La vida de Omar Alfredo Alba Rocha, un técnico oriundo de Juan de Acosta, Atlántico, pende literalmente de un cable y de la voluntad administrativa de la Nueva EPS.
Desde el pasado 21 de marzo, Alba Rocha permanece recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica General del Norte en Barranquilla, diagnosticado con una insuficiencia cardíaca severa y una fracción de eyección de apenas el 10 por ciento.
Esta condición, calificada por los especialistas como una urgencia vital, lo mantiene en un riesgo inminente de muerte súbita mientras el tiempo para un procedimiento definitivo se agota.
EL TIEMPO conoció que actualmente, el paciente de 44 años es sostenido por un dispositivo de asistencia ventricular provisional. Sin embargo, este soporte médico tiene un carácter transitorio y no está diseñado para prolongarse indefinidamente.
Omar Alfredo Alba Rocha, un técnico oriundo de Juan de Acosta, Atlántico, Foto:Captura de pantalla
María Ángel Alba, hija del paciente, le dijo a EL TIEMPO que la solución médica para salvar su vida es la implantación de un dispositivo auxiliar ventricular izquierdo de larga duración, un mecanismo permanente que asuma la función de bombeo de su corazón. Pese a la gravedad del cuadro, la familia denuncia que la EPS ha mantenido un silencio institucional que hoy los tiene al borde de la desesperación.
El desacato a una orden judicial
Ante la falta de autorización del procedimiento, la familia Alba Rocha acudió a las vías legales. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla admitió una acción de tutela y concedió una medida provisional tras considerar que existe un perjuicio irremediable para la salud del paciente.
En su decisión, el juez fue taxativo: ordenó a la Nueva EPS garantizar de manera inmediata la cirugía o, en su defecto, gestionar el traslado de Omar Alfredo a una institución de alta complejidad que cuente con la infraestructura necesaria, asumiendo todos los gastos de transporte y acompañamiento.
Nueva EPS mantiene su operación en Barranquilla. Foto:Prensa Nueva EPS
“Mi hermano depende de un dispositivo transitorio que tiene un límite de días. Ya lleva casi un mes hospitalizado y el tiempo se agota”, relató con angustia María Margarita Alba Rocha, hermana del paciente a los medios de comunicación.
Según la denuncia, aunque el despacho judicial advirtió que el cumplimiento de la orden es obligatorio e inmediato y que cualquier dilación podría acarrear sanciones penales y administrativas, la respuesta efectiva por parte de la prestadora de salud sigue sin aparecer.
Incluso la Superintendencia de Salud emitió instrucciones de cumplimiento inmediato el pasado 8 de abril tras recibir una queja formal, pero los trámites administrativos parecen pesar más que la urgencia médica. «Mi esposo está al borde de la muerte. No es justo que por trámites de oficina se pierda una vida«, expresó María Teresa Simanca, esposa de Omar, quien ha permanecido a su lado durante las semanas de hospitalización.
Consciente de su propio final
La situación de Omar Alfredo es particularmente dolorosa para sus allegados porque, a pesar de su debilidad física, se encuentra plenamente consciente. Según su hermana, él puede hablar, aunque de forma pausada, y pregunta constantemente por los avances de su autorización. “Está en un punto alto de desesperación porque ve que pasan los días y no hay solución alguna. Él es consciente de toda la situación y nos pregunta cómo van las cosas”, agregó María Margarita en diálogo con medios locales.
El equipo médico tratante ha sido claro: cada día que pasa con el soporte provisional aumenta el riesgo de complicaciones sistémicas. Solo existen dos vías de escape para esta crisis: que la Nueva EPS autorice el traslado a un centro especializado en medicina cardiovascular en otra ciudad del país o que se facilite la llegada de especialistas y el equipo tecnológico a la clínica donde se encuentra.
La familia Alba Rocha hace un llamado desesperado a las directivas de la Nueva EPS y a los organismos de control para que se «pongan la mano en el corazón» y cumplan con el mandato judicial.
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