de los defensores públicos, en el marco del sistema penal acusatorio, estos son insustituibles y necesarios para el desarrollo de los juicios”, resaltó la Corte en X sobre un encuentro realizado hace dos semanas.
El penalista Juan Felipe Criollo explica que “si un ciudadano no tiene asistencia jurídica de un abogado de confianza o de un defensor público, podría quedar en libertad al momento de su captura, toda vez que todas las cargas que incumple el Estado al momento de salvaguardar los derechos de un ciudadano —en este caso, brindarle un abogado de oficio— recaen en su favor”.
Corte Suprema en reunión para garantizar recursos para la defensoría pública. Foto:Corte Suprema
Como lo ha venido alertando la defensora Iris Marín Ortiz, su entidad ha venido sufriendo recortes presupuestales, lo que dificulta la asignación de recursos para las distintas actividades misionales, incluida la defensa de los imputados.
Ese tipo de acercamientos se mantienen sin que todavía se haya llegado a un acuerdo que, según una fuente, tendrá que incluir no solo el presupuesto necesario para el funcionamiento de la Defensoría, sino también la posibilidad de utilizar vigencias futuras que eviten la parálisis en enero.
“El riesgo existe y es una preocupación central para la Defensoría, el desafío crítico no es solo la disponibilidad de fondos, sino la garantía de continuidad del servicio público entre el 31 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027. Al no contar con una certidumbre presupuestal clara debido al recorte sostenido que ha sufrido la entidad, nos enfrentamos a un impedimento legal para comprometer recursos de la próxima vigencia fiscal a través de la figura de vigencias futuras”.
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo. Foto:Archivo
A esta difícil situación se suma que la semana pasada uno de los sindicatos del sistema amenazó con un paro debido a la falta de mejoras en las condiciones laborales de sus afiliados. De no atenderse su reclamo, realizarían plantones y cesarían labores desde el jueves.
El cese generaría un problema en un servicio que ha sido clave para la administración de justicia en expedientes que han sido de gran relevancia, como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, en el que un defensor público asistió al joven sicario; o en el presunto entramado de corrupción en la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, en el que también hay un defensor público.
Esto también tendría consecuencias internacionales, ya que 196 abogados públicos representan a 33 personas requeridas en extradición por Estados Unidos.
Capturado. Foto:iStock
Las cuentas
En los últimos años, el rubro para la defensoría pública ha venido cayendo. En 2024 recibió 296.000 millones de pesos, cifra que en 2025 —en medio de los problemas de financiamiento advertidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro— se redujo a 287.000 millones. El monto para 2026 fue de 295.000 millones de pesos; sin embargo, fuentes oficiales advierten que lo que en el papel parece una cifra similar a la de 2024, en la práctica representa una rebaja. La ARL pasó de nivel 1 a nivel 5 el riesgo de los defensores públicos, debido a que asisten a cárceles a hablar con sus representados.
Ese rubro, que ahora se queda la administradora de riesgos laborales, es cercano a los $ 5.000 millones. Además, se dejaron de recibir recursos del Frisco, que históricamente manejaban.
Las cuentas que hizo el Sistema de Defensoría Pública, dirigido por Jhonny Marcel Díaz, arrojan que los contratos de sus abogados se llevan $ 267.000 millones, casi todo el presupuesto asignado. Por eso tienen identificado que el monto que les garantizaría un pleno funcionamiento en 2027 es de 405.000 millones de pesos, con los que podrían incluso contratar a 1.090 defensores que requieren.
Foto:
La necesidad es mayor si se tiene en cuenta que la Defensoría del Pueblo ha sufrido recortes para su funcionamiento. En 2024 los recursos fueron de $ 1,27 billones; en 2025 quedaron en 1,25 billones; para 2026 fueron de 1,19 billones, y para 2027 se proyectan en 1,06 billones.
Radiografía del sistema
El servicio de defensoría pública nació como un derecho de la ciudadanía en 1992, y en 2005 se avanzó en su formalización con la creación del Sistema Nacional. Más de 20 años después hay 4.228 abogados enfocados en diversas áreas del derecho, principalmente en materia penal y disciplinaria.
A la par de la incorporación de personal, el pedido de los sindicatos ha sido el aumento de sus honorarios, que en promedio rondan los $ 5 millones de pesos al mes; además buscan un cambio en el modelo de contratación, ya que no hay defensores de planta, sino por prestación de servicios.
Sin embargo, lejos de mejorar las condiciones, el sistema pide por la inyección urgente de $ 10.000 millones que les permita cerrar el año como vienen.
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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