Los alcaldes del Caribe colombiano han lanzado un clamor jurídico y político ante la Corte Constitucional para blindar los Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica expedidos por el Gobierno Nacional.
En un llamado urgente, los mandatarios locales solicitan que el tribunal evalúe la norma bajo criterios estrictamente técnicos, advirtiendo que su anulación desataría una catástrofe humanitaria sin precedentes en ocho departamentos del país.
La preocupación radica en la viabilidad del Plan de Recuperación Temprana, una hoja de ruta liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que proyecta inversiones por $8,7 billones en un periodo de dos años.
Sin el paraguas legal de la emergencia, municipios como Tierralta (Córdoba) o La Gloria (Cesar) confiesan no tener capacidad financiera ni administrativa para afrontar la crisis.
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Su anulación nos pondría en una situación muy compleja. La recuperación de Tierralta, por ejemplo, tiene un valor cercano a un billón de pesos. Esos recursos no los tiene ni el municipio, ni el departamento, ni siquiera el Gobierno; solo podrían obtenerse a través del decreto de emergencia
Jesús David ContrerasAlcalde de Tierralta (Córdoba).
El drama de los municipios
Damnificados por las emergencias en Córdoba en febrero pasado cocinando a orillas de la carretera Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
Para los gobiernos locales, los decretos no son una opción política, sino la única herramienta operativa disponible.
“Respaldamos este decreto porque es la única salida que tenemos en nuestros territorios para ejecutar la fase de recuperación. Su anulación nos pondría en una situación muy compleja. La recuperación de Tierralta, por ejemplo, tiene un valor cercano a un billón de pesos. Esos recursos no los tiene ni el municipio, ni el departamento, ni siquiera el Gobierno; solo podrían obtenerse a través del decreto de emergencia”, aseguró el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras.
El funcionario fue enfático e insiste al señalar que solo la recuperación de su municipio demanda cerca de un billón de pesos, recursos que resultan inalcanzables para las arcas locales o departamentales bajo condiciones ordinarias.
Por su parte, Fermín Cruz Quintero, alcalde de La Gloria, relató el esfuerzo logístico de los mandatarios para unificar su voz, subrayando que las municipalidades carecen de autonomía para responder a la magnitud del impacto que el frente frío dejó en sus comunidades.
«La única razón por la que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto sería política y no basada en argumentos técnicos», sentenció Carlos Carrillo, director de la UNGRD, defendiendo que la emergencia responde a un fenómeno climático imprevisible y atípico.
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Radiografía de la emergencia
Damnificados Córdoba Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
La crisis humanitaria desatada por el fenómeno climático ha dejado un saldo de más de 120.000 familias damnificadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.
Ante esta situación, se encuentra en riesgo un presupuesto de $8,7 billones de pesos destinados a la recuperación de los territorios, recursos que serían fundamentales para atender prioridades de inversión urgentes como vivienda, agua potable, salud, educación y obras de mitigación del riesgo.
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La única razón por la que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto sería política y no basada en argumentos técnicos
CARLOS CARRILLODirector de la UNGRD.
El pulso por la audiencia técnica
Los alcaldes han radicado una solicitud formal para ser escuchados en una audiencia pública ante los magistrados de la Corte. El objetivo es exponer de primera mano la precariedad de sus territorios y cómo la caída de los decretos afectaría derechos fundamentales como la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos.
Desde la UNGRD se sostiene que la decisión gubernamental está debidamente sustentada en hechos sobrevinientes.
Mientras el alto tribunal delibera, el Caribe permanece a la expectativa: de su veredicto depende si la región inicia una reconstrucción sostenible o si se hunde en una parálisis institucional que dejaría desamparadas a miles de personas en el norte de Colombia.
Además, te invitamos a
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Cartagena
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