El predio ‘La Mandinga’, ubicado en el corazón del Bajo Cauca antioqueño, se ha transformado en el epicentro de una tormenta política y ambiental que pone en entredicho la capacidad del Estado para frenar la minería ilegal.
A esta polémica se suman las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, qui lanzó una contundente acusación contra el Gobierno Nacional.
Esta zona es considerada hoy un desierto de lodo y mercurio donde la extracción ilícita de oro ha devorado un área equivalente a 50.000 campos de fútbol.
El presidete Gustavo Petro y Hermelina Cardozo recibiendo el título minero de La Mandinga. Foto:Archivo particular
Para el mandatario regional, la situación en este terreno no es solo un problema de minería ilegal, sino una estrategia de desestabilización política.
Rendón afirmó que quienes explotan ilícitamente el oro en esta zona han sido los principales instigadores de los paros mineros que han paralizado la región entre 2022 y 2026, asegurando además que estos movimientos han sido promovidos por «agentes del partido de gobierno» del presidente Gustavo Petro.
La indignación del Gobernador radica en la paradoja que representa ‘La Mandinga’. Este predio de 2.000 hectáreas, que debería estar bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se convirtió en un enclave criminal donde el ‘Clan del Golfo’ controla la extracción de oro a gran escala.
Paro minero Bajo Cauca Antioquia 2026 Foto:Archivo particular
Rendón enfatizó que el Gobierno Nacional debe responder tanto a las víctimas históricas que sufrieron la usurpación de estas tierras por grupos criminales en el pasado, como a la población actual que padece las consecuencias de un daño ambiental irreparable.
Autoridades ambientales
A este reclamo se suma la controversia sobre la ubicación de las minas. Mientras la Agencia Nacional de Minería (ANM) sostiene que el título minero se encuentra a unos cinco kilómetros del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, Corantioquia señaló, mediante herramientas de georreferenciación, que el proyecto Mina Mandinga está a tan solo un kilómetro de los límites de dicha unidad militar.
Para la administración departamental, que la explotación ilegal ocurra en las narices de la fuerza pública sin una intervención contundente es una muestra de la falta de voluntad política para recuperar el orden territorial.
El presidete Gustavo Petro y Hermelina Cardozo recibiendo el título minero de La Mandinga. Foto:Archivo particular
Por otro lado, la ANM ha intentado deslindarse de las críticas argumentando que desde octubre de 2025 solicitó a la Alcaldía de Cáceres acciones de amparo administrativo para frenar la ocupación ilegal.
No obstante, desde la autoridad ambiental, Corantioquia precisó que, aunque existe un título con licencia ambiental temporal desde 2022 (placa ODH-08201), hay otros sectores sin instrumentos aprobados donde cualquier actividad es netamente informal.
Por su parte, Corantioquia señaló que desde 2011 ha informado a entidades como la Fiscalía y la Procuraduría sobre diversas irregularidades ambientales detectadas en la zona.
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