La organización Foro Penal informó que todavía hay 477 presos políticos en Venezuela, esto pese a la promulgación de la Ley de Amnistía a principios de año. Si bien más de 700 personas han quedado en libertad, solo unas 180 han sido beneficiadas directamente por este instrumento.
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Entre los que aún quedan tras las rejas se cuentan 43 personas con nacionalidad extranjera y 187 militares. La ONG contabiliza 432 hombres y 45 mujeres. El balance también señala que 476 de los detenidos son adultos y uno es adolescente.
En cuanto a su situación judicial, 164 han sido condenados y 313 permanecen sin sentencia. Foro Penal también agregó que “se desconoce el paradero” de 3 detenidos y que “más de 11.000 personas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad” en el país.
Delcy Rodríguez, líder encargada de Venezuela. Foto: AFP
“Estamos abriendo el camino del reencuentro nacional”, dijo este domingo la encargada del Gobierno, Delcy Rodríguez, quien, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ha ejecutado una serie de cambios no solo en el gabinete, sino a nivel de leyes, incluyendo la Amnistía y reformas a la legislación de hidrocarburos y minas.
Sin embargo, al parecer no todos los opositores pueden ser amnistiados. El presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, dijo a principios de esta semana que María Corina Machado, líder de la oposición y Nobel de Paz, no cumple con los requisitos para ampararse bajo la ley.
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Pero no es solo Machado, también se ha excluido a muchos militares, así como a civiles y policías, y quienes han quedado en libertad no todos tienen medidas plenas.
Uno de esos casos es el del activista y periodista Carlos Julio Rojas, quien fue detenido el 15 de abril de 2024 y excarcelado el 14 de enero de 2026. La amnistía le fue negada el 20 de abril de 2026.
Para la organización Provea, existe una “simulación de apertura política”, pero no es un hecho real.
Familiares de presos políticos en Venezuela. Foto: AFP
Óscar Murillo, coordinador general de la organización, calificó como un “acto indecente” y una burla hacia los ciudadanos la negativa de las autoridades a aplicar el sobreseimiento de causas penales a numerosos venezolanos.
Hace unos días, la Red de Excarcelados por la Democracia consignó una queja formal ante la ONU en Caracas sobre el uso discrecional de la Ley de Amnistía, calificando los procedimientos del Estado como una “selectividad perversa” que ignora casos urgentes o mantiene expedientes engavetados durante semanas. “La ley de amnistía quedó simplemente como una hoja de papel”, dijo Carlos Julio Rojas.
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Datos recientes de Amnistía Internacional apuntan en la misma dirección: al menos 485 personas siguen privadas de libertad de manera arbitraria, incluso después de la implementación de la ley de amnistía en febrero de 2026.
“No ha habido ningún mecanismo ni ninguna política adoptada por el gobierno de Delcy Rodríguez en torno al desmantelamiento real de la política represiva”, afirmó la directora de investigación para las Américas de la organización, Valentina Ballesta, en la presentación del informe La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2026, de Amnistía Internacional.
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