Una decisión judicial que se conocerá en los próximos días podría redefinir no solo el futuro financiero del Distrito de Cartagena, sino también los límites del sistema de valorización en Colombia. Se trata de una acción popular conocida por EL TIEMPO y que pone bajo la lupa un cobro de intereses cercano a los $100.000 millones, derivado de una obligación inicial de aproximadamente $9.600 millones, relacionada con la construcción de la vía Cartagena–Barú.
La magnitud del incremento cercano al 990% ha encendido las alarmas entre contribuyentes, expertos y sectores jurídicos, que advierten posibles irregularidades en la forma como se estructuró y ejecutó el contrato de concesión No. VAL-02-06 entre el Distrito y el Consorcio Vial Isla Barú.
La demanda, interpuesta por el abogado Eduardo del Río, plantea un interrogante de fondo: ¿puede el Distrito trasladar a los ciudadanos una carga financiera que surge de una relación contractual en la que ellos no participaron?
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Dos relaciones jurídicas en conflicto
El caso gira en torno a una tensión clave: la diferencia entre la relación contractual del Distrito y el concesionario y la relación tributaria entre el Distrito y los contribuyentes.
Para los accionantes, mezclar estos dos escenarios implica trasladar a los ciudadanos las consecuencias de una gestión administrativa deficiente en los últimos cuatro periodos de gobierno. Según sostienen, la valorización es un tributo que debe regirse por principios de equidad y proporcionalidad, y no puede convertirse en un mecanismo para cubrir disputas contractuales no resueltas.
Y es que el conflicto entre el Distrito y el concesionario no es reciente. Lleva más de dos décadas sin una liquidación definitiva, en medio de controversias por presuntos incumplimientos, diferencias económicas y cuestionamientos sobre la duración del contrato.
Intereses bajo sospecha
Vía Playetas en Barú, en zona de insular de Cartagena Foto:Distrito de Cartagena
Uno de los puntos más críticos del proceso es el crecimiento exponencial de la deuda. De acuerdo con el expediente, el capital inicial cercano a los $10.000 millones habría escalado a cifras superiores a los $100.000 millones, principalmente por la acumulación de intereses.
Este fenómeno ha llevado a los demandantes a advertir la posible existencia de anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, una práctica que en el ámbito público es altamente restringida.
El Consejo de Estado ha sido claro en que los intereses moratorios no pueden convertirse en un mecanismo de enriquecimiento sin causa ni desbordar los principios de proporcionalidad. En este caso, los accionantes sostienen que la valorización terminó transformándose en una carga prácticamente impagable.
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Otro de los ejes del litigio es la no aplicación del Acuerdo 012 de 2018, que establecía un alivio del 90% en intereses de mora para contribuyentes que se pusieran al día.
El Distrito excluyó a los propietarios de predios en la vía a Barú, argumentando que la cartera estaba en manos del concesionario y que el contrato no había sido liquidado. Sin embargo, los demandantes consideran que esta decisión vulnera el principio de igualdad tributaria, al dar un trato diferenciado sin justificación suficiente para ellos.
La acción popular advierte que las decisiones adoptadas durante años habrían generado un daño colectivo, evidenciado en cobros excesivos, acumulación desproporcionada de intereses, negación de beneficios tributarios y la prolongación indefinida de un contrato sin liquidación.
Más allá de las cifras, el caso plantea cuestionamientos sobre la moralidad administrativa. Los accionantes señalan posibles fallas como negligencia en la gestión, desviación de poder y beneficios desproporcionados para el concesionario, además del hecho de que una cartera tributaria pública haya sido administrada por un privado durante años.
Frente a ello, desde la Alcaldía de Cartagena le explicaron a este medio, que este cobro por parte del concesionario habría quedado así con el contrato firmado en 2006.
La respuesta de la Alcaldía
Alcaldía de Cartagena en la emblemática plaza de la Aduana. Foto:John Montaño- EL TIEMPO
Consultada por EL TIEMPO, la Alcaldía de Cartagena envió un mensaje de tranquilidad a los residentes de la zona de influencia del proyecto.
“Desde la Alcaldía se extiende un mensaje de tranquilidad a los residentes en la zona de influencia de las obras, dejando claro que no se permitirán cobros excesivos, no debidos o intereses sobre intereses por concepto de valorización”, señaló la administración distrital.
Además, precisó que las inversiones en mantenimiento de la vía han sido financiadas con recursos propios del Distrito y que no serán trasladadas a los ciudadanos. También aclaró que, hasta el momento, no se han iniciado procesos de cobro coactivo, ni se han decretado embargos u otras medidas cautelares.
En cuanto al estado del proceso, el Departamento Administrativo de Valorización informó que actualmente se adelanta una revisión detallada de las cifras para establecer con precisión el monto de las obligaciones que podrían adeudarse al concesionario.
“Las cuales quedarán expresas en la etapa de liquidación del contrato, la cual inició el pasado mes de febrero”, indicó la entidad.
Un precedente en juego
Vía Playetas en Barú, en zona de insular de Cartagena Foto:Distrito de Cartagena
El fallo que se avecina no solo definirá quién deberá asumir esta millonaria obligación. También podría sentar un precedente sobre los límites del sistema de valorización, la gestión de contratos públicos y la protección de los derechos de los contribuyentes.
EL TIEMPO consultó con expertos y explicaron, que de confirmarse las irregularidades denunciadas, el caso de la vía a Barú podría convertirse en un ejemplo de cómo una obligación pública puede crecer hasta niveles desproporcionados, poniendo en riesgo la confianza ciudadana y la viabilidad misma del modelo.
Lo que está en juego va más allá de una cifra. Es la definición de si, en Colombia, los errores del Estado pueden terminar convertidos en deudas impagables para los ciudadanos.
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