La Corte Constitucional llamó al tablero a entidades del orden Nacional para evaluar posibles fallas en la entrega de ayudas humanitarias, durante 2026, a la población desplazada.
La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 —que declaró el estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva de derechos de esta población— pidió explicaciones urgentes a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio de Hacienda.
La decisión se tomó tras conocer alertas sobre problemas en la continuidad y entrega efectiva de los subsidios. En particular, la Defensoría del Pueblo advirtió dificultades operativas en los pagos y señaló que, en una reunión del 16 de abril, la propia Unidad habría reconocido fallas a nivel nacional asociadas al incumplimiento del operador contratado.
Según esa información, desde enero de 2026 no se habrían garantizado el pago de subsidios en todo el país y apenas estarían funcionando 41 de los cerca de 1.100 puntos previstos para su entrega.
La Corte fue enfática en que la atención humanitaria es una respuesta urgente frente al desplazamiento forzado, pues busca garantizar la subsistencia mínima de las víctimas.
Por eso, advirtió que la obligación del Estado no se limita a ordenar los pagos o asignar recursos: también debe asegurar que las personas realmente puedan acceder a la ayuda, en «condiciones razonables de cobertura, oportunidad y accesibilidad«.
Para evaluar esta gestión, el alto tribunal ordenó a la Unidad para las Víctimas presentar un informe detallado sobre la operación de los giros en 2026.
Deberá explicar la capacidad del operador, la cobertura territorial, el número de giros ordenados, entregados y cobrados, así como las barreras identificadas y las medidas adoptadas para corregir las fallas.
El Ministerio de Hacienda también tendrá que rendir cuentas sobre la apropiación, programación, asignación y giro de los recursos destinados a esta atención durante 2025 y 2026.
La Corte dispuso que estas respuestas sean enviadas a la Procuraduría y a la Contraloría, para que evalúen si hay lugar a tomar medidas dentro de sus competencias.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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