“El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no hay capacidad, evidentemente, para controlarlas ni para vigilar que no cometan crímenes”.
Con estas palabras, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó los vacíos detrás de la reincidencia de criminales como Keymet Andrey Piravagüen Murillo, quien, teniendo brazalete electrónico, atracó a una funcionaria del Ejército en pleno Centro Administrativo de Bogotá.
Piravagüen, un condenado con detención domiciliaria, acumulaba ocho reportes por violar su perímetro de permanencia.
El Centro de Reclusión Virtual (Cervi) del Inpec había informado al juez de Ejecución de Penas a cargo del caso sobre esa seguidilla de infracciones: cuatro en febrero, tres en marzo y una más en la semana más reciente. Sin embargo, volvió a delinquir sin que se le hubiera retirado el beneficio.
Según las estadísticas del Cervi, en lo que va de este año hay 41 casos en los que estas personas vuelven a ser vinculadas a otros procesos penales, no necesariamente por cometer delitos en flagrancia.
Keymet Andrey Piravaguen llevaba dispositivo electrónico del Inpec. Foto:EL TIEMPO
En 2025, el Cervi registró un total de 232 casos en los que las personas monitoreadas fueron objeto de otros procesos penales. De ellos, a 14 se les tuvo que retirar el equipo por la comisión de un nuevo delito; contra 89 sindicados se expidió una nueva boleta de detención; contra 119 condenados, una nueva boleta de encarcelación; y contra 10 personas se registró una nueva orden de captura.
En cuanto a las fugas, este año hay reporte de 23, mientras que en 2025 se registraron 103. Es decir, cada cinco días un preso con brazalete viola la medida de aseguramiento.
Detrás de esa radiografía, según analistas consultados, hay baches jurídicos en la rapidez de las sanciones y en la periodicidad de los controles de estos dispositivos.
Hasta la fecha, en Colombia hay 5.267 personas con brazalete electrónico. De ellas, 3.470 tienen condenas en firme y 1.797 están en condición de sindicados, con medida de aseguramiento mientras avanza la investigación. Bogotá, con 1.125, es la ciudad donde más se monitorea a estos privados de la libertad.
En una carta, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció los “retos institucionales en materia de capacidad de reacción inmediata por parte de las autoridades judiciales”, aunque aclaró que estos no están relacionados con fallas en el monitoreo electrónico.
En el caso del hurto a la funcionaria, el ministro respondió que el Inpec informó de manera oportuna al juez de ejecución de penas sobre las transgresiones. “Sin embargo, las decisiones frente a la revocatoria de la medida exceden las competencias del Inpec y de esta cartera ministerial, ya que corresponden exclusivamente al juez de ejecución de penas asignado”, puntualizó.
Otro punto que subraya el documento es la naturaleza del mecanismo. El uso de brazaletes electrónicos tiene un carácter “persuasivo y no coercitivo”, lo que significa que no impide físicamente la movilidad del condenado. Además, puede ser objeto de manipulación o vandalismo, lo que explicaría eventuales desconexiones.
De otro lado, las estadísticas muestran que cada vez más la justicia permite acceder a este beneficio. Mientras en 2023 fueron acogidas 3.942 personas, en 2025 se llegó a 4.838. En los primeros tres meses y medio de este año, la cifra va en 1.325.
La responsabilidad de las autoridades penitenciarias está, dicen, en la prevención. De acuerdo con el teniente Gabriel Urrea, director del Cervi, “nosotros generamos un informe a la autoridad judicial (los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que otorgan el beneficio del brazalete electrónico) para la toma de decisiones. Constantemente reportamos salidas de zona permitida, dispositivos apagados y apertura de correas. Cuando el sistema reconoce estas transgresiones, genera de forma automática una alerta que se trabaja con los operadores y luego se envía a los jueces”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.
El brazalete del Inpec del delincuente. Foto:Archivo particular
Las autoridades penitenciarias se escudan en que, aunque los casos de fuga y reincidencia son pocos, son evitables si los jueces de Ejecución de Penas atienden oportunamente las alertas. Según las cifras conocidas por este diario, en lo que va del año el Inpec ha enviado hasta 28.144 reportes por incidentes como salidas de perímetro o transgresiones a los dispositivos electrónicos.
Solo en 2025 se enviaron hasta 95.722 reportes. Aun así, las revocatorias de medidas por parte de los jueces son mínimas. Por ejemplo, de todos los reportes del año pasado, solo se ordenaron 1.103 revocatorias de dispositivos, lo que corresponde al 1,15 %.
Juan Pablo Arenas, contratista a cargo de los dispositivos electrónicos, le explicó a EL TIEMPO que, mensualmente, los privados de la libertad dañan en promedio 41 equipos.
Este diario conoció que el contrato de brazaletes electrónicos finaliza a mitad de este año. Además, le preguntó al teniente Urrea qué se necesita para que el sistema sea más efectivo. “Se requiere una articulación con la Policía para que, dentro del mismo software del contratista, se puedan vincular acciones de la Fuerza Pública. Permitirles conocer estas alertas para que haya una reacción más oportuna”, respondió.
Más casos
Casos recientes han reforzado la preocupación de las autoridades políticas regionales. Por ejemplo, en el secuestro extorsivo de Diana Ospina, uno de los responsables, Diego Armando Gómez Cardoso, estaba en detención domiciliaria al momento de cometer el delito.
Y el homicidio del profesor del Externado, Neill Cubides, volvió a encender las alarmas: tras ser víctima de un ‘paseo millonario’, fue asesinado y su cuerpo apareció incinerado en una zona rural de Usme. Dos meses después, cuatro personas fueron capturadas; una de ellas había sido detenida previamente por el mismo delito, pero quedó en libertad un mes antes por vencimiento de términos.
En el departamento de Bolívar, dos hombres fueron enviados a la cárcel luego de ser sorprendidos robando un celular minutos antes. Ambos tenían brazaletes del Inpec y utilizaban papel aluminio para intentar bloquear la señal. Según las autoridades, harían parte de una estructura delincuencial dedicada al hurto en Cartagena.
Para Norberto Hernández, doctor en Derecho, el principal problema es tecnológico: hay una implementación deficiente de los sistemas de vigilancia electrónica en el país. Sin embargo, cuando la autoridad judicial tiene conocimiento de un incumplimiento —como en el caso mencionado—, la consecuencia es la pérdida del beneficio.
Keymet Andrey Piravagüen, capturado durante el atraco a funcionaria del Ejército. Hubo disparos. Foto:Archivo particular
“Si al juez de ejecución de penas —en el caso de personas condenadas— o al juez de control de garantías —para quienes están sindicados— le llega un reporte de incumplimiento, incluso sin que medie la comisión de un delito, esto puede implicar la pérdida automática del beneficio. Es decir, la persona vuelve a un centro carcelario y deja de estar cobijada por la detención domiciliaria”, explicó.
Por su lado, el abogado Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que la seguridad depende de que el sabotaje tecnológico tenga una respuesta operativa inmediata y de que la justicia priorice a los actores recurrentes mediante el uso de datos, cerrando así la puerta giratoria que hoy desprotege al ciudadano.
“Hay que exigir la reclasificación del sabotaje de los brazaletes para equipararlo a delitos como fuga de presos. Cualquier alteración del brazalete (uso de papel aluminio para inhibir la señal o ruptura física) debe ser equiparada a una fuga de presos, lo que requerirá una reforma legislativa. Esto debe implicar la revocatoria inmediata del beneficio y el traslado a un centro de detención intramural. Además, las autoridades deben mejorar la eficiencia del monitoreo. No hay razones para que este mecanismo no funcione bien en el país”, puntualizó.
Redacción Justicia
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