crece el llamado por la liberación de dos policías secuestrados por el Eln

Ocho meses en cautiverio: crece el llamado por la liberación de dos policías secuestrados por el Eln

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El caso reabre el debate sobre las garantías para quienes investigan crímenes contra líderes sociales.

Uniformados secuestrados por Eln en Arauca. Foto: Cortesía

Mañana se cumplen ocho meses del secuestro del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y del patrullero Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía Nacional retenidos por el Eln mientras desarrollaban labores institucionales en territorio. El caso se mantiene en el centro de las preocupaciones humanitarias por la prolongación del cautiverio y por el impacto que ha generado en sus familias y en el entorno social donde cumplían funciones.

Los dos uniformados participaban en procesos investigativos relacionados con homicidios de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y sus entornos familiares. Estas actuaciones se desarrollaban en contextos marcados por la persistencia de la violencia y por la necesidad de fortalecer mecanismos de protección y esclarecimiento judicial. La labor que adelantaban se inscribe en las estrategias institucionales para garantizar condiciones de seguridad en regiones con presencia de actores armados.

Durante los meses de retención, el caso ha estado acompañado por manifestaciones de respaldo provenientes de sus allegados, compañeros de institución y distintos sectores ciudadanos. La incertidumbre ha marcado la cotidianidad de sus núcleos familiares, quienes han mantenido solicitudes públicas orientadas a lograr avances humanitarios que permitan el retorno de los uniformados a sus hogares.

El Eln está en conversaciones de paz con el Gobierno Nacional. Foto:Archivo El Tiempo

En la antesala de esta fecha simbólica, las voces que reclaman su liberación han insistido en la necesidad de gestos que contribuyan a reducir el sufrimiento de quienes permanecen a la espera de noticias. El llamado ha sido planteado en términos humanitarios, con énfasis en la posibilidad de que una eventual liberación tenga efectos en el clima de confianza dentro de los procesos que buscan disminuir los niveles de confrontación armada.

El caso también ha sido mencionado en escenarios donde se analizan las implicaciones sociales del secuestro en el país. Desde distintos sectores se ha señalado que la permanencia en cautiverio de funcionarios vinculados a tareas de investigación sobre violencia contra líderes sociales plantea interrogantes sobre la protección de quienes participan en acciones orientadas a la defensa de la vida y la implementación de acuerdos de paz.

Las solicitudes dirigidas al grupo armado han incluido referencias al impacto emocional y social que ha tenido la situación en los entornos familiares y comunitarios. La expectativa se mantiene concentrada en la posibilidad de que la fecha marque un punto de inflexión en el proceso, en medio de un contexto nacional donde persisten discusiones sobre seguridad, diálogo y garantías para las instituciones encargadas de la investigación criminal.

Redacción Justicia

Justicia@eltiempo.com