Mientras el Tribunal de Bogotá negaba la apelación interpuesta por la defensa del exministro del Interior Luis Fernando Velasco para tumbar la medida de aseguramiento en su contra, la Fiscalía oficializaba la acusación contra él y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunto papel en el escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los ahora enjuiciados negaron los cargos.
La Fiscalía los acusó ante la Sala de Primera Instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Foto:Redes sociales
Los señaló como los ‘cerebros’ del entramado con el que se habrían direccionado ilegalmente 79 contratos, por $612.237 millones, en el Invías y la UNGRD, con el fin de aceitar el trámite de las reformas sociales del gobierno Petro y asegurar conceptos favorables de la Comisión de Crédito Público a los empréstitos de la Nación. Sin embargo, de ese más de medio billón prometido, solo siete proyectos habrían sido finalmente concertados.
“Los exfuncionarios son señalados de convocar reuniones, impartir directrices y hacer seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes”, señaló la Fiscalía.
En el escrito de acusación se detallan episodios como el de junio de 2023, cuando Velasco le habría ordenado a Olmedo López apoyar la reforma pensional. Para ello, debía presentarse a uno de los debates en la Comisión Séptima del Senado, con el objetivo de acordar contratos con ciertos parlamentarios y ampliar las mayorías en esa célula legislativa, clave para tramitar reformas estructurales como la de salud y pensiones. En ese contexto, debía ponerse a disposición de la senadora Martha Peralta Epieyú, quien lideraba por el Gobierno el respaldo a la reforma.
Tres meses después, en el empalme entre las exasesoras de Bonilla, Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, se habría dejado en evidencia que, para mantener la gobernabilidad, era necesario direccionar proyectos regionales a favor de congresistas, los llamados “cupos indicativos”, que eran autorizados por el entonces ministro de Hacienda.
En ese espacio, se le habría entregado a Benavides una tabla en Excel con la relación de proyectos del Invías que se tramitarían y asignarían a algunos parlamentarios a cambio de su respaldo político.
Los ministros Bonilla (Hacienda), Ramírez (Trabajo) y Velasco (Interior) Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
En total, fueron 71 proyectos gestionados con este propósito, distribuidos así: 13 en la Comisión Cuarta de Cámara (Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena) por $142.658 millones; 19 en la Comisión Cuarta de Senado (Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas) por $80.816 millones; 14 en la Comisión Tercera de Senado (Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) por $155.145 millones; y 25 en la Comisión Tercera de Cámara (Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca) por $177.380 millones.
Los exministros se defendieron de estas acusaciones. “En la Comisión Primera del Senado no se debate la reforma pensional. Las comisiones y sus tareas están regladas por una ley de la República. La reforma pensional se debatió en la Comisión Séptima y aquí todos oímos a la doctora Patiño (la fiscal del caso) diciendo que en la Comisión Primera se estaba debatiendo y que por eso queríamos ‘comprar’ a esa comisión”, dijo Velasco.
Por su parte, Bonilla insistió en que no es ordenador del gasto ni en la UNGRD ni en el Invías, buscando desmarcarse de las acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación.
Carlos R. González y otros cuatro alfiles presidenciales que han caído en el escándalo de la UNGRD Foto:Archivo
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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